Rosario del Tala será escenario este lunes de una nueva movilización en favor de los siete policías que fueron enviados a prisión luego de quedar firme una sentencia de 2015 que los condenó a ocho años de prisión por torturas y vejaciones aplicadas a dos menores en la Semana Santa de 2012.

La convocatoria es para las 20,30 de este lunes, en Plaza Libertad, frente a los Tribunales, “a favor de nuestros policías y por la seguridad”. Es una más de las sucesivas concentraciones que han ocurrido en Rosario del Tala. La última, el viernes, a las 11.

Los policías están ya en prisión.

Al respecto, los defensores de tres de los siete policías condenados en 2015 a ocho años de prisión por haber torturado a dos menores en Rosario del Tala  -fallo que quedó firme la última semana, con lo cual los uniformados fueron finalmente encarcelados en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay- pidieron que se dicte la nulidad del proceso y se vuelva a instruir de nuevo la causa al advertir una serie de vicios.

El reproche expuesto en el recurso extraordinario con el que los abogados defensores Lucio Salisky y Humberto Baridón pretenden que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé vuelta un fallo confirmado en tres instancias por la Justicia entrerriana, señala:  “Las patentes mentiras de las supuestas víctimas y la parcial valoración del tribunal de juicio, validado por la Cámara de Casación y el Superior Tribunal, sumado a la calidad y cantidad de testigos cuyas declaraciones son desincriminatorias, cuanto menos debió haber conducido a la duda, por lo cual debiera habérsenos absuelto. Sostenemos sin dudas que los hechos denunciados no sucedieron – y de haber ocurrido los suscriptos no fuimos participes-  y que no se puede acusarnos en base a las escasas pruebas que había y mucho menos condenarnos basándose solamente en una interpretación parcial y errónea de las pericias y desoyendo a los testigos”.

Saliski y Baridón asumieron la defensa de los policías Ludmila Natalí Soto, Claudio Marcelo Monrroy y Héctor Leopoldo Mori. 

 

“En las imputaciones se nos acusa de haber perpetrado simulacros de pelotones de fusilamiento en las que habrían disparado tres tiros a cada uno y en otra ocasión fue de uno, pero la Cámara de Casación no valoró que durante la Investigación Penal Preparatoria no hubo secuestro de armas de los funcionarios acusados, no se secuestró gas pimienta en la Jefatura, no había restos de gas pimienta en la ropa de los imputados, no había restos de pólvora en las ropas y manos de los imputados ni tampoco de las supuestas víctimas porque no se realizaron pericias balísticas, tampoco fue encontrado en el allanamiento practicado la supuesta picana, ni se produjeron declaraciones testimoniales que escucharan los tiros o las supuestas torturas. A contrario de lo que señala el tribunal de Juicio, este caso no puede asemejarse a los abusos sexuales ya que los lugares en donde se habrían perpetrados los hechos son lugares donde podía haber presencia de testigos, como el basural que hasta hay gente viviendo en dicho lugar en tan malas condiciones; y en la Jefatura Departamental había detenidos y no se los identificó ni se les tomó declaración testimonial”, dice el recurso extraordinario.

Los policías empezaron a cumplir la pena a ocho años de prisión en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara el recurso extraordinario federal planteado por los defensores y también un hábes corpus. Uno de los defensores de tres de los siete policías condenados, Lucio Salisky, anunció que irá en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa, caratulalada “Milezzi, Marcelo José; Soto, Ludmila Natalí; Mori, Héctor Leopoldo;  Monroy, Claudio Marcelo; Forneron, Gustavo Daniel; Segovia, Pablo Leoncio;  Flores Campos, Walter; Magallan, Neri Andrés; Vidal, Rodrigo Sebastián-s/ torturas, privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales”, tuvo una primera condena en agosto de 2015: el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por los jueces Fabián López Moras, Alberto Seró y Mariano Martínez, resolvió, por unanimidad, absolver de culpa y cargo a Walter Flores Campos y Rodrigo Sebastián Vidal, como autores materiales penalmente responsables de los delitos de torturas, privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales.

Los defensores Saliski y Baridón habían cuestionado la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de los hechos. “Para justificar la culpabilidad se hizo una interpretación analógica – prohibida en derecho penal – forzada, extrapolando los dichos a fin de que estos sean elementos de cargo soslayando que la Fiscalía no realizó las pericias debidas a fin de certificar los hechos que le habían sido denunciados. Esta actuación deficiente del Ministerio Publico Fiscal, ligero, rayano en el incumplimiento del deber, hizo que se perdieran las pruebas de descargo. Al no realizarse las pruebas que se debían haber realizado, también se perdieron las pruebas que nos hubieran desincriminado; acto seguido, mediante razonamientos ilógicos y falaces se pretende suplir las fallas de la Fiscalía en la obtención del material probatorio para justificar la condena”, indicaron en su escrito, al apuntar a las fiscales Silvina Cabrera y Albertina Chichi.

Se trata de dos fiscales auxiliares que, en opinión de los defensores, “no reunían los requisitos constitucionales” para actuar en la causa y por tanto su actuación “debe ser reputada nula de nulidad absoluta”. 

“La lamentable mediatización, las falsas y tendenciosas informaciones periodísticas que se fueron sucediendo durante la investigación, condujo a que las instituciones se hayan hecho eco de cuestiones políticas de otros tiempos equiparando este caso a lo sucedido en la dictadura militar, hablando directamente de ´desapariciones´ equiparándonos a militares cuando nuestra condición es la de civiles; lo que le dio una connotación negativa y perjudicial a la investigación y al juicio. El Poder Judicial debe ser ajeno a cuestiones políticas y periodísticas, debiendo fallar por las pruebas obrantes y conforme a derecho; este es el verdadero respeto de los derechos humanos, el que es inherente a todas las personas sin diferencia de raza, clase, religión u otro distingo. Los aquí imputados somos seres humanos, y debe juzgársenos conforme a los tratados de derechos humanos vigentes, cosa que no se hizo”, señalan en su escrito los policías.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.