El juez de Transición, Gustavo Maldonado, dictó el procesamiento del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, en el marco de una causa en la que se investiga la distribución irregular de la publicidad oficial durante su gobierno.

También fueron procesados por el juez Maldonado el exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado peronista Pedro Ángel Báez, y el empresario Germán Buffa, que es actualmente miembro de conducción de El Diario, maneja una franquicia de Planeta Pizza y es sindicato como haber sido el beneficiario de pauta publicitaria amañada.

El trío de imputados: Báez, Urribarri, Buffa.

 

La causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados, se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

Urribarri estuvo en Tribunales el miércoles 21 de febrero,  buscó esquivar a la prensa -llegó a las 7- y no declaró: sólo se limitó a entregar un escrito al juez. Lo mismo hicieron el lunes 26 Báez, y el martes 27, Buffa.

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.

 

El descargo

Ahora, al juez Maldonado le quedará la tarea de pedir el desafuero de Urribarri, que suma uno más, porque ya hay pedido de desafuero en la causa que investiga el desvío de publicidad oficial en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

En su declaración de imputado -formulada por escrito-, Urribarri señaló: “En principio debo negar categóricamente haber cometido alguna ilicitud mediante la conducta que se me endilga o mediante cualquier otra. Y en particular con relación a la contratación que se me adjudica, lo niego en forma terminante aclarando que:

1)      La contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 1057/12 que la autorizo con los fundamentos sólidos que el mismo explicita, los cuales ratifico ahora completamente

2)      La selección del contratista fue absolutamente regular y no mereció objeción alguna de los órganos de control.

3)      El procedimiento respectivo se llevó adelante por las reparticiones y oficinas competentes preparadas y dedicadas a esos menesteres en los que no participé ni siquiera en forma tangencial. Y lo destaco: toda la tramitación (fijación del monto del contrato, adjudicación, ejecución y pago) se desarrolló en absoluta transparencia y legalidad aunque sin ninguna actividad de mi parte.

4)      Niego conocer a la empresa “Global Means SA” adjudicataria del contrato, así como a sus socios, directores, gerentes o administradores a quienes jamás en mi vida traté y a los que en consecuencia no conozco en absoluto.

5)      En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación.”

“Asimismo y sin perjuicio de mi voluntad republicana de respetar a la Justicia debo decir que la revisión de los actos de gobierno constituye una actividad no judiciable, careciendo el Poder Judicial en consecuencia, de atribuciones y competencias para revisar el ejercicio de las facultades respectivas propias del Poder Judicial (CF. Art. 203 de la CP). El control sobre la oportunidad y el mérito del acto administrativo (administración discrecional) está excluido de la competencia revisora judicial”, continúa Urribarri en su declaración de imputación.

Luego, destacó que la legalidad del gasto público “es controlada en forma previa a la erogación” por la Contaduría General de la Provincia, y en forma posterior por el Tribunal de Cuentas. Remarco que posteriormente, “toda la rendición del gasto público, la llamada ‘cuenta general del ejercicio’, se remitirá al Poder Legislativo que la deberá ‘aprobar, observar o desechar’”.

A su vez, señaló que también “por disposición constitucional el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del Poder Público, como lo establece el art. 209 de la CP”. Para completar el “diagrama de controles” señaló que “el mal desempeño (por ejemplo gastar dinero público con fines de promoción personal) autoriza el juicio político del gobernador, cosa que el denunciante no promovió y que ciertamente no pudo ignorar”.

También dijo que los organismos de control “no solo que han aprobado toda la actividad cuestionada por el denunciante y la Sra Fiscal, sino que tampoco han recibido denuncia de nadie, en especial de quienes han promovido las presentes”.

Por último se remitió al informe jurídico y técnico de la Fiscalía de Estado, que presentó en la indagatoria y en la que sostuvo que “no hay duda alguna” que “el organismo que controla la legalidad de los actos de gobierno, resultó que la forma de contratación, sus características, el modo, no pudieron ser ni tan siquiera objetados en el expediente administrativo”.

La denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino, presentada en 2013 en la Justicia, hizo notar que el gobierno de Urribarri  adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México, y cuyo responsable es Germán Buffa.

Además, el radical señaló que entre los medios más beneficiados por la inequitativa distribución de la publicidad fueron canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal Lopez), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.

En la Justicia señalaron que en el caso de Global Means, a cuya cabeza se encontraba Germán Buffa,  le habría otorgado esa cifra importante en publicidad “cuando no reunía los requisitos para su otorgamiento”.

Procesamiento

La imputación -que dio lugar ahora al procesamiento- precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública,  el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

Juez Gustavo Maldonado.

 

El primero era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

El miércoles 21 se presentó Urribarri, quien entregó un escrito en el que aseguró que la contratación de Global Means SA fue “absolutamente legal”; la selección del contratista “absolutamente regular”; que la tramitación de la contratación fue transparente; y negó conocer a la firma adjudicataria del contrato, como así también a sus socios, directores, gerentes y administradores.

“En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación”, dijo el exmandatario.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.