El ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, se encuentra en libertad desde el 7 de marzo, pero sigue atento a la marcha de la causa judicial en la que está imputado por los supuestos delitos de peculado de bienes y servicios y administración fraudulenta.

 

La investigación está detrás de la presunta participación del ex funcionario en al menos tres empresas: Ecocien SA (conformada en 2014), Azul SRL (creada en 2011) y Tecno Geo SA (formada en 2009). Estas habrían sido beneficiadas con obras, pero las mismas se habrían concretado utilizando personal del organismo.

 

A cargo de la investigación están los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull, quienes aguardan resultados periciales que podrían demostrar irregularidades.

En concreto, lo que esperan los fiscales es que se le remita los resultados de las pericias a computadoras que en su momento fueron secuestradas en Tecno Geo, firma dedicada a la perforación de pozos de agua.

 

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Ramírez Montrull dijo que aguardan una lista de empleados de Obras Sanitarias desde el que se seleccionará a trabajadores que pueden aportar información sobre si las empresas a las que se vincula a Righelato realizaban trabajos con personal del organismo provincial.

 

“En la semana vamos a estar con el tema de los testigos. Obras Sanitarias iba a aportar la lista”, confirmó Montrull y agregó que “se ha demorado pero estamos en esa línea”. En cuanto a los testigos que llamarán a declarar, el fiscal afirmó que no serán más de diez trabajadores que sirvan para “corroborar que eran empleados de las SRL y Obras Sanitarias”. Descartó que en esta etapa se cite a parientes de Righelato.

 

En relación a las pericias informáticas, afirmó que “todavía no están las conclusiones. Se mandó a peritar en criminalística pero los resultados no están”.

 

Los fiscales creen que las firmas que estarían vinculadas a Righelato no cuentan con personal, y que los trabajos que se les adjudicaban eran realizados por personal y con maquinaria de Obras Sanitarias de la provincia.

Imputaciones


Righelato está imputado por los supuestos delitos de peculado de bienes y servicios y administración fraudulenta, pero los fiscales podrían ampliar la imputación a negociaciones incompatibles o enriquecimiento ilícito. También podrían imputarlo por delito ambiental en otra causa en la que investigan la contratación de obras de provisión de agua potable en la provincia. Esa causa se inició tras una denuncia de la agrupación ambientalista M´Biguá. Los fiscales aún esperan los resultados de los peritajes practicados a caños secuestrados en Oro Verde y Ramírez, que habrían sido utilizados en la industria petrolera.

 

El caso de Righelato salió a la luz el 6 de octubre de 2016 por una investigación periodística de la revista Análisis. El exfuncionario cayó preso el 11 de octubre, a la medianoche, mientras intentaba sacar documentación de Obras Sanitarias de su casa ubicada en calle Fraternidad. Tras la detención hubo allanamientos en su vivienda particular, en las empresas que se le vinculan y en el organismo estatal. En uno de esos procedimientos personal policial secuestró cerca de 70 mil pesos.
El 12 de octubre, el exfuncionario se abstuvo de declarar ante los fiscales Montrull y Aramberry. En paralelo, el gobernador Gustavo Bordet lo separó de su cargo y nombró en su lugar a Sergio Pascual. Righelato permaneció detenido en la a Unidad Penal N°1 de Paraná hasta el 7 de diciembre, fecha en que se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria que finalizó el 7 de marzo.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora