La defensa del expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, recusó al fiscal que lo investiga por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, investigación que se disparó tras una serie de presentaciones de un grupo de legisladores del frente Cambiemos.

La tesis de la recusación será evaluada durante una audiencia que tendrá lugar este miércoles, a las 11,30, en Tribunales, de la que participarán los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, el fiscal que se pretende recusar, Juan Malvasio, y la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo. Allí, en el salón de audiencias, se escucharán los argumentos de los recusadores. También estará presente el otro fiscal que investiga a Canosa, Santiago Brugo.

La chicana de la defensa se produce cuando la causa por las negociaciones incompatibles con la función pública, delito que se acusa que desarrolló Canosa estando al frente de Sidecreer, avanza a pie firme, y se encamina a juicio oral. Del mismo modo,  y tras los allanamientos a cuatro mutuales, había dado un salto hacia adelante la causa por enriquecimiento ilícito.

Canosa dirigió los destinos de Sidecreer entre 2009 y 2015, y tras la finalización del segundo mandato de Sergio Urribarri como gobernador recaló con el exmandatario en la Cámara de Diputados, donde cumple la función de asesor legal. Mientras estuvo al frente de la tarjeta de crédito del Estado entrerriano autorizó contrataciones con empresas vinculadas a su círculo íntimo.

Al abogado Canosa se le imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y sus familiares y amigos, como partícipes necesarios. En esa calificación quedaron su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y al esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba.

 

Al ex titular de Sidecreer se lo acusa de haber hecho negocios con sus familiares mientras estuvo al frente de la tarjeta estatal. Concretamente, la fiscalía cuenta con una importante cantidad de documentación en la que se observa que Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer por un monto de 262.300 dólares.

 

También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas -pareja de Carlos Alberto Canosa-; a la hermana de ésta María José Cuestas; y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba, a través de Excelcom SA, otros 635.000 dólares en insumos informáticos.

 

Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia -presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente-, y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo de Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.

 

Al Ministerio Público Fiscal ya concurrieron todos los involucrados a prestar declaración indagatoria. A excepción del ex titular de la tarjeta estatal, todos los demás se abstuvieron de declarar ante los fiscales Brugo y Malvasio.

 

Pero Canosa no sólo tendrá que explicar esos negocios con familiares. Y es que los funcionarios judiciales también podrían sumar a Canosa la imputación por el presunto enriquecimiento ilícito. Lo que resta conocer es si lo fiscales remitirán la causa a juicio parcialmente o ampliarán la imputación a enriquecimiento ilícito y llevan a juicio a Canosa con dos causas unificadas.

Uno de los más fieles seguidores de la marcha de la causa contra Canosa es el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), cuya presentación ante el procurador Jorge Amílcar García disparó la investigación. Después, se sumó un grupo de diputados de Cambiemos, Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola, que apuntaron al enriquecimiento de Canosa.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.