Finalmente, la causa penal que investiga los abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo –que tiene como único acusado al cura Justo José Ilarraz– empezó a dar sus primeros pasos en la etapa actual, previa a la fijación de la fecha del juicio oral en el que el sacerdote deberá estar sentado en el banquillo.
El 8 de marzo, el Tribunal de Apelaciones especialmente conformado –y que integran Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay— admitió las pruebas presentadas por las partes, el fiscal Rafael Martín Cotorruelo, los querellantes Rosario Romero, Marcos Rodríguez Allende y Milton Urrutia, y el defensor Juan José Ángel Fornerón, y emitió una serie de citaciones para testigos que deberán declarar en forma personal.
Resta, de igual modo, fijar la fecha de esas audiencias, un trámite que seguirá a la resolución que los jueces adoptaron el 8 de este mes.
En el extenso listado de testigos que el Tribunal citó a declarar están el cardenal Estanislao Karlic; el vicario de la diócesis de Concordia, Alfonso Frank; el actual arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari; el arzobispo emérito Mario Luis Bautista Maulión; el canciller de la curia y jefe de la División Capellanía policial, Hernán Quijano Guesalaga; el exrector del Seminario de Paraná, Eduardo Jacob; el secretario privado de Puiggari, Mario Gervasoni; y, entre otros, los sacerdotes Gabriel Battello; Pedro Barzán; Silvio Fariña; el exvicario general de Paraná, Cecilio Paul; José Barreto; Diego Rausch; Luis Anaya; José Falcón; Jorge Bonnin; Leandro Bonin; y Alfredo Nicola.
Entre la variada prueba que admitió el Tribunal, está el juicio diocesano que mandó a realizar Karlic en 1995 sobre Ilarraz; la pericia psicológica hecha al cura acusado mientras estuvo en Roma, en la segunda mitad de la década de 1990; el original de la carta que firmaron en 2010 los sacerdotes miembros del decanato III de la diócesis en la que pidieron a Maulión que denunciara a Ilarraz en la Justicia; 11 cartas que se intercambiaron algunas víctimas con el cura y que fueron aportadas por la defensa; y entre la “documental nueva”, una “carta manuscrita firmada por monseñor Karlic que acompañó la defensa técnica”.
El fiscal Cotorruelo, además, pidió que durante la sustanciación del juicio se practique una “inspección judicial” en el Seminario Arquidiocesano. En tanto, el defensor de Ilarraz requirió que se soliciten informes a Migraciones, al Obispado de Concepción, Tucumán; y al Registro Civil de Paraná, entre otros trámites. También, un informe del proceso que abrió el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires sobre la causa Ilarraz.
En cuanto a la pericia caligráfica que la defensa de Ilarraz pidió que se practicara a Karlic respecto de una carta manuscrita aportada como prueba, el tribunal dispuso que “teniendo en cuenta que se lo citará para prestar declaración en el debate, próduzcase el reconocimiento en tal oportunidad”.
En tanto, y a pedido del querellante Milton Urrutia, el Tribunal dispuso librar un oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se tramita un recurso extraordinario respecto del planteo de prescripción de la causa. Piden que “se informe respecto del estado en que se encuentra el Incidente de Prescripción de la Acción impulsada por el imputado Ilarraz en los presentes autos”.
El expediente llegó a la Corte el 21 de octubre de 2015, y desde entonces no se ha resuelto, aunque en medio han ocurrido gestiones desde el Poder Judicial de la Provincia en procura de lograr un pronto despacho. El último movimiento de la causa ocurrió el 3 de febrero, cuando pasó a despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Ya hay, sin embargo, un dictamen de la Procuración. Y es contrario al pleito que plantearon los defensores de Ilarraz, Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón, que entienden que el delito que se le reprocha al cura, promoción a la corrupción agravada, está prescripto, que habría que cerrar la investigación y decretar el sobreseimiento del sacerdote.
La Procuración General de la Nación, que dirige Alejandra Gils Carbó, aconsejó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazar el recurso extraordinario federal que presentó la defensa del cura Ilarraz, por la que pretende que se declare prescripto el delito que se le imputa al sacerdote: “promoción a la corrupción agravada”, según la calificación de la Justicia.
El dictamen, firmado el 25 de abril de 2016 por el procurador fiscal Eduardo Ezequiel Casal, señala: “A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar pues al dirigirse contra una decisión que rechaza la prescripción, cuyas consecuencias no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, se encuentra ausente el requisito de sentencia definitiva”.
Hay siete denuncias contra Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993. Se trata de quienes fueron sus pupilos en el internado, cuando cursaban el ciclo básico de la escuela secundaria. Los siete denunciaron en detalle de qué modo Ilarraz abusó de ellos en el Seminario.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.