La fiscal María Aranzazú Barrandeguy será la encargada de llevar adelante la acusación contra el empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, más conocido como el “Jardinero K”, en el juicio que se desarrollará entre el lunes 15 y el martes 16 de mayo.
Barreiro tendrá que responder ante la Justicia entrerriana por qué omitió declarar que era funcionario provincial antes de presentarse en una licitación pública, que luego ganó. La figura que se le imputa es la de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Pero el dato que llama la atención es que la fiscal designada para acusar al empresario es la hija de Raúl Barrandeguy, el abogado defensor de Barreiro.
Así aparece consignado en el calendario online de la página web de la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) del Poder Judicial, que detalla que el juicio se hará el lunes 15 y martes 16, desde las 9 en ambas jornadas; que lo juzgará el juez Correccional N°1 de Paraná, Pablo Vírgala; y que la fiscal encargada de acusar a Barreiro es Aranzazú Barrandeguy. Por la defensa, se indica que estará el abogado Candelario Pérez, socio de Raúl Barrandeguy.
Barrandeguy es quien estuvo a cargo de la defensa del Jardinero K desde el inicio de la causa. Y en el juicio que se acerca, su hija tendrá la responsabilidad de representar la acusación del Ministerio Público Fiscal. Un hecho insólito.
El abogado que denunció a Barreiro, Guillermo Mulet, cuestionó la designación de la fiscal para el juicio a Barreiro. En diálogo con Entre Ríos Ahora, dijo que “el Procurador General no puede desconocer que Aranzazú es la hija del abogado defensor de Barreiro, que es el ex diputado Barrandeguy. Más allá de que aparezca Candelario, el socio de toda la vida de Barrandeguy”.
“Si esto se confirma es absolutamente vergonzoso, ni hablar si la fiscal no acusa. No me caben dudas que en esto tiene que estar el Procurador (Jorge García), porque no se le puede escapar una cosa así. Y si se le escapa debería renunciar, por inútil”, lanzó Mulet.
En ese sentido, el letrado hizo notar que esta designación, de confirmarse, se sumaría a otra decisión polémica de la fiscalía en la causa Barreiro: haber descartado ampliar la investigación a negociaciones incompatibles con la función pública. Esa resolución la tomó la fiscal Viviana Ferreyra en noviembre de 2015 cuando pidió elevar la causa a juicio.
Mulet planteó que esa decisión de la fiscal “fue una vergüenza, más porque la Cámara (del Crimen de Paraná) cuando confirma el procesamiento le manda que investigue las negociaciones incompatibles”. “Se hacen los boludos y elevan solamente por una figura menor que es la falsedad ideológica”, agregó el letrado.
“Fue una vergüenza lo de la Ferreyra, y dudo que haya sido por falta de entendimiento. Entiendo que lo han hecho por un mandato superior”, señaló en alusión al jefe de los fiscales, Jorge Amilcar García.
Barreiro, funcionario y empresario
El 15 de mayo de 2013 se conoció el texto del decreto N° 3.793, del año 2012, por el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez (hoy diputado del FPV), nombraron al empresario como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.
En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, Barreiro le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. A raíz de esas revelaciones periodísticas, el abogado Guillermo Mulet denunció al empresario en la justicia.
Tras ello, el Ministerio Público Fiscal acusó a Barreiro de haber ocultado que era funcionario para poder presentarse a una licitación. Por ello, fue procesado por supuesta falsificación ideológica de documento público en agosto de 2014, por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi. En noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento.
Los jueces Chemez, Giorgio y Garzón señalaron en la sentencia que “el argumento defensivo de que Barreiro desconocía que era funcionario público de la provincia de Entre Ríos es insostenible a la luz de la lógica y la experiencia”. Y explicaron que en la indagatoria reconoció que tomó conocimiento de la licitación pública del Ministerio de Turismo “en ese transcurrir de ida y vuelta’ a la provincia: llamado a licitación pública que fue publicado el 26 de septiembre de 2012 en la página 21, casualmente el mismo día que se publicó el decreto de designación en la página 5”. En esa misma resolución sugirieron que se investigue la posibilidad de la existenica del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, como lo había sugerido el juez Franchi en la instancia inferior.
El 25 de noviembre de 2015, la fiscal Viviana Ferreyra pidió elevar la causa a juicio pero desestimó ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles. Esa decisión imposibilitó investigar si la licitación que ganó Barreiro estuvo “amañada” o direccionada en connivencia con un funcionario provincial: llámese Urribarri, Báez, Marsó o Lorenzo.
Ahora, el caso Barreiro suma otro capítulo reprochable: que la hija del abogado de Barreiro sea la fiscal del juicio. ¿Habrá marcha atrás?
Especial para Entre Ríos Ahora.