Dos de los imputados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, y Roberto Ariel Faure, sindicado por la Fiscalía como partícipe de la mecánica de la operatoria delictiva, no han podido abandonar la Unidad Penal Nº 1 y gozar de prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, tal como dispuso la jueza de juicio María Carolina Castagno, por una razón meramente administrativa: el Servicio Penitenciario de Entre Ríos se quedó sin tobilleras electrónicas.

Ese faltante de tobilleras electrónicas recién se subsanará este jueves 28 de febrero, por lo cual hasta entonces seguirían Pérez y Faure alojados en la cárcel de Paraná. Aunque el abogado defensor de Faure, Leopoldo Cappa, acudió con un planteo a Tribunales y planteó que el hecho «de que no se encuentre disponibles tobilleras no es una causa que se le pueda cargar a mi pupilo». Y en función de esa situación solicitó que «en forma inmediata se disponga prisión domiciliaria sin tobillera y con las garantías dispuestas».

Claro que la petición del letrado fue rechazado por la jueza Castagno. «Atento lo informado por el Oficial Adjutor Principal Carlos Salomón,  Jefe de Monitoreo Electrónico, a lo solicitado por el Dr. Leonardo  Cappa, defensor del imputado Roberto Ariel Faure, estése a lo    oportunamente dispuesto en el marco de la audiencia de fecha  22.02.2019, debiendo permanecer alojado su asistido en la Unidad Penal   Nº 1 de esta capital, al igual que el coimputado, Gustavo Hernán Pérez».

Justamente, el viernes 22 Castagno dispuso la domiciliaria de Pérez y Faure con tobillera electrónica.

En su fallo, Castagno entendió que aún existe riesgo de que los imputados entorpezcan la investigación penal preparatoria y por ello mantuvo la prisión preventiva, pero cambió la modalidad: la cumplirán en sus domicilios, monitoreados con tobillera o pulsera electrónica.

La camarista resaltó que su decisión “está en sintonía” con el reciente fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que puso fin a la prisión preventiva de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, otros acusados en esta causa.

En su resolución,  Castagno dio cuenta de las dos posturas en pugna: por un lado la Fiscalía, a través de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, que solicitaron confirmar el fallo de la jueza Barbagelata que les aplicó prisión preventiva por 60 días, por entender que se ajusta a derecho; y por otro los abogados defensores, que manifestaron que la resolución cuestionada carecía de “lógica” y que, entre otras cosas, no seguía el criterio de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a principios de mes revocó la prisión preventiva de los coimputados antes mencionados.

“La decisión adoptada por la magistrada –Barbagelata- supera el principio de proporcionalidad, puesto que esta privación de la libertad en cualquier momento del proceso se puede modificar”, señaló Castagno en su fallo y agregó luego que aún se acredita riesgo que de los imputados entorpezcan la investigación.

Pero de momento ni Pérez ni Faure han podido volver a sus domicilios y siguen alojados en la Unidad Penal.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.