Por Sigrid Kunath (*)

 

Este lunes 31 de julio conocimos las noticias de la definición de la fecha de comienzo del juicio contra el cura Justo José Ilarraz para noviembre, y que la Justicia rechazó el planteo de prescripción en la causa contra el cura Marcelino Moya, ambos acusados por supuestos delitos de abuso de menores que están siendo investigados. Sin dudas, son noticias importantes y esperanzadoras en el camino de la búsqueda de justicia y de lucha contra la impunidad.

Son momentos en los que el sentido da lugar a la emoción. La empatía con las víctimas brota a borbollones, y da un poco de culpa pretender saber lo que ellas han pasado. Pero cala hondo el momento.

Se siente brutal la invasión, el atropello, la negación del poder ser y querer de la víctima, por otro y desde un lugar de autoridad. Toda la tragedia posible puesta en personas sin posibilidad de escape ni consuelo, sin saber que se podía elegir y decir ‘no quiero esto´. Y el saber que un dolor profundo y miserable se instala, tal vez, ojalá no, para siempre, en el alma, cuerpo y mente de un hombre o una mujer.

La vida me cruzó con gente tremendamente enorme, por caso víctima, por caso madre y por caso abogada y abogado. Cómo seguir sin registrar o sin involucrarse y hacer. Así fue como avancé con un proyecto que planteaba la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de menores, sobre la base de fallos brillantes de juezas impecables que nos sustentaban. Y además, planteando la inhabilitación especial perpetua para quienes cometan estos delitos valiéndose de su cargo, profesión o empleo. Claramente inspirada y fundada en la causa Ilarraz y en el momento procesal de aquella y por entonces.

No pueden los delitos contra la integridad sexual de menores ser tratados o tener el mismo régimen que otros delitos. De ninguna manera. Un robo no deja la misma secuela que una violación o que un abuso. ¿Cómo saber cual es la secuela? Lo supo tal vez Roberto Piazza, cuando se puso al frente de la “Ley “Piazza (sancionada en 2011). Supo que a partir de la mayoría de edad se podía tal vez comprender/decir/expresar/saber denunciar un abuso. Seguro lo supo. Y peleó y salió victorioso poniéndole cara, cuerpo y nombre propio al horror. Dejar de ser alguien para pasar a ser víctima, ejemplo del dolor. Y fue la Ley Piazza la que había cambiado el paradigma de la prescripción estableciendo que los plazos en estos delitos empezaban a computarse a partir de la mayoría de edad. Esa discusión se había dado ya con éxito en el Congreso. Y era el momento de avanzar aun más en la misma.

Por eso es que pensamos y trabajamos el texto, y presenté el proyecto de ley en julio de 2014. Y luego vino el camino de la discusión de la ley 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que significó en lo personal una sintonía de cuestiones puestas ahí en la banca, sintiendo que de ahí en más se podían hacer cosas para cambiarle la vida a mucha gente. Siempre lo consideré un privilegio con enorme responsabilidad.

Conseguimos la media sanción por imprescriptibilidad en el Senado en mayo de 2015 y luego llegó el debate en Diputados, donde pensábamos que no salía. Las organizaciones y desde la sociedad civil empujaban, siendo un apoyo vital en todo este proceso, con Sebastián Cuattromo juntando firmas desde una plataforma y yo con temor de que nunca saliera. Y finalmente vino la propuesta de Diputados planteando la suspensión de la prescripción mientras la víctima fuera menor de edad y aún habiendo cumplido la mayoría de edad, hasta cuando pueda hacer la denuncia o ratifique la hecha por otro, y la incorporación del delito de trata. Esto sumándose a la inhabilitación especial perpetua planteada en el texto original. Y llegamos a la sanción definitiva el 28 de octubre de 2015 y su promulgación el 9 de noviembre: Ley 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas.

Y luego vinieron otros debates: por los principios del derecho penal no puede ser aplicada retroactivamente y entonces pienso, ¿sirve de algo? Y sí, sirve. Se cambió una vez más el paradigma. Presenté el proyecto y se aprobó: el Congreso quiso que así sea. ¿Y se aplicará hacia adelante o se aplicará cuando el juez lo diga? Todos debates pendientes. La ley está, los fundamentos también. Los fallos previos que son citados en los fundamentos están. Pero lo principal son las víctimas que sufren, padecen, sienten y necesita reparación. La reparación es, por ahora, que sepa que puede respetar sus tiempos y cuando pueda, sólo cuando pueda, denunciar. Y que la respuesta no pueda volver a ser “no averiguamos porque pasó el tiempo nomás y “prescribió” (esto es, que se perdió la posibilidad de que el Estado persiga/sancione el delito).

Es poco, la víctima necesita mucho más que la habilitación de una investigación: necesita sanar. Pero es un comienzo. Y es ahí donde estamos.

 

 

 

(*) Senadora nacional por Entre Ríos.