La causa de los contratos truchos en la Legislatura anotó este miércoles un nuevo round en Tribunales. En el salón María Sara Jesús Oyampé, los integrantes de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, oyeron los argumentos de los defensores José Velázquez, Humberto Franchi -que representan a Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo- y de Iván Vernengo -que defiende a Alfredo Bilbao- para reclamar el cese de las restricciones a la libertad y solicitar el fin de las prisiones preventivas.

La investigación penal tiene a siete personas con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 y otras dos, bajo el régimen de arresto domiciliario. Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que Flavia Beckman tiene la modalidad de prisión domiciliaria.

También están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Además de Beckman, también tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

 

Pedidos

Velázquez, Franchi y Vernengo reprocharon las decisiones judiciales y la tesis de la Fiscalía de sostener que las prisiones preventivas dictadas se justificarían en la existencia de riesgos procesales por eventual entorpecimiento a la investigación.

“Acá hay ficciones de culpabilidad –dijo Velázquez ante la Sala Penal-. A nuestro entender, no se puede sustentar el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. ¿En qué se sustenta? Pura y exclusivamente en la grave dad del hecho. Esto es una ficción de culpabilidad. Fiscalía tiene que probar este entorpecimiento en términos concretos. No se puede hacer ficción. Si no, la prisión preventiva se convierte en un adelanto de la punibilidad. Y esto no puede corresponder a un sistema jurídico como el nuestro”.

E intentó probar esa hipótesis por el absurdo: dijo que no todos los imputados están en prisión, y se refirió al caso de Flavia Beckman, la primera de las detenidas en la causa de los contratos truchos, a quien no se la envió a la cárcel sino que tiene prisión domiciliaria con tobillera por una razón administrativa: la Unidad Penal de Mujeres no tiene lugar para dividir penadas de procesadas. “Flavia Beckman está con prisión domiciliaria y no hubo ningún inconveniente”, aseguró.

A su turno, Franchi reprochó la decisión de la Cámara de Casación Penal –que luego de la prisión dispuesta por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, confirmada por la camarista Carolina Castagno, rechazó por inadmisible el planteo de los defensores, que así debieron ir en queja ante la Sala Penal del STJ. “Hay –observó el abogado- una evidente y gravosa contradicción en lo que viene resolviendo Casación respecto de lo que ha dispuesto el Superior Tribunal respecto a los parámetros de la prisión preventiva. ¿Por qué están privados de la libertad Mena y Scialocomo? No se ha acreditado el supuesto entorpecimiento a la investigación”.

Mencionó que existen personas sindicadas como partícipes de la “organización criminal”, como refiere la Fiscalía, que operó con los contratos truchos, y con responsabilidad primaria en la operatoria, que todavía no han sido citados a declaración de imputado. “No pide esta defensa que los citen a todos y se los detenga. Pedimos que se respeten las garantías constitucionales, y cumplamos con la Constitución”, subrayó.

En función de esos argumentos, pidió la excarcelación de sus defendidos o, en su defecto, la prisión domiciliaria, fuera de la cárcel.

Iván Vernengo, que defiende al contador Alfredo Bilbao, insistió en el punto en que no está probado de qué modo los detenidos de la causa de los contratos pudieran entorpecer la investigación estando en libertad. “Si Bilbao hubiese querido ocultar o desaparecer información que lo involucrase, hubiese hecho desaparecer la computadora, no la hubiese llevado a la casa”, señaló.
Solicitó a la Sala Penal “anular” el fallo de Casación y las disposiciones judiciales que mandaron encarcelar a su defendido, y dar la libertad o, eventualmente, mantener la preventiva pero bajo la modalidad domiciliaria.

Rechazo

La Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche planteó desde el vamos el rechazo a los pedidos de los defensores. Dijo que las prisiones preventivas están amparadas en “claros fundamentos”, y luego de una disquisición sobre cuestiones técnicas de procedimiento judicial –como el “doble conforme”, un fallo de primera instancia y su confirmación en segunda instancia, presupuesto que se dio antes de llegar a Casación- negó que la Fiscalía se haya extralimitado en el tiempo de prisión preventiva que pidió, de 40 días en un caso, de 90 días en otros. Y alegó que “no hay regla constitucional ni legal” que establezca plazos más cortos.

Pero al ir al punto central del debate, aseveró que “todos” los imputados en la causa de los contratos “han realizado actos de entorpecimiento” durante la etapa de la investigación penal preparatoria, que se abrió el último 20 de septiembre. Mencionó que se ha imputado de los delitos de peculado y asociación ilícita a 35 personas, de las cuales sólo 7 tienen prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. “Hemos sido muy selectivos en aquellas personas que creemos que corresponde la preventiva, teniendo en cuenta el rol en la organización y las maniobras de entorpecimiento que realizaron. Para las personas que entendemos que tuvieron un rol menor, no hemos solicitado prisión preventiva y nos hemos conformado con medidas coercitivas”, aseguró.

Dijo que determinados integrantes de la organización que se dedicó a lucrar con los contratos truchos –con un perjuicio estimado para el Estado de $2.000 millones-, “se organizan para actuar sobre los testigos”. Después, contó de forma detallada cómo se estructuraba esa “organización»: en la base de la pirámide, los contratados, que llegaron a ser aproximadamente 600, señaló; luego, los cobradores de cheques, y aquí ubicó a Flavia Beckman; después, los “reclutadores y recaudadores”, entre quienes mencionó a Hugo Mena y  Esteban Scialocomo. Un escalón superior lo conforman los “rendidores” del dinero recaudado, entre quienes estaban los estudios contables. “Además de controlar el  ingreso de contratados, Mena rendía el dinero para arriba, al coordinador Alfredo Bilbao, que está en la fase siguiente. Cuando Bilbao vació el estudio que ocupaba el 25 de septiembre de 2018, para nosotros constituyó un hecho de entorpecimiento. En ese estudio, que compartía con Faure, hacían la recaudación, y la  contabilidad de cada uno de los cheques. Esto lo pudimos determinar por mails recuperados”, aseguró.

Respecto de Gustavo Pérez, también con prisión en la cárcel, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, sostuvo que tenía “un rol trascendental”. Fue quien se contactó vía mensajes al teléfono de Hugo Mena el día del allanamiento de su casa –es pareja de Flavia Beckman- y le contó todo lo que estaba secuestrándole la Policía.

Goyeneche reprodujo el diálogo que mantuvieron Mena y Pérez. Este último buscó aportarle tranquilidad, y le dijo que habría funcionarios ocupándose de solucionar el asunto. Fue entonces que Pérez le dijo a Mena una frase que llama a la intriga y que abre innumerables sospechas respecto a quién se refería.

-El Número 1 también está en el tema.

¿Quién es el Número 1?

Después, le dice otra frase que para la Fiscalía es prueba del entorpecimiento.

-Ojo con el celular. Escondelo –le aconseja Pérez a Mena durante el día del allanamiento.

El fiscal Ignacio Aramberry insistió en que a lo largo de la investigación “hubo indicios concretos de obstaculización, y en el caso de Bilbao, de ocultamiento”. Dijo: “Bilbao no intentó influir sobre los testigos, como hicieron Beckman y Mena. Pero su conducta tipificó otro tipo de obstaculización a partir del ocultamiento. Se acreditó que la mudanza de estudio fue intempestiva: fue de un día para el otro. Y esto lo pudimos probar por el testimonio de la administradora del edificio, que dijo que la sorprendió la mudanza. No es una conducta inocua”.

Aramberry dijo que Bilbao intentó borrar archivos de su computadora personal y que según la pericia informática, “su cuenta de correo electrónico fue manipulada con posterioridad a los allanamientos y detenciones”.

Por eso pidió al tribunal que mantenga las prisiones preventivas.

El presidente de la Sala Penal, Daniel Carubia, dijo que en el plazo legal dará a conocer lo resuelto por el tribunal. Y para eso tiene un plazo de 20  días.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.