En la segunda jornada de juicio oral y público que se le sigue al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, comparecieron ante el tribunal ocho docentes de la Escuela Privada Nº235 Heraclia Ruiz Díaz, citados por la Fiscalía.

Los maestros respondieron las preguntas de los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa; y de los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y María Fernanda Pinasco, por Rodríguez; y Javier Martínez y Guillermo Vartorelli –que se incorporó este martes- como defensores Néstor de Kemerer y Mario Heyde. El primero actual director subadministrador del DPV, y el segundo, exdirector de esa área, ambos imputado por el delito de peculado al igual que Rodríguez.

El establecimiento educativo inaugurado en marzo de 2014, bajo la consigna de la “primera escuela vial del país”, lleva el nombre de la madre de uno de los acusados, Néstor Kemerer, quien se postula para dirigir los destinos del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever).

Este martes todas las maestras reconocieron que sabían que Vialidad pagó sus sueldos durante un período, aunque dijeron no conocer que figuraban cono jefas de Sección Primera de la Dirección de Suministros del DPV. No obstante, sí dijeron que sabían que una vez que se conformara la Asociación Civil Los Viales, el Consejo General de Educación (CGE) se iba a hacer cargo de sus haberes.

También detallaron que fueron convocadas por Graciela Bergna, la directora de la institución, que antes de la creación de la escuela de Vialidad estaba a la cabeza de la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa.

En la jornada también hubo una discusión particular en el Tribunal: fue cuando la directora Bergna presentó  una nota que la asociación civil elevó al Tribunal de Cuentas, a través de la cual se le consultaba al organismo de control si debía devolver el dinero que Vialidad usó para pagar sueldos docentes. El organismo de control dio su negativa.

La Fiscalía se opuso a la incorporación de ese documento como prueba, mientras que el abogado Miguel Ángel Cullen solicitó, con vehemencia, que sí se integre. Tras una deliberación de más de media hora, los jueces aceptaron los documentos, así como camisetas y distintivos de la escuela que llevó la directora.

Los testimonios de los docentes

En primer lugar dio su testimonio María Susana Rabufetti, docente de nivel inicial de la escuela construida con fondos de Vialidad.  La maestra comentó que en octubre de 2013 fue convocada por Graciela Bergna “para presentar un proyecto para poder iniciar una escuela”.

La docente manifestó que le sorprendió la rapidez con que el CGE aprobó la creación de la escuela y admitió que sabía que sus sueldos iban a ser pagados con fondos del organismo. “Nos dijeron que el Consejo iba a reconocer el cargo económicamente. Mientras tanto, nos hicieron un contrato con Vialidad y nosotros percibíamos los haberes de ellos”, dijo.

Comentó que los primeros meses cobraban el sueldo mediante un cheque que debían retirar en la sede de Vialidad, en la esquina de calle Ramírez y López y Planes, y que, más tarde, tuvieron tarjeta de débito.

A  todos los maestros la fiscal Patricia Yedro le consultó si el sueldo que cobraban en la escuela Heraclia Ruiz Díaz era superior al que percibían en cualquier otra institución educativa. Todos coincidieron en que la suma que percibían eran superiores. “Había una pequeña diferencia, mayor a lo que cobraba en otras escuelas”, dijo la primera docente que declaró.

La nota al Tribunal de Cuentas

Luego el Tribunal recibió a Graciela Bergna, quien declaró este lunes, pero este martes acercó documental para avalar sus dichos. La directora mostró a los jueces remeras, cartelería y distintivos y una nota firmada por la Asociación Civil Los Viales elevada al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en el que preguntaban si debían devolver a Vialidad el dinero que se usó para pagar salarios. La respuesta del organismo de control fue que no.

Esta prueba fue considerada crucial por el abogado defensor Miguel Ángel Cullen, quien solicitó que sea incorporada junto a los demás elementos. Sin embargo, la fiscal Patricia Yedro se opuso a esa incorporación. Tras un extenso cuarto intermedio, el Tribunal decidió incorporar todo el material traído por Bergna.

Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, Cullen dijo no conocer el documento, ni en qué fecha fue enviado al organismo de control. “Es una prueba que no sabíamos que existía y la vamos a analizar”, sostuvo.

Más tarde fue el turno de Marcela Kraneviter, licenciada en Psicopedagogía que participó del proyecto de creación de la escuela. La profesional dijo que llegó a tener contacto con el proyecto a través de Graciela Bergna, a quien conocía de la Escuela Virgen de la Medalla Milagrosa. Ante la pregunta de los fiscales, detalló que en los primeros meses su sueldo era pagado con las cuotas que cobraba la escuela y que ella tenía que firmar un recibido cuando percibía el sueldo.

-¿Usted sabe cómo estaban contratadas las demás maestras?– le preguntó la fiscal Yedro

-Como viales, como cualquier empleado vial. Por ejemplo, a la fiesta de Vialidad ellas podían ir- respondió.

Más tarde, ante la pregunta de la fiscal de si alguna vez habían participado de una acto político, contó que una vez fueron convocados para la apertura de sesiones del Congreso de la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2014. “Nos convocaban desde la dirección de la escuela”, dijo en respuesta a la fiscal Yedro.

También reconoció que la Dirección de Suministros realizó aportes a la escuela y que incluso un día fue a comprar útiles con la directora Bergna. “Un día la acompañé a la directora a una librería a adquirir materiales”, dijo y aseguró que gastaron 5 mil pesos para abastecer con elementos al jardín.

Luego compareció Mariela Martínez, docente de nivel inicial. La maestra también dijo que pertenece a la camada que trabajó en el proyecto de creación de la escuela de nivel inicial, en 2013. Al igual que las demás, indicó que fue convocada por  Bergna, quien se desempeñaba como directora de la escuela Virgen de la Medalla Milagrosa.

La docente también dijo que sabían que Vialidad se iba a hacer cargo de su sueldo por un tiempo, hasta que el CGE liberara partidas específicas. “Desde el primer momento sabíamos que nos iba a pagar Vialidad hasta que sean reconocidos los cargos por parte del Consejo”, afirmó y señaló que firmaron un contrato con el organismo que entonces dirigía Rodríguez.

La trabajadora de la educación también refirió que el sueldo que le pagaba el organismo “era casi el doble” de lo que percibía en otra institución educativa. Cuando la fiscalía le preguntó a qué se debía esa diferencia, manifestó que “Vialidad nos pagaba el título docente”.

La docente precisó que estuvo contratada por Vialidad hasta diciembre de 2015, y que luego comenzó a cobrar por el Consejo.  “Firmé un papel donde decíamos que pasábamos a ser de la Asociación Civil y que Vialidad dejaba de pagar los sueldos”, precisó ante la pregunta de fiscalía, aunque luego no reconoció haber firmado un documento fechado el 7 de febrero de 2014.

Estefanía Pérez, docente de nivel primario, también contó una versión similar a la de sus colegas. Dijo que era docente de la escuela Virgen de la Medalla Milagrosa, y que allí, su directora, Graciela Bergna, la convocó para trabajar en la escuela de Vialidad.  “Cobraba por cheque en la escuela”, dijo y especificó que el 25 de febrero de 2015 firmó un contrato en la Dirección de Vialidad, aunque no leyó qué decía el  documento.

Los fiscales volvieron advertir que estaba contratada como Jefa de Sección Primera de la Dirección de Suministros de Vialidad y que se le pagó un adicional. La maestra afirmó no conocer ese cargo y tampoco un pago de más.

Luego fue el turno de Ana Belén Nuñez, quien refirió que ingresó a la escuela en febrero de 2015 como maestra jardinera y que se vinculó a la misma porque fue citada por la directora Bergna. La maestra también trabajaba anteriormente en la escuela Virgen de la Medalla Milagrosa.

Al igual que sus colegas, señaló que sabían que Vialidad pagaba sus salarios “hasta que nos reconociera el Consejo” y dijo que esa información le fue brindada por la directora de la institución. Detalló que el contrato lo firmó en la sede de la Dirección de Vialidad, ante un funcionario de apellido Milocco.

Paula Burgos, docente de nivel inicial, dijo que ingresó en la institución en 2015. Detalló que fue citada por la directora Bergna y que desde febrero hasta diciembre de ese año su sueldo fue pagado por el organismo. También  dijo que firmó el contrato en una oficina de Vialidad.

A su tiempo, Nélida Comini refirió que fue parte del proyecto que creó la escuela. Y sostuvo que se acercó a la iniciativa porque conocía a la directora Bergna, ya que trabajaban juntas en la escuela Las Heras.

La docente reiteró lo señalado por sus colegas: que Vialidad la contrató y que firmaron un documento en la oficina de Milocco el 7 de febrero de 2014; y que la directora pidió conformar una Asociación Civil porque era un requisito del CGE.

Incluso contó que cuando comenzaron a funcionar, a faltas de aulas, daban clases en el camping del Sindicato Obreros Y Empleados Viales De Entre Ríos (SOEVER). Y que luego se construyeron los espacios para la salita de 4 y 5 años.

Por último, Soledad Guadalupe Palleiro, maestra jardinera, contó que ingresó a la escuela de Vialidad en febrero de 2015 y dijo estar en conocimiento que su sueldo era pagado con fondos del organismo. Detalló que ingresaba al establecimiento como cualquier trabajador vial, que marcaba asistencia por el ingreso que da a calle Brasil.

El juicio continuará este miércoles con la comparecencia de nuevos testigos de la Fiscalía y la defensa.

La causa

La acusación de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, es que los tres imputados sustrajeron fondos públicos del Estado para destinarlo a un proyecto que no es de la incumbencia del organismo encargado de las rutas y caminos, violando la ley de Vialidad, Nº 2.936. Además, señalan que el organismo gastó 3 millones de pesos en personal docente, que figuraban como empleados viales; y que se gastaron cerca de un millón de pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.

También sostienen que Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, “sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela”.

Los fiscales piden una pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; y 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua, para Heyde.

En tanto, los abogados defensores sostienen que no existe delito en la construcción de la escuela y reclaman la inmediata absolución de sus defendidos.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.