El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, tiene una cita con la Justicia, otra más, a fin de mes en una de las causas en la que está siendo investigado por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por la instalación de un parador de campaña en Mar del Plata, en enero de 2015.

Urribarri fue citado a declaración indagatoria para el 30 de noviembre ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Entonces, deberá rendir cuentas sobre cómo fue que gastó $14 millones en el montaje de un parador que inauguró el sábado 3 de enero de 2015 en el marco de la campaña del “Sueño Entrerriano”.

“Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”, dijo entonces Urribarri, parado en la arena húmeda de La Perla, donde se instalaron stands, carpas e inflables para disfrute e información de los turistas de todo el país que se acercaron a conocer más sobre Entre Ríos.

El montaje del parador del sueño urribarrista le costó a la provincia $14 millones. Lo ensambló una firma de nombre peculiar, “El juego en que andamos”, constituida poco menos de un año antes, el 5 de junio de 2014, con un capital inicial de $ 60 mil.

La firma fue constituida por Gerardo Daniel Caruso y Javier Eduardo Caruso, con sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de “la realización por sí, por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: Asesoramiento integral y consultaría por cuenta propia o ajena en radiodifusión, televisión y cualquier plataforma audiovisual (TV abierta, TV Cable, Internet) y cualquier otra que se llegue a crear en el futuro y/o de servicios periodísticos o gráficos en sus diferentes medios de difusión, sean principales o complementarios, por aire o por cable, espectáculos públicos, representaciones artísticas y creación de contenidos pudiendo importar y exportar todo el material requerido para tal fin”.

La Justicia sospecha que Urribarri utilizó fondos del Estado para un emprendimiento particular, su candidatura presidencial, que luego hizo agua -Cristina Kirchner bendijo al exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y entonces el exgobernador debió meter violín en bolsa-, y por eso se le reprocha el delito de peculado. No está solo en la investigación judicial.  También durante diciembre fueron citados el exministro de Turismo Hugo Marsó; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y Gerardo Caruso, de la empresa “El Juego en que Andamos”, que fue contratada para instalar el parador. Este último fue Director Artístico y de Contenidos del programa “Fútbol para Todos”, y desde el 2009 figuraba como contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

El gasto de fondos públicos en aquel parador playero fue investigado por el Tribunal de Cuentas: el organismo de contralor determinó que esa puesta en escena proselitista le costó al Estado entrerriano $14.561.870. Además, dos auditores señalaron que la contratación de la firma para realizar el trabajo fue de forma exprés, y sin tener en cuenta la adecuada difusión del requerimiento y la presentación de un número mayor de oferentes.

La causa del parador se abrió luego de una denuncia presentada a fines de junio de 2017 por el senador de Cambiemos, Raymundo Kisser, con el patrocinio legal del abogado Rubén Pagliotto.

En su presentación judicial, el legislador opositor pidió investigar a Urribarri por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El legislador señaló que Urribarri utilizó el parador instalado en “La Perla del Norte” para promocionar su precandidatura a presidente de la Nación, y no para promover la provincia entre los turistas.

Las imágenes de los inflables y las palmeras revelan a simple vista cuál fue la imagen más promocionada en las playas de Mar del Plata: el rostro de Urribarri, cuidadosamente estilizado por su equipo de campaña.

En un primer momento la causa quedó en manos de tres fiscales: Santiago Brugo, Alejandro Cánepa y Juan Francisco Ramírez Montrull. Pero el primero fue desvinculado de esta y otras investigaciones al ser reasignado a la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes.

La denuncia de Kisser tuvo como sustento una nota de la revista “Análisis” publicada el 22 de junio pasado y un informe del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en donde dos auditores cuestionan la celeridad con la que se contrató a la firma “El Juego en que Andamos SRL”, de Gerardo Caruso, que instaló el parador. Los profesionales notaron que la firma tenía sólo seis meses de actividad a la fecha de apertura de sobres en la licitación, y objetaron que se la haya contratado cuando tenía un patrimonio neto de $60.000,00 para un servicio valuado en casi en $15.000.000,00.

Contratación exprés


En la presentación ante fiscalía, Kisser adjuntó un informe con la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás, y con fecha 5 de marzo, en el que se da cuenta de los gastos del gobierno provincial para instalar el parador.

En la nota, el titular del organismo de control le informó que se verificó la rendición de cuentas de la Tesorería General de la Provincia del mes de enero de 2015 donde está registrado el primer pago relacionado a la instalación de un “Centro de Recreación, Información y Promoción Turística” en Mar del Plata.

Además, se especificó que mediante la licitación pública Nº 69/2014, y aprobada por el decreto Nº 5120/14, se contrató a la empresa “El Juego en que Andamos SRL” para el servicio de instalación, montaje y logística y puesta en funcionamiento del parador.

En dicho informe del Tribunal de Cuentas, Fernando Roberto Lenardon y Hugo Rodolfo Jensen, Jefe de Área de Administración Central del Cuerpo de Auditores y el Jefe del Cuerpo de Auditores, respectivamente, asentaron sus observaciones sobre la contratación exprés.

“Los suscriptos entendemos que sin ningún tipo de motivación que justificara la demora, se iniciaron estas actuaciones para contratar un servicio complejo, casi al inicio de la temporada turística donde se quería efectuar la promoción. Ello motivó que debiera encuadrarse este trámite en los alcances del artículo 13º del Decreto 795/96 MEOSP, que prevé un plazo reducido, conspirando esto con una adecuada difusión del requerimiento y la presentación de un número mayor de oferentes. Téngase presente a ese efecto, que además de la propuesta de Castromil SRL, que ya habían intervenido en la determinación del Presupuesto Estimativo, sólo se vendió otro pliego que corresponde al otro oferente”, observaron.

Por otra parte, consideraron que “adjudicar este servicio, valuado casi en $15.000.000,00 a una empresa que tenía a esa fecha un patrimonio neto de sólo $60.000,00 y con fecha de inicio de actividades seis meses antes del acto de apertura de sobres, representó la momento de la adjudicación un gran riesgo para lograr el objeto previsto”. Luego agregaron  que “ello generó un total de contratación de $14.561.870 que fuera imputado al Presupuesto General de 2015”.

Urribarri deberá volver a Tribunales el 12 de diciembre para dar explicaciones en el marco de otra causa, que se tramita en el Juzgado de Transición N° 1, a cargo de la jueza María Gabriela Garbarino, y que investiga la fiscal Viviana Ferreyra, por el supuesto uso abusivo y sospechoso de pauta publicitaria.  En esta causa también deberán declarar Pedro Báez, exministro de Comunicación; y el empresario Germán Buffa, que integra la firma Global Meands SA, que recibió 500.000 pesos en publicidad.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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