El abogado Ángel Luis Moia consiguió que el Senado le dé el acuerdo constitucional para ser nombrado juez en el juzgado Civil y Comercial Nº 9, de Paraná. El pliego de Moia fue propuesto por el gobernador Gustavo Bordet, y la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el oficialista Lucas Larrarte, emitió un dictamen en mayoría aconsejando su aprobación. El único senador que se opuso a la designación de Moia fue el radical Raymundo Kisser, quien le achacó su actuación en quiebras de empresas y haber trabajado como abogado durante dos años sin haberse matriculado.

En la sesión de este miércoles por la tarde, la Cámara de Senadores, luego de dar lectura a los dos dictámenes surgidos de la comisión de Asuntos Constitucionales, aprobó por mayoría la designación del letrado, quien presenció la votación desde el sector del público.

Moia es conocido en ámbitos judiciales por haber participado en la representación legal de la empresa de Crespo, Miguel Waigel y Cía SA, cuya quiebra perjudicó a unas 1.500 personas entre ahorristas, acreedores y trabajadores. La suma del ilícito fue mayor a los 40 millones de pesos. Pero además, al letrado se le reprocha su actuación en las quiebras de otras firmas, como la de la Cooperativa Tambera Paraná (Cotapa) y la firma Sagemüller SA.
Es el segundo intento de Moia por ser juez. En 2009, el abogado aprobó el concurso público Nº 79 del Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de juez en el juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná. Por diferentes motivos, su pliego tardó ocho años en llegar al Senado.

El 21 de marzo de este año, en la audiencia pública en la Cámara de Senadores, la postulación de Moia recibió 11 adhesiones y 2 impugnaciones. Entre los impugnantes estuvo José Puntín, quien representa a la Comisión de Ahorristas-Causa Waigel. En el interrogatorio, los senadores le consultaron a Moia sobre sus planes de trabajo y las motivaciones que tenía para el cargo, entre otras cuestiones. Para la mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Moia “dio adecuadas respuestas”.

En la entrevista, los senadores le preguntaron sobre su accionar en los concursos preventivos de la empresa Waigel, Cooperativa Tambera Paraná y la firma Sagemüller SA. En cuanto a la primera, dijo que “hizo la consulta al presidente de la Cámara Civil del Superior Tribunal de Justicia (Emilio Castrillón), quien presentó una nota aclarando que las excusaciones y recusaciones son cuestiones propias del ejercicio de la profesión”.

Para argumentar que no habría incompatibilidad en asumir como juez en un juzgado en el que tramitan causas en las que actuó como abogado, sostuvo que el Senado ya dio en otras ocasiones acuerdo a jueces que han tenido que excusarse en determinadas causas. Por ejemplo, citó el caso de Claudia Mizawak, que por haber sido Fiscal de Estado del ex gobernador Jorge Busti fue recusada en varias oportunidades por ser miembro del Superior Tribunal de Justicia en materia contencioso administrativo.

A favor de Moia, en el dictamen se hizo mención a una nota enviada a la Cámara Alta el 24 de noviembre de 2016 por el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, en la que sostiene que “esa Sala no tiene objeción alguna a la designación de ningún candidato a juez en tanto sea respetado el sistema constitucional de designaciones, privilegiándose el sistema de concursos abiertos igualitarios y transparentes”.

En cuanto a la causa Sagemüller SA, Moia sostuvo que “el 28 de febrero (la empresa) empezó a pagar la última cuota de su concurso preventivo sin que haya ningún tipo de queja, critica o reclamo”.

En tanto, sobre la causa Waigel afirmó que “hay que desmembrarla”, ya que el concurso preventivo que terminó en quiebra “hoy no tiene más que resolver que subasta, que lo podría hacer el mismo juez de Ejecuciones”.

Asimismo, señaló que el resto de las causas que se iniciaron son “29 procesos de los cuales 19 terminaron, o sea que quedan sólo 10 que recién están en etapa de prueba”. En esa línea, agregó que de esas 10 causas 7 están en etapa de prueba y “no tendrían ningún retraso posible”. Además dijo que “su intervención se limitó a la presentación del concurso preventivo hasta la etapa de verificación y que desde abril de 2010 no participó más del concurso por diferencias en la gestión con quienes eran en ese momento sus clientes”.

Al respecto del caso de la Cooperativa Tambera de Paraná, Moia sostuvo que “es una quiebra que lo único que tiene que hacer es liquidar 5 vehículos y la participación que tenía en Cotapa SA”. Además, afirmó que la impugnación por su participación en el concurso preventivo de la Cooperativa Tambera Paraná, “nace de una confusión” porque “se narran hechos como que hubo un vaciamiento en perjuicio de los acreedores, cuando en realidad la Cámara de Senadores y el Estado provincial participaron de un plan de salvataje de la estructura productiva de Cotapa, tal como se hizo con Sagemüller SA.”

Finalmente, aseguró ante los legisladores que “siempre tuvo por norte” la “preservación de las fuentes de trabajo”. El dictamen de la mayoría de la comisión concluye que las respuestas de Moia resultaron “satisfactorias” y que no se comprobó sanción alguna por inconducta que den la pauta de que “pueda tener una actuación judicial ajena a la imparcialidad, independencia, veracidad, celeridad, eficiencia, honradez y legalidad”.

Los senadores que firmaron el dictamen por la mayoría fueron los oficialistas Lucas Larrarte (titular de la comisión), José Canali, Nancy Miranda y los senadores de Cambiemos Roque Ferrari y Omar Schild. Raymundo Kisser emitió un dictamen por la minoría.

Kisser, en contra

El radical Raymundo Kisser fue el único que aconsejó no prestar el acuerdo constitucional a Moia para sumir como Juez Civil y Comercial Nº 9 de Paraná. En su dictamen de minoría, sostuvo que el abogado no reúne las condiciones “éticas” para ser designado juez en el juzgado que tramita la causa de la quiebra de la empresa Waigel, de Crespo.

“Más allá de que las respuestas brindadas en la audiencia por el postulante, y que ellas puedan resultar satisfactorias para algunos senadores, el que suscribe el presente dictamen tiene serios reparos que formular. Para que se entienda bien la cuestión, no se pone en dudas la capacidad técnico-jurídica del doctor Moia. Tampoco se cuestiona el puntaje otorgado por el Consejo de la Magistratura, ni la opinión que al Consejo le ha merecido el mencionado postulante, sino que la cuestión, en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia, pasa por otro carril: Aquí se debe poner especial hincapié en la idoneidad ética y moral del postulante”, dijo Kisser.

En otro párrafo de su resolución, señaló que “no se puede pretender ser Juez de un Juzgado donde se está tramitando una causa judicial (Concurso-Quiebra) que fuera promovida por el propio pretendiente, aún cuando se pueda excusar en su intervención”.

En ese sentido, Kisser se preguntó “cómo pueden quedarse tranquilos los acreedores del Concurso del Grupo Waigel, si el Juez del Juzgado donde se está sustanciando este concurso será el que actuó como abogado de los concursados, cuando se presentó el concurso. La verdad es que no se entiende cómo los acreedores (perjudicados) del grupo Waigel, siendo ellos pequeños ahorristas, pueden creer, y aún más, estar convencidos de la imparcialidad del Juez que se designará en el Juzgado donde se está tramitando el concurso del o de los deudores. Es cierto que se supone que se excusará. Pero todo el staf de empleados del Juzgado son dependientes jerárquicos del mencionado Juez a designar, y nadie puede desconocer, o hacerse el distraído, de que ese Juez siempre estará en condiciones de influir sobre quienes son sus dependientes, máxime que hay numerosas resoluciones que son adoptadas por los propios secretarios del Juzgado”.

Al concurso-quiebra del grupo Waigel, Kisser sumó el concurso del grupo Sagemüller, “que tampoco esta concluido, y en el mismo ha intervenido e interviene como apoderado de los concursados el Dr. Moia”. El senador también advirtió una irregularidad en la actividad profesional de Moia, quien al presentarse en el concurso público de antecedentes y oposición Nº 79, del Consejo de la Magistratura, en el año 2009, para ocupar el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, reconoció que estuvo trabajando como abogado sin estar matriculado, con lo cual, para Kisser habría incurrido en ejercicio ilegal de la profesión.

Según Kisser, Moia reveló ese dato al pedir al Consejo de la Magistratura una “reconsideración al puntaje que se le había otorgado por el rubro en la matriculación en el Colegio de Abogados, y por especialidad, en el afán de sumar puntaje, argumentó que pese a que se había recibido de abogado en la Universidad Nacional del Litoral el 21/12/2000, y el título le fuera otorgado el 10/5/2001, recién se matriculó el 12/9/2003, pero mientras tanto, desde que se recibió, trabajó asesorando Sindicaturas concursales, desempeñándose en la materia específica para el cargo que concursaba, sin estar matriculado”. “Esto pone de manifiesto hasta dónde llega, por lo menos, su idoneidad ética”, sentenció el senador radical.

La solicitud de Kisser de no prestar el acuerdo constitucional a la designación de Moia no prosperó. En la votación, la mayoría de los senadores alzaron la mano.

 

 

 

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.