La semana que viene se cumplen cuatro meses del femicidio de Micaela García, la joven cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 8 de abril de este año en Gualeguay, una semana después del día en el que se la había visto por última vez, el sábado 1º de abril. Las pericias determinaron que el crimen ocurrió el 1°.
En septiembre se sustanciará el juicio a tres de los acusados por el femicidio: el violador serial Sebastián Wagner, su patrón Néstor Pavón (dueño del lavadero en el que trabajaba) y el hijo de su pareja, Gabriel Otero. Todos están acusados de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía.
En paralelo, se espera que avance el jury contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, quien luego del femicidio de Micaela fue denunciado por diferentes legisladores y organizaciones por mal desempeño en sus funciones y falta de idoneidad.
Al magistrado se le reprocha haber otorgado la libertad condicional a Sebastián Wagner el 1° de julio de 2016, desoyendo un informe del Servicio Penitenciario provincial, el dictamen de la Fiscalía y la opinión del Equipo Técnico del Juzgado de Ejecución de Penas, que desaconsejaban hacerlo.
El primer jury contra el juez Rossi se presentó el 8 de abril, horas después de que la policía encontrara el cuerpo de Micaela. Aquel primer pedido de enjuiciamiento fue presentado por el senador provincial Nicolás Mattiauda (Cambiemos) ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano encargado de juzgar la conducta del juez. Luego sobrevinieron siete denuncias más.
Sin embargo, desde entonces el Jurado sólo se reunió dos veces –el 18 de abril y el 8 de mayo– y aceptó dos sucesivas recusaciones a la composición del cuerpo por parte de la defensa del magistrado. El presidente del cuerpo es el juez Daniel Carubia, que es quien debe convocar a los integrantes del jury para analizar, en primer lugar, las recusaciones y, luego, determinar si inician el proceso formal de juicio al juez.
Consultados por Entre Ríos Ahora, el diputado radical Jorge Monge y el senador del FPV, Lucas Larrarte, ambos integrantes del Jurado en representación de la Legislatura, confirmaron que aún no recibieron ninguna convocatoria para tratar las recusaciones interpuestas por Rossi.
En tanto, desde la secretaría del Tribunal, a cargo de Eduardo Vagaría, se indicó que “no hay novedad más que lo que ya salió en los medios”. En otras palabras, no hay fecha para una tercera reunión.
La Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná es una de las ocho las organizaciones que presentó un jury contra el juez Rossi. Una de sus integrantes y firmante de aquella denuncia es María Elena Alé, quien cuestionó que el proceso contra el magistrado esté detenido. La dirigente feminista hizo responsable de la situación a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que son mayoría en el Jurado.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Alé dijo que “desde la Asamblea vemos una situación dilatoria por parte del Superior Tribunal de Justicia” ya que “hay algo que reveló Rossi intentando defenderse: dice haber actuado conforme a derecho y que había tenido una reprimenda por parte del Superior Tribunal. Entonces, Rossi también tendría que poner en tela de juicio al Superior Tribunal. Él hace lo que el Superior Tribunal de Justicia le ha dictaminado”.
“El Superior Tribunal de Justicia está viendo la posibilidad de dilatar el proceso porque Rossi es un integrante de ellos. Hay resoluciones que no la toman los jueces solos. Rossi no es el máximo responsable de lo que sucedió sino que es un eslabón más dentro de un engranaje que tiene que ver con todo el sistema judicial de la provincia”, afirmó Alé.
En ese sentido, la dirigente del movimiento de mujeres recordó que el jury presentado por la Asamblea Feminista realizó un llamado de atención a todo el sistema judicial entrerriano, y que no sólo se centraron en el juez Rossi: “En la denuncia advertimos que no se puede desconocer la perspectiva de género en la justicia porque está explícita en los tratados internacionales. Los jueces no pueden actuar desconociendo las leyes”, puntualizó.
Alé mencionó que existen “tratados que tienen que ver con los derechos y garantías de las personas que van presas, pero también está el tratado de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que incluye la perspectiva de género”.
“Por lo tanto, -continuó Alé- un juez no puede desconocer un derecho y otro sí respetarlo. A nosotras nos da la certeza de que todo tribunal de la provincia está actuando mediante la lógica machista, porque es selectivo en cuanto a la aplicación del derecho”.
Recordó que en la denuncia contra Rossi, la Asamblea Feminista de Mujeres propone como “testigos de contexto” –tal es la figura jurídica- a tres reconocidos estudiosos de crímenes sexuales y violencia machista para que aporten elementos al tribunal examinador del jury. Ellos son: la antropóloga e investigadora Rita Segato; el psiquiatra especializado en violencia de género Enrique Stola; e Isela Firpo, Trabajadora Social e investigadora en temas de género de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
En cuanto a las recusaciones interpuestas por la defensa del juez Rossi, la activista reconoció que “son cuestiones técnicas que las comprendemos, porque no corresponde que quien va a conformar un tribunal haya firmado un jury”.
Por otro lado, Alé también hizo notar que actualmente las organizaciones sociales no integran el Jurado de Enjuiciamiento, a pesar de que sí lo contempla la Constitución provincial reformada en 2008, en su artículo 218. La nueva composición del jurado, que pasaría de siete integrantes a nueve, es una deuda de la Legislatura porque aún no reglamentó esa nueva composición.
“Están incumpliendo funciones porque el instituto del jury está en la Constitución de la provincia reformada en 2008 y las ONG no tenemos participación. Entonces todo se resuelve entre una clase que pertenece a un mismo sector. Hay derechos vulnerados de participación ciudadana”, apuntó Alé.
Por último, la integrante de la Asamblea Feminista y del grupo Socorristas en Red se refirió a dos femicidios que conmocionaron Entre Ríos en el último tiempo: el de Micaela García y el de Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena en abril de 2016, cuyos acusados fueron absueltos en mayo de este año. Para la dirigente, en ambos casos hubo una mala investigación por parte de la fiscalía.
En cuanto al caso de Micalea, cuestionó la información que brindaba a los medios la fiscalía en medio de la búsqueda de la joven: “la fiscalía daba a conocer a los medios los pasos que iban siguiendo y a una le da la sospecha de que ya la buscaban muerta. El fiscal lo único que hacia era mediatizar los pasos que estaba haciendo la policía como para advertir a los que la habían raptado. Una desprolijidad que después fue tapado con el final trágico de Micaela”.
“Lo mismo pasó con Gisela López, en Santa Elena. El mal actuar de la fiscalía llevó a que esté impune ese asesinato. A una le da que pensar”, concluyó.
Jurado paralizado
A través de sus abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, el juez Rossi lleva recusando a siete miembros del Jurado. Por esa razón, el Jurado aún no pudo avanzar con el tratamiento de las ocho denuncias contra el magistrado.
La primera recusación de Rossi buscó apartar al presidente del órgano, el diputado oficialista Diego Lara; al vice en dicho cuerpo, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón; al senador Ángel Giano (FPV), miembro titular por la Cámara Alta; y a los integrantes suplentes, el senador Roque Ferrari (Cambiemos) y la diputada Rosario Romero (FPV). Esta última se autoexcluyó porque había firmado una de las denuncias.
El 18 de mayo, en el Senado, asumieron los nuevos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, que deben tratar aquellas recusaciones: los diputados Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos) y los senadores Lucas Larrarte (FPV) y Daniel Olano (FPV), como miembros titulares y suplentes, respectivamente, por ambas Cámaras. La Justicia, en tanto, designó a la jueza Susana Medina de Rizzo en reemplazo de Castrillón.
A los pocos días de esa nueva conformación, el 23 de mayo, el juez Rossi recusó a Koch y Vitor. En su reemplazo asumieron los diputados Monge (Cambiemos) y Zavallo (bustismo).
El 19 de junio la Cámara de Diputados definió en sesión especial que los reemplazantes de Koch y Vitor sean Monge (Cambiemos) y Zavallo (bustismo). En aquella sesión, varios legisladores cuestionaron la estrategia de la defensa de Rossi de recusar sistemáticamente a los miembros del jury.
Desde el Frente para la Victoria (FpV), la diputada Rosario Romero exigió que si Rossi presenta nuevas recusaciones, el Jurado de Enjuiciamiento las analice con cuatro de sus miembros, como lo permite el artículo 8º de la Ley Nº8932, que reglamenta el jury.
En tanto, el presidente del bloque de Cambiemos, Sergio Kneeteman, advirtió a los jueces del Superior Tribunal de Justicia que integran el jurado, y son mayoría, que si no avanzan con la causa contra Rossi analizarán iniciarle un juicio político por mal desempeño.
El Jurado actual está compuesto así: Daniel Carubia (STJ), presidente; y lo integran además, Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo (STJ); por el Senado: Lucas Larrarte (FPV) y Daniel Olano (FPV); por la Cámara de Diputados, Jorge Monge (Cambiemos) y Gustavo Zavallo (Frente Renovador), titular y suplente respectivamente. Por el Colegio de Abogados de Entre Ríos: Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). Y Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez (suplentes).
Especial para Entre Ríos Ahora.