El juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó hoy el planteo de los defensores del cura Marcelino Ricardo Moya, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

El trámite judicial sobrevino después de un cuarto intermedio dispuesto por el magistrado tras la audiencia del martes 27, cuando cada una de las partes presentó sus argumentos. Otra vez, el cura Moya se hizo presente –no tenía obligación de hacerlo– y lo hizo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Según el periodista Eduardo Vuoto había alrededor de 30 uniformados.

Enfrente de Tribunales, se ubicaron familiares y amigos de las víctimas de los abusos del cura Moya, que soprotaron al a intemperie una tenue llovizna.

La causa ahora desemboca para su tratamiento en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que ya intervino en un planteo anterior referido a conocer el diagnóstico médico del cura, que en enero último estuvo internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín. El tribunal, finalmente, no accedió a la petición que habían formulado los querellantes. Ahora, además, volverá a intervenir por otra apelación: la de los defensores de Moya, Néstor Fabián Paulete y Rubén Darío Germanier, que ya recurrieron el fallo que dictó hoy el juez Zaburlín.

Montiel dijo que no hay argumentos para dictar la prescripción en la causa Moya y para eso hizo referencia al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa por abusos que se sigue al cura Justo José Ilarraz. El 27 de abril de 2015, la Sala Penal del STJ rechazó, en un fallo dividido, el camino de la prescripción, y señaló que los delitos imputados al cura son “imprescriptibles”. De ese modo se expresaron los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, con la disidencia de su par Daniel Carubia.

Frente a esa sentencia, el abogado de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, presentó un recurso extraordinario federal, e insistió con el argumento de que “los hechos imputados a mi defendido fueron ubicados temporalmente de forma expresa e indubitable antes del año 1992”, y por lo tanto, están prescriptos. “Se observa claramente cómo los hechos que se investigan en estas actuaciones habrían ocurrido más de veinte años antes de promoverse las denuncias, habiendo largamente expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesta por nuestro ordenamiento”, dice el escrito.

El recurso ahora está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora, los defensores del cura Moya quieren seguir el mismo camino que la causa Ilarraz.

El sacerdote dos denuncias: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. . Y es el tercer miembro del clero entrerriano sometido a un proceso penal por pederastia. Antes, estalló el escándalo del cura Justo José Ilaraz, con siete denuncias; y después, Juan Diego Escobar Gaviria, con siete denuncias, y ya con fecha del juicio oral: el 22 de agosto, en Gualeguay.

El sacerdote está suspendido desde 2005 por la Iglesia. Su último destino parroquial fue en Nuestra Señora de la Merced, de Seguí. Los abusos que se le endilgan habrían ocurrido cuando fue vicario en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por  dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.

El lunes 29 de junio, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ahora radicado en Rosario, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso.

Moya nunca accedió a prestar declaración indagatoria. En diciembre de 2016 fue citado por la fiscal Benedetti, que quedó a cargo de la causa, pero se negó a hablar. Pero su caso estalló del peor modo en el verano pasado. Fue ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín por una enfermedad de transmisión sexual. La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, a cargo del Programa Provincial de Sida. No bien se enteró del paciente que tenía ingresado, la jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, buscó el modo de poner en autos a la Justicia. Se presentó y pidió ser relevada del secreto médico y contó qué diagnóstico tenía Moya.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.

La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.

Cuando el caso llegó a la Justicia, en 2015, el arzobispo Juan Alberto Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.

La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.

Ahora, el cura –junto a sus pares Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria—se encamina a una etapa clave: el juicio oral.

 

 

Fotos: Gentileza Eduardo Vuoto.

Videos: Gentileza Sol González, de Compromiso con Voz.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.