Primero fue el exgobernador Sergio Urribarri, que pudo borrar de la lista de causas judiciales que lo involucran en Tribunales la del “préstamo” de un Audi A1  modelo 2015, chapa patente OVS 226, valuado en unos 50.000 dólares, comprado por la empresa Kaskira SA, pero  con una peculiaridad: se hicieron sendas tarjetas azules para que pudiera conducirlo el actual presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, Ana Lía Aguilera.

 

Como el vehículo se transfirió de manos antes de que la Justicia pudiera dar los primeros pasos en la investigación judicial, el nombre de Urribarri quedó rápidamente al margen de la pesquisa de los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro. Sí, en cambio, se avanzó sobre los empresarios socios de Kaskira SA, que compró el Audi A1 y se lo “prestó” al exgobernador. Pero la pesquisa también tropezó con puntos negros, fallas en los sistemas, y una pared que impidió acceder a pruebas clave. La consecuencia, una salida negociada. En el mediodía de este jueves hubo una audiencia en Tribunales, presidida por el juez de Garantías Humberto Franchi, en la que práticamente se dio por cerrada la causa.

Vartorelli y Cullen, defensores; Pérez y Vázquez, socios de Kaskira SA.

 

En su declaración en Tribunales, Urribarri aceptó el ofrecimiento que tuvo de ese Audi, aunque negó haber hecho uso del vehículo.

Los dos empresarios que habían quedado bajo investigación, Jorge Aníbal Pérez, director suplente de Kaskira, y Gustavo Adolfo Vázquez, director de la firma, corrieron suerte dispar. Al primero, le dictaron el sobreseimiento definitivo por cuanto no se pudo probar su conexión con la compra del Audi A1 y la posterior dádiva en beneficio de Urribarri. El abogado Miguel Cullen, que junto a Guillermo Varotrelli, ejercieron la defensa técnica de Pérez y Vázquez, solicitó al juez el sobreseimiento. “Surge, prístino, que el señor Jorge Pérez nada tiene que ver con lo que se investiga. Ostentaba una calidad que no le permitía expresar la voluntad social de Kaskira, por cuanto era director suplente, un cargo decorativo, que sólo interviene cuando hay ausencia de quien debe reemplazar. Y esto no ocurrió. Esto se probó. No intervino en ninguna de las fases: ni en la adquisición del vehículo ni en la expedición de la cédula azul”, dijo Cullen.

A la petición del defensor se allanaron los fiscales Yedro y Brugo, y fue acogida favorablemente por el juez Franchi. El magistrado dictó el sobreseimiento definitivo de Pérez, “dejando a salvo su buen nombre y brindándole mis sinceras disculpas por todo lo que le ha ocurrido”.

En cambio, Vásquez, el otro empresario investigado, quedará vinculado a la causa por el término de un año: el juez Franchi accedió a la suspensión del juicio a prueba, y en el ínterin, deberá cumplir tareas comunitarias en beneficio de la Fundación Crisálida, una ONG que trabaja en pacientes oncológicos que son derivados desde el Hospital San Roque. En concreto, Vázquez desde su empresa Kaskira se comprometió a realizar dos espectáculos a beneficio de Crisálida en el transcurso del año que dure la suspensión del juicio a prueba, y además le pagará una suma de $420 mil, en dos cuotas. La primera, a los diez días de firmada la resolución judicial, y la otra en un plazo de 30 días.

Esa probation, entendió el abogado Vartorelli, “no implica reconocimiento o confesión” del delito que se le imputó, de dádivas.

 

En ese aspecto no hubo oposición de los fiscales, y el juez también resolvió favorablemente, con una aclaración.

La validación del juez de la medida solicitada por la defensa de Vázquez, y apoyada por los fiscales, aclaró Franchi, “no implica ni un reconocimiento ni una desvinculación criminal del hecho. Simplemente, atento al tipo de delito, y dándose ciertos requisitos, se suspende la  continuidad del proceso, y en caso de cumplir todas estas pautas, sí se dicta sobreseimiento definitivo”.

De modo que en el plazo de un año, además de pagar $420 mil a Crisálida y además realizar dos eventos a beneficio de la entidad, Vázquez “no podrá verse  involucrado en hechos delictivos”.

 

Antecedente


El caso del Audi A1 se conoció el 7 de septiembre de 2016, a través de una publicación de Análisis Digital, que reveló que Urribarri y su esposa fueron habilitados a conducir el automóvil que entonces era propiedad de la firma Kaskira SA, con domicilio en Uruguay 775, piso 4, de Capital Federal.

El vehículo de alta gama fue adquirido por la empresa el 11 de mayo de 2015 y después emitió permisos –cédulas azules- para que puedan conducirlos Urribarri, su esposa, Ana Lía Aguilera, y una tercera persona, que sería chofer de la empresa.

Ante la información periodística, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron en fiscalía el presunto delito de dádivas. El 21 de septiembre de 2016, la empresa vendió el automóvil a una mujer llamada Marta Teresa Castro; y el 7 de diciembre, la Justicia le secuestró el auto a esta nueva dueña.

Jorge Aníbal Peréz y Gustavo Adolfo Vázquez, presidente y vicepresidente de Kaskira SA, respectivamente, son los empresarios que quedaron en la mira de la Justicia. Pérez es socio de la empresa Kaskira SA, y participa de la explotación del Hotel Howard Johnson Mayorazgo. También era titular de la firma Productores Independientes Asociados (PIA) SA, que explota la señal de Canal 9 Litoral.

El 18 de julio de 2013, la asamblea extraordinaria de PIA aceptó la renuncia de Pérez, como presidente y director titular del directorio de la sociedad. En su lugar, el 25 de agosto de 2014, fue designada su esposa, María Ximena Velázquez. Fue ratificada en el cargo en 2015, y dejó ese sillón en diciembre de 2016.

El 28 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos el edicto que da cuenta que PIA SA cambió su composición en la asamblea del 7 de diciembre de 2016. Ese día “se resolvió aceptar la renuncia de la señora María Ximena Velázquez al cargo de presidente, y designar nuevo Directorio –dice–: presidente y director titular: Gabriel Aimé Blanco; vicepresidente y directora titular: Diana Cecilia Bernal; y director suplente Facundo Aníbal Pérez Ferrero”.

En esta investigación los empresarios declararon como imputados el 22 de mayo ante los fiscales Brugo y Yedro. Tras poco más de un año de investigación, la causa llega a su fin con la probation para uno de los empresarios y el sobreseimiento de su socio.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.