El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo (presidente), Pablo Vírgala y Elbio Garzón, dará a conocer este miércoles, a las 12,30, su veredicto en el caso en el que dos exministros del gobierno del radical Sergio Montiel están imputados por supuesto fraude a la Administración Pública.

Rubén Villaverde y Enrique Carbó, exministros de Acción Social y de Gobierno, respectivamente, están acusados de haber antedatado el decreto 2136/02, que dispuso el pase a planta de personal permanente en el Ministerio de Acción Social a 16 personas, en mayo de 2003, aunque el pago del salario fue con efecto retroactivo  a 2002, perjudicando al erario público.

El viernes 8 de septiembre fueron los alegatos, y en esa oportunidad la fiscal coordinadora Carolina Castagno pidió la condena de 3 años de prisión condicional más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos para Villaverde, a quien acusó de ser el autor del delito fraude a la administración pública, en su modalidad de administración infiel.

En tanto, solicitó la misma pena para Carbó, pero en calidad de haber sido partícipe del delito. Por su parte, los abogados Fernanda Tardelli (Villaverde) y Alejandro Carbó (Carbó), solicitaron la absolución de sus defendidos ya que consideraron que no existió delito.

Ambos calificaron a la denuncia como política, en tanto que señalaron que la misma fue formulada en noviembre de 2004 por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti.

El pasado lunes 4, el tercer involucrado en la causa, el ex ministro de Economía, Oscar Berón, se acogió al juicio abreviado y aceptó una pena de prisión condicional de 2 años y seis meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al momento de dar a conocer la sentencia, el tribunal informará si homologa o rechaza el acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Cabe recordar que el gobernador radical Sergio Montiel también estuvo imputado en este legajo pero la persecución penal se extinguió con su muerte, ocurrida en 2011.

La acusación

Los 16 designados mediante el decreto cuestionado, fueron: Diego Antonio Faccendini, Patricia Ester Montiel, Matias Juan Pablo Bettoni, Maria Claudia Cecco, Jorge Domingo Godoy, Mariano José González, Lucrecia Raquel Alloatti, Lucía Margarita Borras, Marisa Krieger, Celia Verónica Borro, Susana María Odiard, Carlos Javier Canepa, María Isabel Pérez, Leonardo Enrique Félix Molina, Adrián Alberto Buffa y Gisela Elizabeth Arduin.

Para la fiscal Castagno, estos empleados fueron nombrados en mayo de 2003 tras un Acuerdo General de Ministros, en donde se firmó el Decreto Nº 2136/02, en el que se insertó una fecha falsa, del 31 de mayo de 2002, con “la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un ‘sueldo’, con retroactividad, que no correspondía”.

En su acusación, la fiscal refirió que el fallecido perito contador del Poder Judicial, Nicolás Cozzi, estimó que desde el 31 de mayo de 2002 hasta noviembre de 2006 se produjo un perjuicio económico al erario público de $ 57.990,11. El viernes, en su alegato, Castagno aclaró que si bien se hicieron los descuentos a los agentes que cobraron doble sueldo,  “el ilícito ya se había consumado al dictar ese decreto”.

La defensa

Para la defensa, la fiscalía no probó que el decreto cuestionado haya sido antedatado. Por el contrario, citan una nota de fecha 27 de octubre de 2003 que realizó la contadora María Soledad Correa, que fue Directora de Administración del área del ministerio de Acción Social, unos quince días antes de que Busti formule la denuncia, en la que solicitó autorización al entonces ministro de Acción Social, Rubén Villaverde,  para realizar los descuentos a los agentes que cobraron doble sueldo.

“La intención de Villaverde nunca pudo haber sido generar pagos superpuestos para beneficiar a nadie. El dolo, la intención de dañar, no existe. El propósito de beneficiar retroactivamente tampoco existe”, dijo en su alegato Fernanda Tardelli, abogada del exministro de Acción Social.

En su exposición, la letrada fue muy dura con la fiscalía. Entre otras cosas, dijo: “No creo que la supervivencia de esta causa tenga que ver con aumentar estadísticas judiciales de casos vinculados con delitos contra la administración pública”.

En ese sentido, agregó que “la Fiscalía de Estado desistió de seguir adelante y se desentendió hace cuatro años del caso” y que “ni a modo de hipótesis se puede considerar posible que este decreto haya sido antedatado”. Además, refirió que a sólo un agente no se le pudo hacer el descuento porque tenía un plan de ayuda social que era nacional, es decir, que estaba fuera de la órbita de la provincia. El monto del dinero que no se recuperó, señaló la letrada, fue de $4.100.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.