La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) habilitó la feria judicial para tratar el recurso de queja interpuesto por los abogados defensores de cuatro imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, que según el Ministerio Público Fiscal le produjo un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones.

La expectativa de los defensores es conseguir un fallo favorable en la máxima instancia judicial provincial que revoque las prisiones preventivas en la Unidad Penal y permita que todos los implicados en la causa queden en libertad.

El recurso que se analizará, en una audiencia en fecha y hora a confirmar, es el que presentaron los abogados Humberto Franchi y José Velázquez, defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo; y el contador Alfredo Bilbao, que es asistido técnicamente por Iván Vernengo y Damián Petenatti.

El 31 de diciembre de 2018, los jueces de la Sala Penal Daniel Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak hicieron lugar al recurso de queja interpuesto por los letrados y declararon “mal denegadas” las impugnaciones extraordinarias por parte de la Cámara de Casación Penal, en una resolución que se conoció el 27 de diciembre.

Como informó Entre Ríos Ahora, la Sala Penal de feria, en la primera quincena de enero, está compuesta por los jueces Daniel Carubia, Bernardo Salduna y Oscar Benedetto. En la segunda mitad de enero, en tanto, estarán Salduna, Hugo Perotti y Eduardo Romeo Carbó.

 

Idas y vueltas con la modalidad de arresto

El 16 de diciembre de 2018, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata dispuso 90 días de arresto en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para el cuñado de Sergio Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera, y su cuñado Alejandro Almada; mientras que aplicó prisión domiciliaria por el mismo tiempo a Sergio Cardoso, Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.

Días después, el lunes 24 de diciembre, a pocas horas de la Navidad, el juez Mauricio Mayer dispuso  un cambio en la modalidad del arresto tras la presentación de un habeas corpus presentado por Aguilera y otros acusados, ya que en la Unidad Penal no se los alojó en un pabellón separado de los condenados, como había establecido la jueza Barbagelata.

Ante la falta de espacio de la Unidad Penal, Mayer les aplicó a todos los imputados la prisión domiciliaria con tobillera electrónica “hasta que el Servicio Penitenciario comunique al juez de grado la efectiva disponibilidad del lugar específico de alojamiento en la Unidad Penal N°1”.

Esa resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. El 31 de diciembre, la Sala Penal ordenó revocar la prisión domiciliaria a la que había accedido Aguilera, y otros cinco implicados.

En su resolución, el STJ dispuso también la vuelta a la cárcel de Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. En cambio, concedió continuar con prisión preventiva en la modalidad domiciliaria a Flavia Beckman.

Finalmente, el pasado viernes 4 el Servicio Penitenciario dijo contar con un pabellón especial, separado de los presos con condena firme. Así, ese mismo día el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, dispuso la vuelta a la cárcel de cinco de los nueve implicados.

Aunque no volvieron todos a la cárcel: sólo regresaron Aguilera, Pérez, Mena, Faure y Bilbao. Y es que la unidad penitenciaria informó que no había tantos lugares. De modo que no hubo lugar para Scialocomo. Para entonces ya estaba en la cárcel Alejandro Almada, mientras que Beckman, continúa con la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, de la que también goza el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.