José Ostolaza se constituyó, el viernes 9 de marzo, en el nuevo abogado defensor del cura Marcelino Ricardo Moya, que carga con dos denuncias: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero, causa que va camino al juicio oral.
Es la tercera vez que el cura Moya cambia de abogado defensor. Primero lo asistió Gustavo Amílcar Vales, de Villaguay, que renunció a mediados de junio de 2017. Entonces, la defensa del sacerdote la asumieron Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, de Colón. Ahora, asumió esa tarea el uruguayense José Ostolaza.
Ostolaza es abogado defensor de la joven Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada de asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo, en Gualeguaychú.
José Ostolaza.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el letrado se negó a dar mayores precisiones. «Sólo puedo decir que asumí la defensa el viernes 9, y nada más, porque ni siquiera he tenido tiempo de leer el expediente», aseveró.
Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra.
Un estudiante de Derecho –cuya identidad se ha mantenido en reserva– y un médico, Pablo Huck, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, cuyos abogados querellantes son Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, denunciaron el 29 de junio de 2015 ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull los abusos de los cuales fueron víctimas mientras eran adolescentes y participaban de grupos juveniles que había formado el cura Moya.
Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan.
También ejerció en ese tiempo como capellán de la unidad del Ejército que tiene asiento en Villaguay.
Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
Viejos conocidos:Escobar Gaviria, condenado por abusos, y Moya.
Pero el caso Moya no ha podido llegar a juicio oral, por cuanto los defensores fueron con un recurso ante la Cámara de Casación Penal, que todavía no ha resuelto el planteo.
El expediente llegó al tribunal el 14 de agosto, y el 28 del último mes fue notificada la Procuración, y lo que ahora resta es que se fije la fecha de audiencia de debate en Casación del incidente de prescripción. Los defensores de Moya pretenden llevar la causa por ese carril, y de ese modo retrasar la fijación de la fecha del juicio oral.
Cuando el caso Moya llegó a la Justicia, el obispo Juan Alberto Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
El lunes 29 de junio, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ahora radicado en Rosario, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso.
Moya nunca accedió a prestar declaración indagatoria. En diciembre de 2016 fue citado por la fiscal Benedetti, que quedó a cargo de la causa, pero se negó a hablar. Pero su caso estalló del peor modo en el verano pasado. Fue ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín por una enfermedad de transmisión sexual. La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, a cargo del Programa Provincial de Sida. No bien se enteró del paciente que tenía ingresado, la jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, buscó el modo de poner en autos a la Justicia. Se presentó y pidió ser relevada del secreto médico y contó qué diagnóstico tenía Moya.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.