El experito balísitco del Poder Judicial de Entre Ríos, Antonio Daniel Vitali –en rigor, ahora, Vitale- se sentó en el banquillo de acusados este jueves, en el comienzo del juicio en el que está acusado de tres delitos: peculado, por la supuesta sustracción de armas del Depósito de Efectos Secuestrados de Tribunales, para su posterior venta ilegal; la amenaza a una funcionaria policial, que fue enmarcada en un contexto de violencia de género; y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. Por todos esos cargos, la Fiscalía pide que sea encarcelado 11 años. Sus abogados, en tanto, solicitaron la absolución.

Luego de los alegatos de apertura de la Fiscalía y la defensa, cerca del mediodía, el experito se sentó frente al Tribunal integrado por los camaristas Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke.

Antes, al presentarse, explicó una duda en cuanto a su apellido, que, corrigió, es “Vitale” y no “Vitali”, ya que  durante todo el proceso se lo consignó como Vitali. “Hace un par de años, por un trámite, mi apellido original en Italia es Vitale, así es que pasó a ser en Argentina Vitale. Antes era Vitali y ahora soy Vitale”, aclaró. Luego refirió que es licenciado en Criminalística, perito balísitico, documentológico y papiloscópico.

Vitale se describió como una persona que comenzó su carrera en la Policía “desde muy abajo” y que nunca quebrantó la ley. Primero, relató que estando en Colón, como policía, encontró un fajo de dinero detrás de un armario de una humilde vivienda en donde lo habían instalado. En vez de quedárselo, lo devolvió. Asimismo, contó que durante su estancia en Gualeguaychú, un gitano lo quiso “coimear” para pasar un procedimiento policial. Allí, según Vitale, también se negó.

Al llegar a Paraná, aseguró que se desempeñó en la Comisaría N°11: “Ahí jamás toqué un centavo”, dijo. Más adelante, resaltó que en Bajada Grande recibió dos disparos en ambas piernas, y que también sufrió ataques estando en el Comando Radioeléctrico. En base a ello, afirmó: “Por eso me siento incapaz de vender un arma a una persona. No es mi forma de pensar”.

Comentó que ingresó a Tribunales tras rendir un curso; que dio clases a cadetes de la Policía y capacitaciones a jueces de instrucción en cuanto a características de armas.

En cuanto al Depósito de Armas Incautadas de Tribunales, aseguró que una de sus primeras tareas fue haber contabilizado “por primera vez en años” la cantidad de armas que había. “Desde 1993 que no había un control de lo que había en el Depósito”, precisó y señaló que a falta de espacio debieron hacer una mudanza.

“Cuando hicimos la mudanza encontramos bolsas vacías y etiquetas sin armas. Para nosotros era faltante de armas”, afirmó y detalló que en esa oportunidad contabilizó alrededor de 1.300 armas.

En ese marco, sostuvo que en el lugar faltaban armas desde hacía mucho tiempo porque no había controles. “Después de todo esto –la causa- se pusieron las puertas, las cámaras y los policías. Antes no había absolutamente nada. Nadie nos controlaba”, soltó en su extensa comparecencia.

Más tarde, el exfuncionario judicial se ocupó de cuestionar los dichos de Maximiliano Bertoni, el empleado judicial que acordó una pena con la Fiscalía en 2016, y quien lo ubicó como parte del negocio de robo y venta de armas judicializadas.

Vitale manifestó que con Bertoni sólo hubo una relación profesional y no comercial o delictiva. “De Bertoni el culpable soy yo, porque le di cabida dentro de Tribunales”, dijo y catalogó a esa relación como de “excesiva confianza”.

En cuanto a la acusación del robo y venta de armas, afirmó: “Yo sé que si salgo al mercado con un arma, la van a identificar. No voy a ser tan ingenuo de devolver un arma a la calle sabiendo esto”. En esa línea, negó conocer a Eduardo Borgogno y Mario Alberto López Alonso, otros de los acusados que en diciembre de 2016 admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado.

Entre otras cosas, el experito manifestó que no necesita involucrase en el negocio de las armas, ya que en toda su familia cuenta con un trabajo seguro. “Tengo cuatro sueldos en casa. No necesito vender 72 armas”, justificó.

Al responder la acusación sobre la tenencia ilegal de un arma, se mostró sorprendido cómo la Justicia no la halló en su casa cuando lo allanaron en mayo de 2016. “El arma siempre estaba en el mismo lugar. No sé cómo no la encontraron”, dijo, y agregó que la misma pudo haberla utilizado para dar clases en la Escuela de Policía y que olvidó devolverla. “Si la hubiera querido vender le cambiaba el martillo percutor y la aguja y la vendía”, se jactó.

En su larga exposición, el excomisario cuestionó que la Fiscalía no le haya mostrado el papel con anotaciones de armas y sus precios, que es utilizada como prueba en su contra. Aseveró que le mostraron esa prueba luego de que se practicó la pericia caligráfica.

Qué dicen la fiscalía y la defensa


El juicio a Vitale comenzó a las 9 de este jueves y se extendió hasta la tarde. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron los fiscales Juan Malvasio, Ignacio Aramberry y Fernanda Rufatti (esta última por la Unidad de Violencia de Género).

En defensa de Vitale estuvieron los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, con la colaboración de Rubén Pagliotto.

En esta primera audiencia, el fiscal Malvasio estuvo a cargo del alegato de apertura de la acusación por la causa armas; mientras que Rufatti se encargó del correspondiente al de la causa por presuntas amenazas a una mujer policía.

En primer lugar, Malvasio introdujo que la Fiscalía probará durante el juicio que Vitale es autor del robo de armas judicializadas; y que en ese accionar actuó junto con Maximiliano Bertoni, exempleado del Departamento Médico Forense, quien en 2016 acordó una pena de prisión condicional con la Fiscalía. A su vez, dijo el acusador, las armas eran distribuidas por Eduardo Borgogno y Mario López Alonso para su comercialización ilegal.

La Fiscalía señaló que en la investigación penal preparatoria se acreditó la faltante de 72 armas de fuego del Depósito de Efectos Secuestrados de los Tribunales de Paraná.

“Nos sentimos avergonzados, dolidos, atribulados porque hoy nos toca acusar a una persona de esta casa. Vitale nos traicionó”, afirmó Malvasio y luego agregó que “este es un hecho de corrupción sin parangón” en la historia del Poder Judicial entrerriano.

Por su parte, Aramberry solicitó la prórroga de la prisión preventiva hasta que el Tribunal dicte sentencia. El fiscal señaló que el experito cometió dos faltas: haber contactado a una víctima de la causas armas y poseer una arma de guerra, cuestión que tenía prohibido. Por el primer hecho mencionó que increpó a Natalia Gimenez, encargada de mesa de entradas de la oficina pericial.

En tanto, remarcó que en el caso del arma “medió un ocultamiento”, por cuanto en los allanamientos de 2016, cuando la causa daba sus primero pasos, no se encontró y que recién apareció en el procedimiento de 2017. Precisó que el arma pertenecía a un lote de 44 armas que habían sido enviadas para su destrucción por el Juzgado de Instrucción de Diamante, pero llamativamente apareció en el domicilio del acusado.

“El imputado ocultó el objeto que era importante para la teoría del caso de la Fiscalía”, dijo Aramberry.

A su tiempo, el abogado defensor de Vitale, Iván Vernengo, se opuso a la prórroga de la prisión preventiva y solicitó  prisión domiciliaria y custodia. Luego, la defensa se abocó a atacar los planteos de la Fiscalía. “En el juicio quedará demostrado que la hipótesis del Ministerio Público Fiscal no es tal. Que Vitale no tiene nada que ver con la sustracción de armas y que no hubo asociación ilícita entre Vitale y Bertoni”.

En cuanto al contacto con Giménez, la defensa refirió que no estaban en conocimiento que había sido citada como testigo en la causa armas abierta en 2016.  Sí admitieron  que conocían que había sido citada a prestar su testimonio en la causa por la faltante de armas que se tramitaba en el Juzgado de Transición N°1.

Este jueves declararon cuatro testigos en la causa por amenazas a la funcionaria policial y, por decisión del Tribunal, lo hicieron a puertas cerradas –sin la presencia de los medios- con el fin de proteger la integridad de la víctima. Entre los testigos estaban YG –víctima-, su madre, hermana y actual pareja.

El juicio continuará este viernes con la recepción testimonial de más testigos de la causa, entre los cuales se encuentran funcionarios policiales que actuaron en los allanamientos y delegados judiciales.

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.