Luego de la feria judicial habrá nuevos movimientos en la Justicia entrerriana. En lo que va del año ya se dieron dos designaciones de importancia: la de Miguel Ángel Giorgio como vocal del Superior Tribunal de Justicia, en reemplazo de renunciado Carlos Alberto Chiara Díaz; y la del ex fiscal coordinador Rafael Cotorruelo como vocal suplente en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, en reemplazo de Giorgio.

Tras el receso, el pliego de dos fiscales podría avanzar para conseguir el visto bueno del Ejecutivo provincial para ocupar dos de las cinco vocalías vacantes en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Entre los postulantes están la fiscal coordinadora Carolina Castagno y el fiscal auxiliar Gervasio Pablo Labriola. Un tercer representante del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Cánepa, por el orden de mérito, no alcanzaría el sillón para el cual concursó.

El caso que más atención genera en Tribunales es el de Labriola, el joven fiscal auxiliar de Paraná que apuesta a convertirse en camarista. En el concurso público Nº 167 convocado por el Consejo de la Magistratura, consiguió ubicarse en el quinto lugar en el orden de mérito para acceder a una de los –justamente-  cinco cargos para vocal en el Tribunal de Juicios de la capital entrerriana.

Labriola, hoy de 31 años, comenzó a hacerse conocido en ámbitos políticos cuando asumió en 2011 como Coordinador General del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); luego, el 29 de diciembre de ese año fue nombrado por el gobierno de Sergio Urribarri como titular del Registro Civil provincial, un histórico bastión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Los últimos  titulares del organismo han sido dirigentes de sindicato estatal.

Héctor Roberto Allende, sobrino del titular de UPCN, el diputado provincial José Ángel Allende (FPV), dirigió los destinos del Registro Civil durante la primera gestión de Sergio Urribarri como gobernador. Lo sucedió Gervasio Labriola, casado con Josefina Butta, la hija de Claudia Allende de Butta, hermana del diputado, exfuncionaria del Instituto de Discapacidad, y por lo tanto sobrino político del diputado Allende. A Labriola lo sucedió Hernán Jorge, y a este último, la actual directora, Vanesa Visconti, una abogada ligada a UPCN.

Como fiscal, Labriola ha intervenido en dos casos de altísima resnancia pública: estafa de ATER y las cosechadoras truchas.

La pesquisa por la estafa en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se abrió en junio de 2014 cuando su entonces titular, Marcelo Casaretto, radicó la denuncia judicial. La fiscal coordinadora del caso es Laura Cattáneo.

En la causa se investiga si existió –y hay indicios y testimonios que lo probarían- un entramado entre funcionarios, grandes contribuyentes para estafar al Estado a través del sistema de compensaciones de deuda. La investigación abarca tres períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014. En la pesquisa también interviene la jueza de Garantías Nº 1 y actual Vocal Suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Marina Barbagelata.

Otro de los casos en los que trabaja Labriola también toca de lleno a empresarios y funcionarios públicos. Se trata de la causa de las “cosechadoras truchas”, en donde se investiga el destino de los $5,5 millones que recibió, en concepto de créditos entre 2009 y 2012, la empresa Grandes Máquinas SA para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García.

En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Schunk, Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción.

El hermetismo de Labriola en esta causa ha llevado cierta tranquilidad a la Casa Gris, sobre todo en tiempos en que el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, se encuentra bajo la lupa de los acusadores públicos por contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, por su patrimonio, y por un Audi que le habría prestado (dádiva) un empresario de medios, entre otras pesquisas que se llevan adelante desde la Justicia y que lo tienen en la mira.

Una de las últimas medidas de impacto que tomó Labriola en la causa de las cosechadoras sucedió en noviembre de 2015, cuando decidió no investigar la responsabilidad del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, y miembros del directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Cabe recordar que el seguro de caución de las cosechadoras era del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

 

Las ternas y los movimientos que se vienen


El 22 de junio pasado, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos elevó al gobernador Gustavo Bordet la terna correspondiente para cubrir cinco cargos de vocal para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La primera terna está conformada por los siguientes postulantes: Martín Rafael Cotorruelo, con un puntaje 88,67; y el actual fiscal coordinador de Gualeguay Dardo Oscar Tórtul, con 85,50; y Gustavo Román Pimentel, 79,18.

Cotrorruelo ya fue designado –el 9 de mayo- por acuerdo general del Superior Tribunal de Justicia Nº 12/17, como vocal Suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Hasta ese día se desempeñaba como Fiscal General de Coordinación de Paraná.

Asimismo, el Consejo elevó una lista complementaria de acuerdo a lo previsto por el artículo 99° del Reglamento General y de Concursos Públicos. La misma está conformada en el siguiente orden de mérito: 4°)  Carolina María Castagno (hoy fiscal coordinadora): 73,76 puntos;  5º) Gervasio Pablo Labriola (fiscal): 66,16; 6º) Alejandro Diego Grippo (hoy vocal suplente en el Tribunal de Juicios): 65,30; 7º) Alejandro Joel Cánepa (fiscal): 60,51. Este último, al ser sólo cinco los cargos en juego, no alcanzaría a ocupar el sillón pretendido.

A su vez, el órgano elevó una tercera terna que postula a  Mónica Elizabeth Carmona (60,32). Como lo establece el artículo 100 del Reglamento, está compuesta por un número de postulantes igual al de quienes se encuentren en otra nómina para otro concurso.

En esta ocasión hay dos postulantes que integran otra terna para otro cargo en la justicia. Se trata del caso de Dardo Tórtul y Gustavo Pimental, quienes concursaron para la vocalía del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná y para el de Gualeguay. Fuentes judiciales indicaron a Entre Ríos Ahora que Tórtul elegiría ir a Gualeguay. Ello explicaría por qué el Consejo sólo elevó a Carmona en la nómina complementaria.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná tiene ocho vocalías, de las cuales la gran mayoría están vacantes o existen designados suplentes o funcionarios a cargo del despacho. El corrimiento que se dará en Tribunales a partir de las ternas que elevó el Consejo de la Magistratura es complejo.

Sucederá que, por ejemplo, Ricardo Bonazzola, hoy vocal a cargo del despacho en el Tribunal de Juicio, volverá a a ocuparse exclusivamente de su cargo original que es juez de Garantías Nº3; Marina Barbagelata, hoy vocal suplente, regresará al juzgado de Garantías Nº 1 –donde actualmente se encuentra Paola Firpo-; Elvio Osir Garzón (a cargo del despacho en el Tribunal de Juicio) volverá a trabajar sólo en el juzgado de Transición Nº4.

La movida continuará así: si Firpo deja el juzgado de Garantía Nº1, regresa al de Transición Nº2, donde actualmente se encuentra Pablo Zoff, el magistrado que ha dado pasos relevantes en las causa de las cosechadoras, quien dejaría la magistratura por ser suplente.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.