Un clima de notable tensión se vivía este jueves por la noche en Concepción del Uruguay luego de la decisión de de unas 30 personas del asentamiento conocido como exCircuito Mena de ocupar las 80 viviendas en construcción frente al viejo Hospital Urquiza.

La administración del intendente municipal José Lauritto fue dar de inmediato intervención a la Justicia, y durante todo el jueves se montó un gran operativo policial que mantuvo dentro de las viviendas aún sin terminar a las aproximadamente 3o personas que ocuparon el lugar. El cordón de la fuerza de seguridad impedía ingresar o salir del lugar.

Darío Barón, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se encontraba presente este jueves por la noche para garantizar, según dijo, que no hubiera represión, aunque durante toda la tarde se vivierno escenas de honda tensión. El funcionario, sin embargo, declinó hablar con Entre Ríos Ahora. Sólo se limitó a transmitir que había pedido de la Justicia y de la Municipalidad a la Policía para que no hubiera represión.

El intendente Lauritto admitió que el municipio hizo la denuncia “porque nosotros no vamos a permitir la intrusión y ya está interviniendo el Fiscal. Hemos sido dialoguistas, yo fui personalmente al lugar y he atendido a los vecinos acá cuando han querido, hablé con ellos y les expliqué. Se hizo la denuncia y la vamos a seguir absolutamente, intrusos no queremos”. En cuanto a estas 80 viviendas, detalló que “63 tienen un 45% de avance y 17 no fueron iniciadas”.

Asimismo, Lauritto manifestó que “la ciudad tiene al menos 2.200 carencias habitacionales pero yo no tengo que ver con este Programa de ahora, lo estoy cumpliendo pero no soy el que firmé. Pero todos los otros convenios de la ciudad fueron gestionados por mí, y nunca fui presidente del Instituto de la Vivienda. Sin embargo, desde 2006 hasta hoy, trajimos casi 2.000 viviendas para la ciudad, con algunas que faltan construir”.

Además, detalló que oportunamente la diputada nacional Yanina Gayol (Cambiemos) “comprometió 140 viviendas, cuando voy en mayo de 2017 a hablar con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, me dice que no estaba seguro de poder entregarlas; ese proyecto también está presentado en Buenos Aires. Mi tarea es colaborar, no criticar, así que seguiré haciendo gestiones para que esas 100 viviendas salgan…. A las promesas no las hago yo, las hicieron Macri y Frigerio”.

En el conflicto interviene la jueza de Garantías de Concepción del Uruguay Melisa María Ríos, y por estas horas, según dijo la abogada María Caccioppoli, quien representa a las familias que ocuparon las viviendas, se ordenaría el desalojo.

En declaraciones que recogió el sitio El Miércoles Digital, la letrada señaló: “Hemos convocado a todos los canales de diálogo y acá solamente hay represión y la jueza mañana dictará una orden, en forma apresurada, de que salgan y habrá más represión. Pedí al Jefe Departamental de Policía (Claudio Tedesco) que venga”.

“Sabía que iba a terminal mal y de hecho Cristian Acosta ( militante social y uno de los principales voceros del grupo de vecinos) salió y cuando quiso ingresar de nuevo para tranquilizar a la familia, fue altamente reprimido, él y otros compañeros”. Acosta sufrió las consecuencias del accionar policial y fue atendido en el Centro de Salud Bartolomé Giacomotti. Las versiones señalan que los efectivos policiales incluso arrojaron “gas pimienta” y gases lacrimógenos a los manifestantes.

Víctor Hutt, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Uruguay, se acercó este jueves por la noche a la toma de viviendas -lo hizo junto a otros dirigentes sociales y gremiales- y observó la presencia de no menos de 50 efectivos policiales custodiando la zona.