El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Néstor “Beto” Kemerer piensa dar pelea en 2018 para quedarse con la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) aún cuando su situación en la Justicia lejos está de aclararse.

Kemerer está imputado por el delito de peculado, y como ya informó Entre Ríos Ahora la Cámara de Casación Penal podría, finalmente, resolver si admite un recurso de queja presentado por los abogados del ex director de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez y los demás imputados en la causa conocida como la “Escuelita de Vialidad”. Dicho recurso tiene un objetivo: evitar el juicio oral y público.

Se trata del caso que fue elevado a juicio el 17 de febrero de este año por el juez de Garantías Nº2 Eduardo Ruhl, pero que aún no tiene fecha de debate, ya que los imputados interpusieron una apelación y, luego, un recurso de queja ante la Cámara de Casación.

Los abogados defensores quieren que sus clientes sean sobreseídos ya que consideran que no cometieron ningún delito. Además de Rodríguez, también están imputados Néstor Kemerer, actual subadministrador del DPV; y Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad.

A los tres funcionarios, los fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno los acusan del supuesto delito de peculado, y piden condenas que van de 7 a 4 años de prisión. En concreto, a los funcionarios les endilgan haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz. La escuela fue inaugurada con bombos y platillos el 5 de noviembre de 2014 bajo la consigna de que era la “primera escuela vial del país”.

El establecimiento educativo, al que asisten niños de entre cuatro y cinco años, se encuentra en calle Brasil Nº 1050, a una cuadra de la terminal de ómnibus de Paraná, justo detrás de la Escuela República de Chile. Está en un predio perteneciente a Vialidad, que fue cedido en comodato por 20 años a la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, que presidió Rodríguez.

La causa contra Rodríguez y los demás acusados se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.

La postura de la fiscalía está en línea con un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, del 5 de marzo de 2015, donde la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.

“La DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”, dijo en esa oportunidad la abogada del organismo de control.

En la audiencia de remisión de la causa a juicio del 17 de febrero, la fiscalía adelantó que solicitará 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; en tanto que para Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad en tiempos de Rodríguez, pedirán la pena de 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua.

En aquella audiencia la fiscalía y la defensa acordaron una lista de testigos para el eventual juicio, en la que se destacan la comisión de padres de la escuelita de vialidad y los ex ministro de Educación, José Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Para los abogados defensores los funcionarios no cometieron ningún delito y por ello insisten con el sobreseimiento. En marzo, en una entrevista con Entre Ríos Ahora, el abogado Javier Martínez, que representa a Kemerer y Heyde, dijo que “los hechos que la fiscalía describe como ilegales no son ilegales, son legales. No son delitos. La fiscalía debe poner en las acusaciones los hechos que signifiquen delitos”. Además, afirmó que el proceso de la creación de la escuela estuvo acompañado por el Consejo General de Educación.

Ajeno a los ajetreos de su situación judicial, Kemerer fundó este año la agrupación “Beto Kemerer Conducción. Viales Unidos”, que piensa quedarse con la conducción del Soever. Deberá enfrentar a Omar Gulla, de la Lista Amarilla y Negra, que está apadrinada por el actual concejal de Cambiemos Santiago Gaitán, y a la impulsa el actual titular del sindicato vial, Juan Carlos Lallana, que, se especula, impulsará a su hijo Juan Cruz para quedarse con el Soever.

Kemerer, que en la Justicia está imputado con Jorge Rodríguez, ex titular de Vialidad, en la elección del sindicato vial se enfrenta a Gulla, figura que impulsa Rodríguez y Gaitán, el concejal que en junio último fue condenado  a dos años y seis meses de prisión condicional por fraude a la Administración Pública tras su paso como presidente de Vialidad.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.