La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el juez runner Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.

Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.

Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.

Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios,  según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales.  La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.

“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que ahora instruyen los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.

La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015,  durante el gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, el hoy diputado Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera -es hermano de la mujer de Urribarri, Ana Lía Aguilera-, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y  Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte. Su caso, el caso del cuñado de Aguilera, cuñado, a su vez, éste, de Urribarri, está tramitándose en la Justicia Federal.

Los fiscales Cánepa pidieron la elevación a juicio de la causa, con penas durísimas para un exgobernador: ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Concluida la investigación penal preparatoria y luego de recolectar la abundante prueba documental, los fiscales  consideraron que Urribarri, Báez y Aguilera más los otros imputados incurrieron en conductas delictivas que se encuadran en las figuras de  negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública. Así, imputaron al exgobernador Urribarri y al actual diputado Báez como autores principales; a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes necesarios; y a Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y a Maximiliano Sena como partícipes secundarios.

Y provisoriamente ya estimaron el pedido de penas para todos ellos  que harán durante el juicio oral: para Urribarri, Báez y Aguilera ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; para la contadora Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana seis años de prisión de cumplimiento efectivo; para Gustavo Rubénj Tamay, seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y Maximiliano Romero Sena, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la causa declararon Urribarri -lo hizo un día inhábil en la Justicia-, Báez, Urribarri y el resto de los imputados. El exgobernador, además, pidió ampliar indagatoria para después de la feria, pero desde el Ministerio Público Fiscal no consideraron relevante su testimonio y decidieron elevar la causa a juicio, con una salvedad: antes, reclaman el desafuero de Urribarri y Báez. Este trámite, el pedido de elevación a juicio, había sido adelantado por Entre Ríos Ahora en diciembre pasado.

En aquella declaración indagatoria en inhábil judicial, en agosto de 2017, Urribarri declaró por otras tres causas por corrupción que lo podrían poner también en el banquillo de los acusados: una, por la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, por $28 millones, para promocionar la Cumbre del Mercosur, y que se sospecha fue para instalar su candidatura presidencial en el marco del Sueño Entrerriano; y otra por contratación de una solicitada en distintos medios, por lo que pagó el Estado $4 millones, en la que fijó postura contra los fondos buitre, y que también se cree que fue en el marco de su ambición presidencialista, luego frustrada.

Luego de aquel trámite judicial, Urribarri quedó imputado en tres causas por corrupción. En una, está próximo a ir a juicio oral.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.