El caso ocurrió este lunes, en Nogoyá.

La Policía acudió a un llamado de auxilio a la calle Agustín Anza, al 800.

Hasta allí había corrido Cristela Lagos, 21 años, a buscar refugio.

Llegó bañada en sangre, y horrorizada por la violencia que descargó sobre ella su pareja.

Juan Carlos Berisso, 26, la apuñaló y le arrojó agua caliente, produciéndole varias heridas y una quemadura de primer grado. La socorrieron en el Hospital San Blas, de Nogoyá, primero, pero en la noche del lunes fue derivada a Paraná.

Dos hijos de la mujer, de 2 y 3 años, permanecieron, solos, en la casa, mientras ella salió en busca de auxilio.

Berisso fue detenido a las pocas horas, y según argumentó ante los efectivos policiales, en la discusión con su mujer, “se le había ido la mano, que habían discutido por puteríos, que la había apuñalado a la mujer, y que antes que lo mataran por ahí se entregaba en la Policía”.

La mano se le fue demasiado lejos. El informe del médico policial Julio Facello da cuenta de este cuadro en la mujer: “Herida filosa cortante de cara posterior de hombro izquierdo de 4 cms. de longitud y de 10 cms. de profundidad en dirección de brazo. Herida de igual característica en hombro región anterior filosa cortante de 8 cms. de longitud lado derecho. Herida filosa cortante de pabellón auricular derecho. Herida cortante filosa de 3 cms. en región escapular derecha y herida superficial izquierda de 5 cms. Presenta herida de igual característica en región dorso lumbar media de 5 cms. de ancho. Herida de igual característica de región posterior de hombro izquierdo y otra en cuero cabelludo parietal izquierdo de 3 cms. Quemadura de primer grado de pabellón auricular izquierdo”.

Berisso, la pareja de Cristela, quedó detenido por orden judicial, acusado de tentativa de homicidio.

Le asestó 9 puñaladas a su mujer y le tiró agua caliente en la cabeza.

De Nogoyá a Paraná la mujer fue trasladada en estado reservado.

Nada nuevo.

La violencia de género es un mal que crece, corroe el tejido social, se expande.

“Está comprobado que la mayor proporción de los casos de delitos sexuales involucra, en carácter de víctimas, a mujeres y niñas. En la provincia de Entre Ríos, según informe de Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, sobre un corte entre el mes de marzo de 2016 a julio de 2017, se pudo establecer que sobre un total de 112 expedientes penales en los que se registran delitos sexuales, 83 involucran como víctimas a menores de 18 años de edad (74%), y que sobre ese total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores de edad, en 79 de ellos las víctimas son de sexo femenino (95%). A su vez sobre el total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores, el abuso sexual con acceso carnal se encontró presente en 11 casos y todos ellos involucran a víctimas mujeres”.

Los datos los revela la jueza Marcela Davite, integrante de la Cámara de Casación Penal, y sirven de argumentación en un extenso fallo en el que la Justicia rechazó la vía de la prescripción para dejar a salvo a un profesional de Concordia, acusado de haber abusado de sus dos sobrinas, cuando eran apenas niñas, entre 1993 y 1997.

La sentencia es del 22 de junio último.

“Estos datos, que pueden no ser exactos, porque dependen de la colaboración de los organismos judiciales que son los responsables de la carga de la información -lo que por su utilidad e importancia se recomienda-, coinciden con un informe de Unicef y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (“Un análisis de los datos del Programa de las víctimas contra las violencias”), realizado sobre una muestra en la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2009 a 2013, según el  cual este programa detectó que la violencia sexual en particular afectó cuatro veces más a las niñas y adolescentes que a sus pares de género masculino, y que en el caso de la franja etaria que va desde los cero a los diez años, el número de víctimas mujeres fue aproximadamente tres veces superior al de los varones, y en el segmento de once a dieciocho años el número de mujeres fue nueve veces superior al de los varones”, añade Davite.

Esos antecedentes refuerzan la postura sostenida por buena parte de la Justicia de Entre Ríos de denegar la vía de la prescripción en casos de abuso sexual, “habilitando que las mujeres y las niñas se piensen con derechos y no como ciudadanas de inferior categoría”.

Dice la jueza: “Estas disposiciones irrumpen en un modelo cultural que, bajo la hegemonía de una mirada masculina, atravesaba el terreno de lo íntimo -donde discurren los valores fundamentales y los aspectos esenciales de la vida privada- estableciendo, desde esa sola visión de la realidad, lo moralmente aceptable o reprochable, cercenando de esta manera las opciones de la mujer ubicándolas en un lugar de sometimiento”.

“Además –sostiene la magistrada, en un fallo que pone en consideración aspectos que van más allá de lo estrictamente jurídico–, con el objetivo de visibilizar situaciones claramente vulneradoras de sus derechos, incluyen en las políticas públicas situaciones problemáticas propias de las mujeres que, con anterioridad a su dictado, se consideraban privadas. Sin duda todo esto modifica el corazón del derecho poniendo en cuestión institutos -como el de la prescripción- cuyo basamento ideológico no había sido cuestionado hasta ese momento”.

 

“A la luz de estas consideraciones, es fácil afirmar que toda niña abusada intrafamiliarmente, sin el auxilio de una persona adulta, no tiene ninguna oportunidad real de acceso efectivo a la Justicia –observa Davite para sostener su rechazo a la prescripción–.  Por ello, ese derecho debe permanecer intacto, hasta que una vez que alcance la mayoría de edad y las condiciones subjetivas se lo permitan, pueda ejercer las acciones legales por sí misma”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.