El bloque de Diputados de Cambiemos en Entre Ríos lamentó hoy que el peronismo frene nuevamente en la comisión de Asuntos Constitucionales el tratamiento de los pedidos de desafuero al presidente de la Cámara, Sergio Urribarri y al diputado Pedro Báez, ambos del peronismo, planteados por la Justicia en el marco de la causa que se les sigue por peculado.

«Nos preocupa que la dilación en el tratamiento de este pedido de la Justicia se contraponga con la celeridad que todos los entrerrianos esperan del Estado y de cada uno de los poderes. Advertimos cierta obstinación innecesaria en no incluir el pedido de desafuero entre los temas a tratar», dijo el bloque que preside Maria Alejandra Viola y que integran a su vez Esteban Vitor, Joaquín La Madrid, Ayelén Acosta, Martín Anguiano y Alberto Rotman.

«Esta decisión de dilatar el pedido de desafuero alimenta la sensación de impunidad y de injusticia y la desconfianza que se siente cuando la Justicia llega para uno y no para todos. El peronismo, que es mayoría en el recinto y en la comisión tiene que ser ejemplar a la hora de mostrar que los fueros no son un escudo y que la política, no es complicidad».

La comisión que preside Diego Lara se reunirá este martes, y sin embargo el pedido de la Justicia por los desafueros de Urribarri y Báez no fue incluído entre los temas a tratar, a pesar de que la solicitud, firmada por el juez de Transacción N2, Gustavo Maldonado, ingresó a la cámara baja el martes 22 de mayo, como expediente N° 1610.

Los pedidos de desafuero para Urribarri y para Báez ingresaron al recinto de la Cámara de Diputados, el martes 22 de mayo, y fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Gustavo Maldonado, Juez de Transición N° 2, se dirige a usted en los autos número 48904, caratulados “Urribarri Sergio Daniel – Báez Pedro Ángel – Buffa Germán Esteban s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, a fin de solicitar el desafuero de los diputados provinciales Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez”, dice el texto que llegó a la Cámara Baja.

La nota está fechada el 14 de mayo, y el día 15 de mayo tuvo su ingreso en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, y argumenta el pedido de desafuero por “haber quedado firme el procesamiento dictado en los autos de referencia en fecha 28/02/2018, en virutd de lo resuelto por la Excma. Cámara de Juicios y Apelaciones”. La firma el juez Maldonado, el mismo que dictó el procesamiento de Urribarri, Báez y Buffa en marzo último.

La causa en la que están procesados Urribarri, Báez y el empresario pizzero Germán Buffa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino. El legislador cuestionó el otorgamiento de una publicidad oficial por parte de Urribarri/Báez a la firma Global Means SA, de la cual fungía como presidente Buffa, un mes antes de que esa empresa tuviera existencia legal.

Recién en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria.

Urribarri estuvo en Tribunales el miércoles 21 de febrero de 2017,  buscó esquivar a la prensa -llegó a las 7- y no declaró: sólo se limitó a entregar un escrito al juez. Lo mismo hicieron el lunes 26 de febrero Báez, y el martes 27, Buffa.

A ese pedido de  desafuero se sumará otro: el que dispuso el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, en otra causa por corrupción que también involucra a Urribarri y a Báez.

El lunes 25 de junio, Ruhl decidió rechazar los planteos hechos por los defensores de Urribarri,Báez, y, entre otros, el cuñado Juan Pablo Aguilera y dispuso dos medidas de relevancia. Ordenó pedir a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del cuerpo y del diputado Báez, y también decidió la remisión a juicio de la causa que investiga la ejecución de un sistema cartelizado en la publicidad oficial que permitió entre 2010 y 2015 contratar por $24 millones casi en forma exclusiva con las firmas Tep SRL y Next SRL, que se atribuyen a Aguilera.

La Fiscalía sostiene que la mitad de ese monto total contratado, $12 millones, se pagó mediante constataciones truchas –la publicidad en vía pública no se hizo-, lo que generó un serio perjuicio al fisco; y que además hubo un sistema de pago de “coimas” que benefició a las empresas Tep SRL y Next SRL, cuya recaudación habría estado a cargo de la contadora Corina Cargnel.  Uno de los empresarios que participó del negocio, Jesús Bustamante, admitió a la Justicia que pagó “retornos”, y que de los $3 millones que cobró entre 2010 y 2015 de fondos del Estado, $3 millones fueron publicidad ficticia.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.