La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, estableció que el Ministerio Público «es un órgano autónomo en sus funciones». Y fijó en su artículo 208° que un fiscal «con competencia en el territorio de la Provincia, tendrá a su cargo, la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales designados con intervención del Consejo de la Magistratura. La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido».

El miércoles 15 de agosto de 2018, diez años después de sancionada la nueva Constitución, el Procurador General Jorge García, dispuso que ese cargo quede en manos de la actual Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.
«Como es sabido, el constituyente local de 2008, junto a la resignificación institucional del Ministerio Público Fiscal, cómo órgano autónomo dentro del Poder Judicial que, entre otras tareas propias de la defensa de la legalidad, le asignó el rol de titular de la acción penal pública, bajo los principios de objetividad, especialidad, oportunidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica», colocó dentro de sus funciones la de organizar una fiscalía especializada en «investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delios contra la administración pública», con cometidos expresos a la Procuración General de asegurar «los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido», señala el texto de la resolución que firmó García.

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El Procurador hace notar que «al redactar el borrador del proyecto que finalmente la Legislatura sancionó como Ley 10.407 -Orgánica del Ministerio Público- habíamos previsto normas específicas de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de estos delitos. A la sazón, para evitar la vaguedad conceptual, dado que ´delitos de corrupción´es la denominación utilizada tanto por la Convención Interamericana como de Naciones Unidas, los ilícitos que en nuestra legislación penal se concretan en los bienes jurídicos institucionales Administración Pública, Fe Pública y Orden Económico y Financiero».

«Por razones que desconocemos -dice la resolución que firmó García- la Legislatura no incluyó estas reglas en la Ley 10407, dejando solo la norma transitoria del artículo 51, derogatoria de la Ley 9544, salvo las que refieren a la Fiscalía General -de funciones civiles- que en su eventual vacancia se habría de transformar en Procuración Adjunta».

El Procurador hizo notar que los delitos de corrupción «son de alta prioridad e nla investigación y juzgamiento», y que en tanto la Legislatura «no complete las normas que doten de personal técnico científico de pertenencia, imprescindible para la optimalidad investigativa, es pertinente avanzar con reglas internas que competen la dotación actual claramente insuficiente ante la complejidad de las causas».

Así, el Procurador decidió nombrar a la Procuradora Adjunta a cargo de la coordinación de las investigaciones de causas de corrupción. Y elevó el pedido al Poder Ejecutivo para la creación de tres cargos de perito contable y dos de peritos informáticos.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.