La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá analizar y expedirse en los próximos días acerca de un recurso de queja presentado por los abogados defensores de imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura.

Los letrados pretenden que el máximo tribunal revoque las prisiones preventivas, con modalidad en la Unidad Penal, asunto sobre el cual vienen cosechando reveses en instancias inferiores. El juzgado de Garantías, el Tribunal de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal han confirmado en diferentes momentos el alojamiento en la cárcel de los acusados.

El 31 de diciembre de 2018, los jueces de la Sala Penal Daniel Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak hicieron lugar al recurso de queja interpuesto por los letrados y declararon “mal denegadas” las impugnaciones extraordinarias por parte de la Cámara de Casación Penal.

Como contó Entre Ríos Ahora, el STJ habilitó la semana pasada la feria judicial para analizar el expediente. El legajo, según explicó una fuente tribunalicia, está a disposición de las partes por 10 días y se estima que por ello no habrá fecha de audiencia hasta después del 21 de enero.

En el recurso de queja ante la Sala Penal, los abogados José Velázquez y Humberto Franchi -defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo- y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que representan a Alfredo Bilbao-, plantean: “La violación constitucional que aquí se denuncia guarda relación directa e inmediata con lo decidido por el Tribunal de Casación, toda vez que se ha llegado mediante arbitrariedad a la conclusión de rechazar por inadmisible la excarcelación impetrada referenciada y violando las reglas de la sana crítica en la apreciación de los dichos y pruebas, no dando respuesta, ni en su mínima expresión, a todas los agravios formulados por la defensa, incurriendo en consecuencia en una fundamentación errónea y deficiente, por ende, aparente, omitiendo aplicar al caso la excarcelación o morigeración de la misma en pos del principio de inocencia que les corresponde a Beckman, Mena y Scialócomo en forma subsidiaria al menos por el principio del In Dubio Pro Reo, conforme se agraviara esta defensa, incumpliendo el deber de contralor, violando las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que resultan irreparables, como así también el derecho a recurrir el fallo y a que éste sea revisado realmente por un Tribunal Superior”.

“Adicionalmente -agregan- debemos poner de resalto que el fallo criticado vulnera palmariamente otro de los principios incluidos en nuestra Carta Magna y tratados internacionales como lo es el de ser una sentencia contradictoria con la doctrina sentada en fallo anterior del mismo tribunal y del Superior Tribunal de Justicia sobre la misma cuestión, ya que sin lugar a dudas la resolución dictada resulta contradictoria con otras sentencias de la misma Sala 1 de la Cámara de Casación Penal y/o del Superior Tribunal de Justicia sobre los criterios fundantes de la prisión preventiva, por ello esta defensa entiende que en esta investigación penal preparatoria existen justiciables con resultados distintos en esos ámbitos comparativos, y que de no poder hacerlo contribuirían al desprestigio mayor de los tribunales involucrados, incrementando la desconfianza ciudadana en las decisiones judiciales”.

La causa

La causa penal que investiga el delito de asociación ilícita se abrió el 20 de septiembre de 2018. Por ahora, tiene bajo prisión preventiva a 9 personas -7 en la cárcel y dos con domiciliaria-, medida de precaución adoptada para evitar que entorpezcan el trabajo de los fiscales.

En la Unidad Penal se encuentran: Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y funcionario de la Cámara de Diputados; los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Senadores, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, y los “recaudadores” Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Un tiempo estuvo bajo arresto en la Unidad Penal N° 6, de mujeres, Flavia Beckman. Hoy se encuentra con prisión domiciliaria. En esta misma modalidad de arresto se encuentra Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo de Diputados.

Qué dice la acusación

El expediente judicial está caratulado “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”. Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de $5.000 cuyos montos se fueron incrementado también hasta $50.000.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.