La Justicia declaró «nulo» el contrato de comodato firmado entre la Municipalidad de Colón y el Consejo General de Educación (CGE) por el cual la Provincia «cedió» a la administración del intendente Mariano Rebord (FPV) 30 hectáreas pertenecientes a la Escuela Agrotécnica Capitán Justo José de Urquiza, y que entre otras acciones generó un planteo desde el Senado dirigido al Poder Ejecutivo reclamando que el trámite volviera a fojas cero ante el reclamo de la comunidad educativa.
La mulidad fue dispuesta por el juez Ricardo Bonvin, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Colón, adonde recayó una acción de amparo caratulada «Erramuspe, José Ángel, Acuña Eva Emilse, Rebufat Carina Natalia, Millan de los Santos Adriana María, Jourdan Lorena Soledad, Aleman Gabriel David, Bonnin Nuria Cristina c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otro s/Acción de amparo».

Se trata de un grupo de padres que accionaron contra el CGE y también contra la Municipalidad dd Colón, trámite al que la Justicia dio curso favorable, y por tanto dispuso «declarar la nulidad del contrato de comodato celebrado en fecha 22 de marzo de 2017 entre el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Rïos, representado por el señor presidente profesor José Luis Panozzo, y la Municipalidad de Colón, representada por el señor presidente Dr Mariano Pedro Rebord, y el señor secretario de Gobierno y Políticas Sociales, Roberto Gustavo Blanc».
Así, la Justicia vuelve atrás con un trámite que ha sido fuertemente cuestionado.
A través de la resolución Nº 874/17, el CGE cedió casi 30 hectáreas del predio de la Escuela Agrotécnica de Colón en beneficio de la Municipalidad de Colón, que planea resolver allí el tratamiento de las aguas cloacales, un plan que tiene financiamiento de la Nación y que procura frenar el proceso de contaminación del río Uruguay.

El intendente Rebord ya había intentado antes quedarse con una porción del predio de la Escuela Agrotécnica Capitán General Justo José de Urquiza.
El primer intento de Rebord fue en 2013 y apuntaba directamente a apropiarse de la denominada Fracción B de la escuela: “Se trata de un campo complementario que representa aproximadamente el 50% de su capital en tierra y donde los estudiantes realizan las actividades educativas de ganadería y forestación”, señala el docente de la escuela Francisco Peragallo, en un escrito difundo por los integrantes de la escuela.

El proyecto de Rebord no prosperó entonces en función de una contundente respuesta desde la institución sobre la importancia patrimonial y de funcionamiento de ese terreno. El municipio desistió de momento, pero adquirió a través de un mecanismo de intercambio un terreno aledaño, donde se planifica llevar el basurero de la ciudad de Colón.

Cuatro años después, los miembros de la escuela, docentes y alumnos, supieron a través de diferentes publicaciones que el plan de tratamiento cloacal que presentaba la Comuna, incluía en efecto la mitad del predio de la escuela: unas 30 hectáreas.

La cuestión de la Agrotécnica de Colón derivó en la presentación de una denuncia penal en la Justicia contra el titular del Consejo General de Educación (CGE) por parte de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), medida a la que no se adhirió el sindicato que tiene la representación de los docentes de esa escuela, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), que prefirió seguir la vía de la negociación con el CGE, según observó el titular del gremio, Andrés Besel.

Mientras, en el Senado se aprobó un pedido de declaración que impulsó el senador Pablo Canali (FPV) dirigido al Poder Ejecutivo para que se revea la cesión de esos terrenos de la escuela a la Municipalidad de Colón.

El texto plantea:

la rescisión del contrato de comodato celebrado entre el Consejo de Educación y la Municipalidad de Colón, autorizado por resolución Nº 874/2017;
la suspensión del estado de cosas respecto de las gestiones que el Municipio de Colón se encuentra realizando con motivo del proyecto de complejo ambiental en la fracción de terreno perteneciente al Superior Gobierno de la Provincia (afectado al Consejo General de Educación);
la adopción de las medidas necesarias para generar los mecanismos de participación que permitan arribar a una solución justa y consensuada del conflicto de intereses suscitado, que comprenda los intereses de la comunidad de Colón en su conjunto.
Ahora ya no se trata de una expresión de deseos del Senado.
Más bien, un mandato judicial que pone en serios aprietos al CGE y a la Municipalidad de Colón.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.