Sólo tres de los seis dirigentes gremiales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevados a juicio, acusados de los delitos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad, recibieron hoy penas, aunque condicionales. Se trata de  Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato e integrante del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), condenado a un año de prisión condicional por el delito de resistencia a la autoridad. Y José Zarza y Noemí Santamaría, ambos integrantes de la conducción provincial del gremio que lidera el diputado peronista José Ángel Allende, sentenciados a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones simples.

Pero fueron absueltos de culpa y cargo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y los dirigentes  Zunilda Suárez y Guillermo Barreira. También quedó absuelto de los delitos de coacciones agravas el exministro de Salud, Ariel de la Rosa, que debió dejar su puesto el 9 de junio de 2017 tras haber sido imputado por ese delito por la Justicia de Diamante como corolario de los incidentes que ocurrieron entre el 5 y el 7 de junio en la Colonia de Salud Mental de Diamante, cuya directora, Noelia Trossero, presentó una denuncia penal por aprietes y amenazas.

En un fallo unánime firmado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, el tribunal no encontró suficientes elementos de peso en la acusación de los fiscales Gamal Taleb  y Laureano Dato para sostener los delitos que recaían sobre las espaldas de los seis dirigentes de UPCN y del exministro De la Rosa. Al exfuncionario le reprochaban haber “apretado” a la directora Trossero tras una llamada telefónica exigiéndole reincorporar a una enfermera despedida. “Fue una situación inaudita que Trossero no aceptara la orden que le impartía De la Rosa. Fue una actitud de rebeldía y desobediencia”, entendió el tribunal. Y para eso se apoyaron en el testimonio del director de Salud Mental, Carlos Berbara.

“Es erróneo afirmar que la llamada de De la Rosa fue una amenaza –añadieron-. La reincorporación de Migueles era una decisión del ministro oy no de la directora. El ministro ordenó”.

“No se ha logrado conmover el estado de inocencia” del ex ministro con la acusación de la Fiscalía, entendió el tribunal.

A la secretaria gremial de UPCN, Carina Dominguez, se la había acusado de organizar y facilitar la presencia de dirigentes de UPCN en Diamante para “apretar” a Trossero y obligarla a recontratar a la enfermera Migueles, a quien despidió el 1° de junio de 2017, desoyendo el amparo gremial que tenía por ser delegada sindical. El tribunal entendió como probadas las comunicaciones entre Domínguez y el dirigente José Zarza durante aquellos días, “pero las mismas no contienen elementos para comprobar la acusación”.

“La acusación no superó el plano de la conjetura”, entendieron los jueces.

Tampoco dio lugar el tribunal a la acusación contra Domínguez, Zarza y Zunilda Suárez de haber ingresado en forma violenta al despacho de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante el 7 de junio. El hecho, coligieron los magistrados, “no existió en la forma en que fue atribuido”.  Y agregaron que la acusación de los fiscales no encontró fundamento en la prueba colectada.

Y por eso dictaron la absolución de Domínguez, Suárez y Zarza.

En cambio, sí quedaron firmes las acusaciones contra Zarza, Santamaría y Monzón, aunque con una calificación legal diferente y con penas más leves.

Los jueces dijeron que en Diamante Zarza y Santamaría se “extralimitaron” en su accionar gremial al haber ingresado al despacho de la directora Trossero y haberle impedido salir hasta no conseguir que reincorpore a la enfermera Migueleas.  Los fiscales calificaron ese hecho como “coacciones agravadas”, esto es un apriete para conseguir un fin, la reincorporación. Los jueces sólo entendieron que se trató de coacciones simples, esto es un apriete, nada más.

“Mediante amenazas e intimidación obligaron a Trossero a tener reunión con ellos”, analizaron los jueces. Y por eso los declararon autores de los delitos de coacciones simples y los condenaron a ambos, Zarza y Santamaría, a la pena de dos años de prisión condicional, mucho más baja que las que habían pedido los fiscales.

Respecto de Fabián Monzón, el tribunal entendió que con la prueba reunida se acreditó “tanto el hecho imputado y la autoría” por el delito de resistencia a la autoridad el día miércoles 7 de junio de 2017 cuando intentó que la Policía no detuviera a cinco dirigentes de UPCN, al grito de “a ustedes los van a trasladar, yo soy director de Iosper” . Y lo condenó a la pena de un año de prisión condicional.

 

El caso. 


Todo comenzó el 1° de junio de 2017. Ese día, Noelia Trossero, directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, dispuso la baja de una suplencia extraordinaria que cubría, desde 2013, la enfermera Yanina Migueles, quien además era delegada de UPCN.

La baja la fundó en tres motivos: su resistencia a acatar la orden de traslado de la sala 2 a la sala 3, y porque además tenía dos expedientes en marcha, por irregularidades en el suministro de medicamentos a dos pacientes distintos. Las suplencias extraordinarias las maneja el Poder Ejecutivo, no un director de hospital, aunque en la práctica sucede así: un funcionario de menor jerarquía puede disponer su continuidad o no.

Como fuere, aquella decisión de Trossero fue el disparador el escándalo: entre el lunes 5 y el miércoles 7 de junio se sucedieron una serie de hechos que derivaron en la detención de cinco dirigentes de UPCN y la apertura de una causa penal, bajo los cargos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad. Entre los acusados, seis dirigentes del sindicato que dirige el diputado peronista José Ángel Allende, y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa.

Los dirigentes acudieron a Diamante en procura de lograr que Trossero diera marcha atrás con la decisión de dar de baja la suplencia de Migueles. La funcionaria denunció que para conseguir ese cometido fue “apretada” y “amenzada” por la dirigencia de UPCN. Incluso, en el juicio se ventiló una comunicación telefónica con el entonces ministro De la Rosa quien aludió a “ciertas cositas” que conocía de Trossero y que podría divulgarlas, aunque no se llegó a establecer a qué se refería.

Trossero contó cómo era su relación con el gremio. “Para todo lo que tenía que hacer debía pedir autorización a UPCN”, dijo “Siempre planteaba los reclamos en actitud patotera”, sostuvo en relación al accionar gremial del sindicato que conduce el diputado provincial José Ángel Allende.

Ese cuadro de situación llevó al fiscal Laureano Dato a calificar el accionar de UPCN como “patotero” y “apretador”, a lo que su colega Gamal Taleb sumó el calificativo de “matonismo”.

A juicio llegaron los dirigentes Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y miembro del directorio de Iosper; Carina Domínguez, secretaria gremial del sindicato que lidera José Allende; Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira y Noemí Ester Santamaría, y el exministro De la Rosa. Pero no para todos hubo pedidos de condena.

La Fiscalía solicitó para Zarza, 5 años y 6 meses de prisión efectiva; para De la Rosa, Domínguez y Santamaria, 5 años de cárcel; para Suárez, 3 años y 6 meses. Y para Monzón, 1 años y medio de prisión condicional. Y la absolución del dirigente Guillermo Barreira.

Del juicio no fue parte la protagonista de los incidentes de Diamante, la enfermera Yanina Migueles: ahora está radicada en Perú, y por eso el defensor de los dirigentes llevados a juicio, Marcos Rodríguez Allende, desistió de su testimonio.

En aquellas convulsionadas jornadas que ocurrieron en la Colonia de Salud Mental de Diamante, los sucesos principales se dieron el miércoles 7 de junio, cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes de público conocimiento. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria.

Tras la renuncia de De la Rosa, el gobernador Gustavo Bordet designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el lunes 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa. Por otra parte, también define abrir una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprocha a la trabajadora.