Desde el viernes 27 de octubre de 2017, no se tienen noticias del empresario Omar Benvenuto, dueño de la fábrica de cilindros Inprocil, de Gualeguay, poseedor de una abultada fortuna y uno de los grandes exportadores de la provincia.
La investigación arrancó el domingo 29 de octubre en la Justicia provincial, y después de un mes de pocos avances y muchos escándalos, con la participación de los fiscales Agustín Gianini e Ignacio Telenta, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, el caso pasó al fuero federal. Y con cambio de carátula: se descartó la «averiguación de paradero» por la figura del «secuestro extorsivo», que es la hipótesis que sostiene la familia Benvenuto.
«Estamos buscando a Omar Benvenuto”, dice un aviso en la página oficial del Gobierno de Entre Ríos. Pero se trata de un alerta que perdió vigencia: allí se insiste que la causa es “averiguación de paradero”, y que la instrucción está en manos de los fiscales Gianini y Telenta.
Gianini, recusado por los hermanos Luis y Sebastián Erro y el exsenador provincial Hugo Lesca, renunció a su cargo, y Telenta dejó el cargo en el Miniterio Público Fiscal y se convirtió en juez de Garantías de Gualeguay.
«No hay novedades», resume el abogado Esteban Español, representante legal de la familia del empresario Omar Benvenuto, de quien no se tienen noticias desde el viernes 27 de octubre de 2017. «De todos modos, si hubiera alguna información para dar preferimos que la dé la Justicia. La investigación continúa, y se trabaja en función de los distintos elementos recolectados, que determinaron el pase de jurisdicción al fuero federal», apuntó.
-En algún momento se habló del pedido de un rescate. ¿No hubo más contactos de los supuestos secuestradores?
-No, no hubo más contactos. Lo cual no es un dato muy alentador. Definitivamente no lo es. Pero se sigue trabajando en las distintas pistas.
El jueves 23 de noviembre, la Justicia Federal se declaró competente para investigar la desaparición del empresario, quien fue visto por última vez el viernes 27 de octubre, cuando mantuvo una reunión con el exsenador provincial Hugo Lesca y el jefe de la bancada de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Gualeguay, Efraín Martínez Epele.
La Justicia provincial tomó intervención en el hecho el domingo 29 de octubre, cuando a mediodía fue hallada su camioneta a la vera de la ruta 12, cerca de Galarza, pero sin rastros de Benvenuto.
Tras la primera denuncia de la familia, la Justicia de Gualeguay abrió una investigación sobre averiguación de paradero del empresario, primero a cargo del fiscal Ignacio Telenta, después, timoneada por el fiscal Agustín Gianini, pero al final, puestos los dos a cargo por orden de la Procuración General de la Provincia. Los fiscales ordenaron algunas medidas que generaron polémica, como los allanamientos a propiedades del exintendente Luis Erro y el exsenador radical Hugo Lesca.
Ambos reprocharon esos procedimeintos y presentaron sendas denuncias contra los fiscales, que ahora investiga el fiscal Eduardo Santo. En medio, se produjo la renunci del fiscal Gianini a su cargo.
La filtración de un dato respecto a que la Policía utilizó información aportada por cruces de llamados entre Erro y Lesca que, después, se comprobó que no habían existido, provocó la ira de los allanados, que presentaron una denuncia contra los fiscales. Pero a pesar de una denuncia por la comisión de un supuesto delito en esa maniobra, la Justicia desechó la presentación.
Así, la causa “Benvenuto Omar s/ averiguación de paradero s/denuncia” sumó una investigación paralela por aquel error policial, a cargo del fiscal Eduardo Santo.
En medio,el querellante que representa a la familia Benvenuto, el abogado Esteban Español, planteó la necesidad de que el caso saliera de la órbita de la Justicia entrerriana.
“La desaparición de Omar Benvenuto se da el día 27 de octubre, y desde entonces empezaron las investigaciones en la Fiscalía y el Juzgado de Transición. Al comienzo era solamente una averiguación de paradero, pero el día 1º de noviembre se recibe un pedido de rescate, que después se reitera con distintos mensajes de texto en días subsiguientes”, dijo el letrado. Sobre ese dato que había cobrado fuerza en los últimos días, detalló: “Luego de un silencio de más o menos unos diez días, hay una comunicación el lunes pasado, donde se reiteran los pedidos de pago de un rescate, con cambios en los montos y modalidades, pero conservando el reclamo extorsivo”.
Español remarcó a qué se debe esta aparición pública: “La familia, que ha mantenido un silencio que fue lo que se pidió en los primeros llamados, hoy está preocupada o inquieta porque en realidad pruebas de vida no se tienen. Lo que sí se tiene es el criterio tanto de la familia como de los investigadores que han estado en la parte Federal que estamos ante un secuestro extorsivo”, opinó.
El jueves 26, y al cabo de la audiencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná declaró la competencia del fuero federal y decidió remitir “con carácter de urgente” el expediente de la causa Benvenuto al juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, para que empiece a instruir la investigación en torno al paradero del empresario, ante la posibilidad de que haya sido sometido a un secuestro extorsivo, según resolvieron los camaristas Cintia Graciela Gómez, Mateo José Busaniche y Daniel Edgardo Alonso.
El 13 de noviembre, el juez Ríos se había declarado incompetente, pero la resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. El fiscal general de Cámara Ricardo Carlos María Álvarez fundamentó la competencia del fuero federal al sostener que, del cruce de llamadas con la familia de Benvenuto, surge la hipótesis de que se trataría “de un secuestro extorsivo” y agrega “la posible comisión del robo de identidad”.
La intervención de la Justicia Federal comenzó cuando el 3 de noviembre último, Gastón Benvenuto, hijo del empresario desaparecido, formuló una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal Federal con la presunción de que su padre “podría haber sido secuestrado por personas desconocidas”. Esa hipótesis comenzó a tomar cuerpo luego de que el miércoles 1° de noviembre, a las 11,31, recibiera “un llamado anónimo extorsivo en el celular de su cuñado, por parte de una persona que aparentaba ser colombiano y luego de esa llamada recibió dos mensajes de texto de llamadas perdidas y un tercer mensaje”.
La primera intervención fue del fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, por una cuestión de competencia: recibió la denuncia de la familia y pidió al juez Ríos la intervención de teléfonos tras una primera llamada extorsiva con un pedido de pago de un rescate de 1 millón de pesos.
El segundo paso que dio el fiscal García Escalada fue peticionarle al juez Ríos que declare la competencia de la Justicia Federal, y solicite el apartamiento de la Unidad Fiscal de Gualeguay, a lo que el magistrado se opuso. Ríos entendió que no se daban las condiciones para un cambio de fuero: que con los elementos incorporados en la causa no estaba claro que se tratase de un secuestro extorsivo, y en caso de serlo, no había elementos que permitan suponer que se trata de un caso federal o que haya una banda interjurisdiccional operando.
Entonces, Ríos rechazó la competencia.
El fiscal federal de Victoria fue en apelación a la Cámara Federal de Apelaciones.
En la tarea investigativa, el fiscal federal García Escalada cuenta con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación.
“Hay que concentrar el esfuerzo en la búsqueda de una persona que puede estar viva. Entonces no se puede descartar la hipótesis del secuestro extorsivo -señalan desde la Justicia Federal, al argumentar el cambio de fuero-. Ante la mínima hipótesis se actúa y se trabaja como si fuera un secuestro”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.