La jueza de Garantías Marina Barbagelata aplicó hoy medidas coercitivas por 90 días para un grupo de 8 personas a quienes la Fiscalía sindica como pertenecientes a la «organización» dedicada a defraudar a las arcas de la Legislatura entrerriana mediante contratos truchos de personas, manioabra según la cual se estima un desfalco del orden de los $1.235 millones a lo largo de diez años, entre 2008 y 2018.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y tiene en prisión a seis personas, la cara visible de la estructura encargada de reclutar personas para firmar contratos de trabajo con la Legislatura de los cuales después recibían una ínfima parte: el grueso del dinero iba a una caja negro cuyo destino es por ahora incierto. Tras las rejas están Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

Según la apertura de la causa, el mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

La jueza Carolina Castagno confirmó la prisión por cuatro meses para Beckman, su esposo, Hugo Mena, el yerno de éstos, Esteban Ángel Scialocomo, y para el contador Alfredo Bilbao. A ellos, se sumaron a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva por 90 días el contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y el contador Roberto Ariel Faure. 

En el marco de esa investigación, este lunes prestaron declaración indagatoria en Fiscalía Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Gustavo Pérez).

Luego, a mediodía, durante una audiencia que presidió la jueza Barbagelata, los fiscales Patricia Yedro e Ingacio Aramberry, pidieron medidas coercitivas contra todos ellos durante un plazo de 90 días.

La magistrada entendió que las medidas de coerción «son menos invasivas» que una prisión preventiva. Y por eso accedió a la petición de los fiscales: prohibición de tener cualquier tipo de contacto con un listado de 350 personas que figuran en los contratos de trabajo con la Legislatura, fijar domicilio comprobable y sólo pueden salir del país previa autorización de la Fiscalía.

 

Antes, la fiscal Yedro había dicho de ellos que tuvieron una «partcipación  menor» en la organización. «Ninguna de las personas que está hoy aquí reviste funcionario publico, por tanto hay menor riesgo de entorpecimiento», agregó.

«Las personas que se encargaban de manejar el dinero están detenidas. Ellos no tenían poder decisorio en la organización. Eran reclutadores de los contratados, y manejaban las listas. Conocen a los contratados», sostuvo.

A la audiencia asistieron los abogados Patricia Valin y Miguel Cullen, que defienden a Verónica Caino -cuya ocupación, dijo en la audiencia, es la de «decodificadora emocional»-; en tanto que el resto de las personas son defendidas por José Velázquez.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.