Los trece integrantes de la barra de Patronato, a quienes se les imputa los delitos de coacciones agravadas por el uso de armas, robo agravado por el uso de armas, lesiones graves, todo en un contexto de un espectáculo deportivo, cumplirán 21 días de prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.

 

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N° 4 de Paraná, Mauricio Mayer, que de ese modo morigeró la petición que habían formulado los fiscales Cristian Giunta e Ignacio Aramberry, que instruyen la investigación penal preparatoria que se abrió el domingo 26  cuando se denunciaron los gravísimos hechos que ocurrieron en el Estadio Presbítero Grella, durante el partido que disputaron Patronato y Unión de Santa Fe.

Un grupo de unas 40 personas confundió a un grupo de chicos del Club Deportivo y Social Strobel con hinchas de Unión y los agredieron salvajemente. Durante una audiencia que se realizó este viernes por la tarde en Tribunales -se inició a las 16,30 y terminó pasadas las 20-, los fiscales Giunta y Aramberry pidieron 90 días de prisión preventiva ante el riesgo procesal que supondría mantenerlos en libertad, con eventuales presiones a los testigos. A la medida se opusieron en forma cerrada los 11 defensores, entre ellos los defensores oficiales Juan Carlín, Emiliana Cozzi y Gaspar Reca.

La medida coercitiva de prisión preventiva por 21 días la deberán cumplir los trece imputados en la Unidad Penal N°1 de Paraná, hasta el 22 de diciembre.

La audiencia en la que se resolvió la prisión preventiva de los imputados se llevó a cabo este viernes por la tarde. Fueron cuatro horas de exposiciones, desde las 16,30 hasta casi las 20,30, en donde los representantes del Ministerio Público Fiscal, los fiscales Giunta e Ignacio Aramberry, junto con el representante del Ministerio Pupilar, Miguel Fernández, solicitaron 90 días de prisión preventiva para los acusados por considerar que su libertad pondría en riesgo la investigación. A su vez, señalaron que aún resta que se concreten varias testimoniales y medidas de prueba, como la recepción de informes médicos y de reconocimiento facial, que está a cargo de la Policía Federal con asiento en Buenos Aires.

Los abogados defensores de los acusados solicitaron la inmediata excarcelación y, si el pedido les fuera denegado, la prisión domiciliaria por el término de 30 días. Entre las razones esgrimidas, casi todos hicieron referencia a que sus defendidos son los únicos sustentos de sus familias y necesitan asistir a sus lugares de trabajo.

A continuación, los imputados y sus defensores:  César Follonier (abogado Marcelo Franco), Héctor Burgos y Claudio “Muñeco” Villagra (defensa Boris Cohen), Diego Martínez y Enzo Martínez y Carlos Bravo (abogado Claudio Verón y Corina Beisel), Sandro Godoy (Juan Carlín, defensor público);  Facundo y Maximiliano Altamirano (Emiliana Cozzi, defensora pública); Cristian Andrés Ruhl (Gaspar Reca, defensor público); Jorge y Exequiel Luna (abogado Santiago ); Gustavo Ríos (abogado Santiago Sokolovsky).

 

 

Acusación

La acusación fue leída por el fiscal Giunta, quien refirió que el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 17, en el Estadio del Club Patronato, mientras se disputaba el partido entre el local y Unión de Santa Fe, alrededor de 40 integrantes de la barrabrava del Rojinegro salió del estadio y entró en la tribuna que da a calle Ayacucho, para insultar y golpear a niños y adultos que fueron a ver el partido en el marco del programa “Los gurises van a la cancha”, que instrumenta el ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El fiscal señaló que en el episodio violento, los agresores golpearon a los niños y sustrajeron una bandera del Club Social y Deportivo Strobel. En ese contexto, señaló, también resultaron heridos seis policías. En cuanto a la calificación legal, dijo que se les imputan los delitos de coacciones agravadas, robo agravado y lesiones agravadas, cometidas en el contexto de un espectáculo deportivo, violando la Ley del Deporte.

Para acreditar las imputaciones, mencionó como pruebas las entrevistas a los niños lesionados, a miembros de la Comisión Directiva de Patronato, un informe policial sobre la situación, la denuncia de los policías agredidos, informes médicos y los videos que registraron los incidentes.

Por su parte, el fiscal Aramberry señaló que aún restan que se realicen las entrevistas a los funcionarios policiales que resultaron heridos; peritar teléfonos secuestrados a los imputados, para establecer conexiones; una rueda de reconocimiento que realizará el presidente del club de Strobel; y que se practique una medida de reconocimiento facial en los videos, por medio de la Policía Federal con asiento en Buenos Aires.

Los fiscales solicitaron 90 días de prisión preventiva, por cuanto entendieron que las 13 personas actuaron violentamente en conjunto, y que su libertad podría poner en riesgo la investigación, ya que aún faltan identificar a cerca de 30 agresores y porque podrían intimidar a los testigos de la causa. Por esa razón, la fiscalía solicitó una respuesta coercitiva igual para todos.

Aramberry mencionó que todos los imputados conocen a los dirigentes deportivos, y que estos ya fueron blanco de ataques en otras oportunidades. Recordó que en 2016 el club fue agredido a tiros y que a un dirigente hasta le dañaron el auto.

“La única restricción a la libertad posible es la prisión preventiva”, asentó Aramberry. A su tiempo, el representante del Ministerio Pupilar, adhirió a los argumentos y al pedido de prisión preventiva en el Penal de Paraná por 90 días.

Luego de un cuarto intermedio de media hora, el magistrado hizo lugar a la solicitud de la fiscalía en cuanto a que la libertad de los barras constituiría un riesgo procesal, ya que podrían intimidar a testigos de la causa.

El juez Mayer no estuvo de acuerdo con el plazo exigido por los fiscales. Sobre ese punto, el magistrado consideró que el término de 21 días es “razonable” para que los acusadores públicos puedan recabar más información sustancial para el expediente. De modo que los 13 barras fueron enviados a la Unidad Penal de Paraná hasta el 22 de diciembre.

Al finalizar la audiencia, todos los defensores adelantaron que apelarán la decisión del juez por entender que es arbitraria por cuanto no valoró la situación particular de cada imputado. Hicieron hincapié en que casi todos son el único sostén económico de su hogar y que la fiscalía no alcanzó a acreditar los hechos que se les imputa. La principal crítica a la acusación es que no hayan individualizado las imputaciones, y que se haya hecho de modo general. Por ello, los letrados y defensores oficiales consideraron que se violenta el derecho de defensa. En algunos casos resaltaron que en las imágenes no se observa a sus defendidos con palos o armas blancas, como se menciona en la imputación, ni tampoco participando de la brutal agresión a los chicos y padres del club de Strobel.

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.