La Cámara de Diputados distinguió, en la semana del Día de la Mujer, a ocho mujeres –no se explicó de qué modo se seleccionaron, con qué criterio–, y entre ellas, a Nora Romero de Clari, la mujer puesta por la Iglesia Católica en la estructura del Consejo General de Educación (CGE) para aplicar un plan de educación sexual que nunca pudo ser, pero que desde el vamos puso un límite: no hablar el tema desde la perspectiva de género.
El plan de educación sexual en las escuelas se creó bajo el gobierno del radical Sergio Montiel, en 2003, pero no se pudo llevar a la práctica sino hasta tres años después. Aunque a más de una década del inicio del plan de capacitación docente y de los multiplicadores, poco y nada se hizo. El Ministerio de Salud avanzó a su modo, desde el Programa de VIH Sida, y luego se sumaron los talleres de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y distintas iniciativas universitarias.
Pero no mucho más.


Durante la última administración de Jorge Busti al frente del Ejecutivo se conformó una comisión ad hoc, con participación de los credos religiosos, y en especial de la Iglesia Católica, que definió los lineamientos de la educación sexual en las escuelas. En 2008, el Estado nombró con el cargo de coordinadora ejecutiva del Programa de Educación Sexual a Nora Romero de Clari, quien entonces era directora de Cáritas Arquidiocesana de Paraná. Fue después de que la curia censurara una iniciativa oficial de instrumentar de la educación sexual que no había contado con su autorización.

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Romero de Clari formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactaron los lineamientos base del plan de educación sexual. Junto a Romero de Clari, participaron también Silvia Kupervaser y Estela Villanueva. La incorporación de una figura ligada a la Iglesia Católica fue el modo como el Gobierno pudo avanzar por fin con una estrategia de instrumentación de educación sexual en las escuelas que, al final, no logró ni mucho ni poco.

Ahora, el actual presidente del Consejo de Educación, José Luis Panozzo, admite que la educación sexual debe ser transversal, que no tiene sentido un programa ni una coordinadora y que debe articularse con Salud.

Como fuere, la incorporación de Romero de Clari fue el tercer intento del Estado por implementar la educación sexual en las escuelas sin encontrar el freno del veto de la Iglesia Católica.
Durante la administración del ex gobernador Mario Moine, en la década del ´90, fue el primer intento. Pero entonces hubo una férrea oposición de quien era el vicario de Educación del Arzobispado de Paraná, el sacerdote Luis González Guerrico, luego mudado a Mendoza, a las filas del integrismo más rancio del Instituto del Verbo Encarnado, hoy vicario general en la diócesis de Puerto Iguazú, en Misiones.
Después, en 2004, la administración Busti intentó diseñar un programa similar. Un equipo integrado por las docentes Silvia Darrichón, Mercedes Meucci y Amparo Mercante elaboró los lineamientos curriculares, y para eso se procuró reglamentar la Ley Nº 9.501 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, sancionada en 2003, durante la gestión Montiel.
Además, se intentó hacerlo desde un concepto que había sido resistido por la tradición del pensamiento católico: la perspectiva de género. “Más que nunca -decía aquel texto fundante del programa-, podemos en la actualidad permitirnos la relación de unos con los otros como seres humanos y como individuos, en vez de como machos y hembras estrictamente. Hasta donde podemos ensanchar nuestros esquemas de humanos y podar nuestro esquema de género, las diferencias de sexo florecerán con mayor variedad. Lejos de borrar las diferencias entre los sexos, permitirán surgir las diferencias reales”.
La Iglesia puso el grito en el cielo, y ocurrió lo previsible. Uno de los coordinadores desde Educación de esa iniciativa, Roberto Matteoda, salió eyectado de su función, y junto a él uno de los primeros kirchneristas en la provincia, Alejandro Richardet. El encargado de sacarlos del centro de la escena fue el entonces ministro de Gobierno de Busti, Sergio Urribarri.
Así, también, naufragaba el segundo intento de educación sexual en Entre Ríos.
La consecuencia fue la esperada: el Gobierno congeló el plan. Luego, conformó un comité de funcionarios, coordinados por la entonces vocal del CGE, Silvia Kupervaser, que tuvo la misión de limar asperezas con la Curia, y elaborar un programa cuya redacción tuviera participación eclesiástica.
El Consejo de Educación, bajo la gestión de Jorge Kerz redactó la resolución Nº 550, que fijó la instrumentación de un nuevo programa, que se pensó aplicar en etapas: la primera fue la formación de los formadores de los docentes, a partir de abril de 2006; y la segunda, consistente en la capacitación a los docentes.
Esa resolución, de abril de 2006, también estableció la adhesión de Entre Ríos a Ley Nacional Nº 25.673, que dio forma al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con una visión adecuada a la realidad local, sin alusión a la perspectiva de género.
Los lineamientos aprobados por el CGE ubicaron a la escuela como “colaboradora de la familia” en la educación sexual, y a los alumnos los considera “desde su condición de personas sexuadas, varón-mujer, durante el juego, el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
La Iglesia acompañó, a su modo, ese plan.

Pero aún así, el Estado nunca pudo avanzar mucho más allá de los enunciados y de las buenas intenciones.
Ahora, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que Entre Ríos adhiera a la Ley N° 26.150, de 2010, que creó a nivel nacional el programa de educación sexual. El artículo 1° de la iniciativa de Lena incluye una verdad de Perogrullo: “Todos y todas los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26.150”.
Sería, de prosperar esa ley, el cuarto intento de aplicar, por fin, la educación sexual en las escuelas.
Algo que todavía no se pudo, a pesar de los homenajes de Diputados, impulsados por su presidente, Sergio Urribarri, el mismo que hizo naufragar uno de los tantos intentos por aplicar la educación sexual en las escuelas.

 

Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.