El empresario Ricardo Fabián Barreiro llegó al Palacio de Tribunales de Paraná este lunes minutos antes de las 9, junto a sus abogados el ex diputado nacional peronista y ex convencional constituyente, Raúl Barrandeguy y su socio Candelario Pérez. Hasta hoy había pocas imágenes de Barreiro, el empresario que trabajó en las sombras con el kirchnerismo. Este martes continuará el juicio, con los alegatos de la fiscalía y la defensa.

La imagen más conocida de Barreiro es la que se lo ve de frente con un poblado bigote canoso, una camisa a cuadros y una campera marrón. Pero el lunes el look fue diferente: el empresario llegó afeitado completamente, combinando zapatos negros con un jean, un saco azul con unas finas líneas y una camisa blanca, sin corbata.

El empresario santacruceño enfrenta su primer juicio y es en Entre Ríos. Luego deberá responder en Río Gallegos en una causa en la que está procesado por haber resultado beneficiario de la concesión de una compañía de carga aérea Jet Paq y haber sido contratado en forma simultánea por el Organismo Regulador de Aeropuertos. Aquí también aparecen las incompatibilidades.

Barreiro, de 59 años, es un empresario del transporte y turismo, licenciado en Administración de Empresas y docente en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Pero se lo conoce como un hombre que creció por sus vínculos con la familia Kirchner. Barreiro nunca se expuso tanto a la prensa como este lunes y hoy martes.
Al santacruceño se le atribuye que el 1 de octubre de 2012 introdujo en la declaración jurada del formulario del Registro de Proveedores de Entre Ríos la aseveración de que no era funcionario, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo. El centro estaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FpV. El delito es falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.

La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite de registración omitió decir que era funcionario provincial. El 7 de noviembre el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó.

Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires.

Hay un detalle del Boletín Oficial de Entre Ríos del 26 de septiembre de 2012 que es revelador: en la página 5 se informa de la designación de Barreiro y en la 21 aparece el llamado a licitación. Según Barreiro, él sólo se enteró del llamado a licitación de la Dirección de Turismo Social, que dependía del Ministerio de Turismo.


Ese dato lo resaltó, en noviembre de 2014, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, quienes confirmaron el procesamiento de Barreiro. Decían entonces los magistrados: “el argumento defensivo de que Barreiro desconocía que era funcionario público de la provincia de Entre Ríos es insostenible a la luz de la lógica y la experiencia”. Y a continuación explicaban que en la indagatoria reconoció que tomó conocimiento de la licitación pública del Ministerio de Turismo “en ese transcurrir de ida y vuelta’ a la provincia: llamado a licitación pública que fue publicado el 26 de septiembre de 2012 en la página 21, casualmente el mismo día que se publicó el decreto de designación en la página 5”. En esa misma resolución sugirieron que se investigue la posibilidad de la existencia del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, como lo había planteado en la instancia inferior el juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi.

La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó. Barreiro fue el único oferente. Hubo funcionarios judiciales que en la etapa de instrucción de la causa intentaron investigar si existió una licitación amañada, pero esa posibilidad se abandonó con escasas argumentaciones por parte de la fiscal Viviana Ferreyra, en noviembre de 2015.

Las primeras palabras de Barreiro en el juicio ante el juez Pablo Vírgala fueron: “señor juez, hoy llego a Entre Ríos muy triste. Todo esto es injusto. Totalmente injusto. Lo digo de corazón. Soy un militante político, no lo niego, soy peronista, y milito en el Frente para la Victoria. Durante 24 años lo he sido. El peronismo me dio todas las posibilidades de ser quien hoy soy. Me siento orgulloso de serlo”.

Después de mostrarse dolido por la situación, habló de su relación con Lorenzo y sus “colaboraciones” con el Ceicer pero negó haber estado en conocimiento que tenía un cargo en dicha repartición al momento de inscribirse como proveedor del Estado para poder participar de una licitación.
Sobre su firma en el Registro de Proveedores, donde habría omitido consignar que era funcionario, dijo que la planilla fue completada por otra persona, posiblemente un encargado de esa oficina, y que él sólo puso la firma: “Yo firmé la última página, no es la letra mía la que está en la declaración. Se investigó sobre mi firma, pero no sobre la letra”, dijo.

“Cuando me inscribo hay un funcionario que debería determinar si yo era funcionario, la gente va a una computadora y verifica si soy funcionario o no: nadie dijo nada. Me inscribo y me voy. Eso me permite presentarme en la licitación”, planteó y agregó que “desde el momento que me inscribo hasta el momento de la licitación nadie supo que era funcionario”.
Al mismo tiempo, Barreiro consideró la acusación de la fiscalía como una “falacia” y cargó contra el abogado Guillermo Mulet, quien lo denunció en 2013 al tomar conocimiento de una publicación periodística que daba cuenta de la presencia de Barreiro en la provincia.

“Un abogado se trasforma en periodista de investigación y toma mi declaración, donde toma ese documento y se enteró antes que yo de que era funcionario. Yo me entero por los medios. Ahora, eso no es persecución política”, se victimizó, para luego reiterar que a él nadie le notificó que había sido designado como funcionario.

Luego Barreiro respondió preguntas del fiscal Alejandro Cánepa, quien le hizo notar que el pliego de licitación de su interés –para llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis- fue adquirido por Aníbal Beorda, en aquel momento empleado del Ceicer, y desde 2015, el titular del mismo. Beorda es el sucesor de Sebastián Lorenzo, el hombre que definió a Barreiro como un amigo de la militancia y que pidió un cargo para que realice gestiones en nombre de la provincia en Capital Federal.
Luego de las declaraciones testimoniales de Pedro Báez, Lorenzo y Hugo Marsó (ex ministro de Turismo), Barreiro efectuó una ampliación de su declaración en la que dejó un dato en el aire: que estando en Buenos Aires escuchó hablar de “Anibalito”, a quien señaló como un militante que hacía “gestiones” en la provincia. Resaltó que nunca escuchó su apellido.

“Yo no conocí a Anibalito. Escuché hablar de Anibalito. Y como yo estaba en Buenos Aires podía hacer gestiones con Anibalito, que trabajaba acá. Todos los trabajos que yo realicé fueron gestiones en Buenos Aires, no en Entre Ríos. Queda claro. Fue en Buenos Aires. Yo ayudé en todo en Buenos Aires” , dijo el jardinero K.
Este martes se realizarán los alegatos de las partes y luego el juez Vírgala deberá decidir qué futuro tiene Barreiro: la condena o la absolución.

 

 

Gonzalo Núñez
Especial Para Entre Ríos Ahora.