El expresidente de Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer), Juan José Canosa, se defendió en la primera jornada del juicio en su contra por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El exfuncionario provincial, y actual asesor jurídico de la Cámara de Diputados, comenzó a ser juzgado por supuestas irregularidades en la contratación de familiares, amigos y allegados, entre 2007 y 2015, período en el que estuvo al frente de la tarjeta estatal.

Tras los alegatos de apertura de los fiscales y su defensa, Canosa se sentó frente a los jueces Alejandro Grippo (presidente), Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, y se defendió de las acusaciones, asegurando que no se interesó en la contratación de sus familiares.

En primer lugar, Canosa aseguró que su gestión triplicó las cuentas de Sidecreer. Señaló que cuando asumió el patrimonio de cuenta era de $2.900.000 y que cuando se fue del directorio, en 2015, la cifra superaba los $30 millones. “Cuántas empresas pudieron crecer casi un mil por ciento en ocho años”, preguntó.

Luego cuestionó la denuncia en su contra. Planteó que la denuncia original, presentada por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), hacía referencia a un “vaciamiento” de la tarjeta, pero que la Fiscalía cambió la acusación a negociaciones incompatibles porque no se pudo probar un desmanejo en el uso de fondos.

“Todo empezó con una denuncia y, luego, a raíz de una nota periodística, termina en denuncia penal por negociación incompatible. Es un método muy utilizado en los últimos años en nuestro país: una información periodística, denuncia de un diputado o un abogado, y escarnio para el denunciado”, sostuvo el exfuncionario.

Sobre la acusación, manifestó: “Jamás me interesé en ninguna de estas contrataciones. Jamás asumí competencia que no me correspondía. Jamás interferí en el proceso de compra. No hay una prueba de alguna acción mía que diga que yo haya asumido una competencia que no me correspondía, que vaya en contra de lo que dice la Comisión de Compras”. Y luego explicó el procedimiento que existe en Sidecreer para comprar insumos o contratar servicios.

Otro punto de su planteo defensivo fue que la tarjeta es una sociedad anónima, y que está fuera de la órbita del control del Estado. A raíz de sus dichos, los fiscales Juan Malvasio y Santiago Burgo le hicieron notar en varias ocasiones las intervenciones de contralor del Estado.

En otro tramo de su alocución, Canosa afirmó que el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que es síndico de Sidecreer, lo es como abogado privado, y no en representación del Estado. A su tiempo, al declarar como testigo, Signes lo contradijo. 

Alegatos de apertura

En los alegatos de apertura, el fiscal Juan Malvasio sostuvo que la Fiscalía está en condiciones de probar que en la gestión de Canosa se realizaron 32 contrataciones con familiares y amigos del exfuncionario, “afectando el normal funcionamiento de la administración y la legalidad de los actos”.

Además, sostuvo que la Fiscalía “honrando la política criminal impartida por la Procuración en delitos de corrupción, y en armonía con normas internacionales que regulan la materia, va a solicitar una pena de cumplimiento efectivo”.

Por su parte, el abogado defensor de Canosa, Raúl Barrandeguy, afirmó que “en la acusación no hay ningún hecho ilícito” y que “nada de lo que se dice se puede probar”.

Testigos

Este miércoles declaran como testigos el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el senador Raymundo Kisser (Cambiemos); el periodista Martín Carboni (NoticiaUno); y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio, entre otros.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.