La titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, dijo que la Justicia de Entre Ríos “es una de las mejores”, la de mayor distribución territorial. “Existe un órgano judicial al alcance del ciudadano cada 50 kilómetros”, apuntó.

Mizawak tenía previsto dar un informe sobre el balance del año judicial el lunes 10 del actual, pero decidió suspender esa exposición pública porque en medio estaba la fuerte crítica por la actuación del Poder Judicial en el femicidio de Micaela García. En vez de un encuentro con los periodistas, optó por enviar el mensaje por mail, una semana después.

Pero apenas si habló del caso Micaela, que tiene al juez Carlos Rossi con seis pedidos de jury. Y no habló ni una palabra de los procesos de juicio político que sacudieron a la provincia durante 2016 y principios de 2017 y que la tuvo a la titular del STJ en el centro de la escena.

Su mensaje fue más bien una cuestión burocrática: qué se hizo, qué resta hacer. Pero ni una línea de autocrítica. Ninguna mención a los temas sensibles que hacen a la Justicia de Entre Ríos.

Luego de destacar los avances y mejoras en los fueros Civil, Comercial y Laboral, puso de manifiesto los cambios que se registraron en el fuero penal derivados del sistema acusatorio.

“El cambio copernicano que ha significado la administración oral de los conflictos ha presentado un fuerte impacto en el manejo de la información y sus diferentes soportes, superando todas las acciones planificadas a este respecto, previéndose un crecimiento exponencial en el mediano y largo plazo”, señala Mizawak en su informe anual sobre el estado del servicio de justicia en la provincia.

Pero el otro eslabón del sistema penal, el servicio penitenciario, tiene, a juicio de Mizawak, flancos débiles. Al respecto, señaló que “persiste nuestra preocupación por la realidad carcelaria y el superlativo aumento de su población”.

“Es urgente contar con una nueva unidad penal para lo que se deberá encarar el proceso respectivo de localización y ejecución de obra”, subraya el informe.

Descubre un dato Mizawak. Señala en su informe que el Poder Judicial de Entre Ríos hoy administra 103 inmuebles, de los cuales el 57% son alquilados, y el 12% están siendo usados en comodato.

“Esta característica de la titularidad de los inmuebles donde funcionan nuestros organismos limita la capacidad de intervención sobre los edificios, generando diversas dificultades nada  fáciles de resolver”, señala.

Respecto del presupuesto, puso de manifiesto que en el Poder Judicial hubo “un buen uso de los recursos y un excelente trabajo por parte de cada una de nuestras áreas que ejecutaron en tiempo oportuno las decisiones del Superior Tribunal, contribuyendo a estos niveles de ejecución”.

Pero cuando tuvo que hablar de los asuntos sensibles –no incluyó el pedido de juicio político en su contra por mal desempeño, claro—sostuvo que “no ha sido un año fácil para el Poder Judicial de la provincia y no voy a hacer de este mensaje un discurso autorreferencial, pero deseo destacar el compromiso del órgano máximo de nuestra institución de trabajar en las correcciones que sean necesarias para cumplir con la función social del servicio de justicia. Se está haciendo un importante esfuerzo en concretar los cambios que exigen estos tiempos, y sabemos que solo podrán volverse realidad con la colaboración y el involucramiento de todos nuestros agentes. Sin ello, la tarea no sólo será ardua, sino virtualmente imposible”:

“Entiendo que cuando la ley orgánica impone en su artículo 37º este mensaje, lo hace con el propósito de que se difundan y se hagan públicas las acciones de gobierno del Poder Judicial. No obstante ello no puedo soslayar referirme al luctuoso hecho que acongoja a la sociedad toda y que modifica la sustitución de la ceremonia habitual por un mensaje escrito”, dice en referencia al caso Micaela García.

“Desde que se tomó conocimiento de la desaparición de Micaela García, desde el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Policía de la Provincia, y este Superior Tribunal estuvimos en permanente contacto. El fiscal de la jurisdicción, el juez de Garantías de la jurisdicción, nuestro departamento médico forense, todos trabajamos en pos de la aparición con vida de Micaela y luego, conocido el fatal desenlace, lo hicimos de la manera más eficiente para encontrar a sus responsables y demostrar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y autoría del mismo”, apuntó Mizawak.

Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de la conducción del Poder Judicial estamos obligados a hacer efectivas medidas de transformación continuas. Ello así, independientemente que existan otros funcionarios en los demás Poderes del Estado

Nacional, Provincial o Municipal con diferentes responsabilidades, quienes también deberán aportar sus propias medidas en las materias de su competencia y articular entre todos las respuestas necesarias. Tampoco voy a obviar que se han presentado denuncias por mal desempeño ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia contra el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú Dr. Carlos Rossi. Es dable precisar que dicho órgano constitucional de control es quien deberá imprimir, en virtud de su autonomía, el trámite de ley y decidir su remoción si correspondiere”.

Eso dijo, nada más, la presidenta del mayor organismo judicial de la provincia sobre la actuación del juez Rossi en el caso Micaela.

Un mensaje con más vacíos que definiciones.

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.