Una camioneta azul está estacionada en la puerta de una dependencia de la Justicia de Entre Ríos. En la luneta tiene pegado un papel blanco con letras negras. Dice: “Justicia”.

Esa sola palabra, “justicia”, se entiende a qué refiere sólo echando un vistazo alrededor: sobre calle Santa Fe, a un costado del enorme edificio de los Tribunales, hay un puñado de adolescentes, cuatro, cinco mujeres. “Quieren vivir en Argentina”, dice el cartel que sostiene una mujer.

Todos, los adolescentes, las cuatro, cinco mujeres, no pueden avanzar mucho más allá de la vereda soleada de calle Santa Fe en la que están parados, en silencio: una hilera de once efectivos de la policía -casi la misma cantidad de manifestantes- se ha apostado en la puerta de la dependencia de la Justicia de Entre Ríos: nadie ingresa sin el visto bueno de alguien.

Parece un despropósito. Adentro de esa dependencia judicial se define el destino de dos adolescentes, objeto de la disputa marital entre sus padres. El matrimonio es oriundo de Paraná, los hijos nacieron en Chile, y luego fijaron residencia en Perú. En Navidad viajaron a Paraná con la idea de volver a Perú en los primeros días de enero. No volvieron. La madre alegó violencia de género y violencia económica, y entabló una demanda a quien ahora es su exmarido.

El exmarido planteó otro pleito, en los tribunales peruanos: una demanda de restitución internacional.  La jueza de Familia Claudia Lafferriere hizo lugar al planteo del padre, y su fallo fue confirmado por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con las firmas de los vocales Graciela Aída Basaldúa y Oscar Daniel Benedetto, y la abstención de Alicia Cecilia Olalla. “El proceso de restitución internacional no tiene por objeto dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la guarda o tenencia del niño, sino que lo debatido trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión inherente a la tenencia por ante el órgano competente del lugar de residencia habitual con anterioridad al traslado, desde que el propio Convenio prevé que su ámbito queda limitado a la decisión de si medió traslado o retención ilícita y ello no se extiende al derecho de fondo” (art. 16 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980; E. 183. XLVIII. REX- E., S. s/reintegro de hijo11/06/2013, Fallos: 336:638)”, dice la sentencia.

“En cuanto a la voluntad expresada de los niños la sentenciante sostuvo, en su parte pertinente, que para que proceda tal excepción es necesario una oposición irreductible, infranqueable al regreso, lo que no se compadece con el reporte del ETI (equipo técnico del Juzgado de Familia) de las entrevistas diagnósticas con los adolescentes, el que fue íntegramente detallado y explicado a las partes. Lo que pone en evidencia que tal elemento probatorio fue analizado y valorado en orden a las circunstancias de la causa contrariamente a lo sostenido por la apelante, que solo expresa su propia valoración sin señalar con claridad la gravedad de la situación, que tal planteo exige, para admitir la excepción referida que es de interpretación restrictiva, debiendo destacarse que del acta labrada en oportunidad de la declaración de los menores, en modo alguno surge la actitud que les atribuye la apelante”, o sea, la madre.

La resolución judicial se hizo efectiva el viernes 4, después de una larguísima audiencia en esa dependencia judicial de calle Santa Fe al 200, donde funciona el Centro Judicial de Género Carmen Argibay.

“Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos”, dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “¿No hubo un defensor de Menores ahí, que hiciera notar eso?”, pregunta un juez que vio la causa desde afuera.

Al margen de cómo se resolvió el incidente, de qué caminos siguieron los jueces, lo que más llamó la atención fue el despliegue policial en un trámite en el que estaba en juego el destino de dos menores.

Viviana de Molinari, hermana de la mamá de los chicos, tomó la voz y se mostró sorprendida por la cantidad de policías en el trámite de restitución de los hermanos, que ya están en viaje a Perú.

¿Era necesario el despliegue de casi una docena de policías, más un móvil, frente mismo al Centro Judicial de Género Carmen Argibay?

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.