El 8 de mayo de 1996, el entonces  gobernador Jorge Busti dictó el decreto N° 1.318 que reglamentó la actividad de los delegados gremiales en el ámbito del Estado, y permitió la realización de asambleas por sector para tratar asuntos de índole laboral.

El artículo 5° de ese decreto estableció: “Las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales en las que interviene excluyentemente el personal del sector en que las mismas se realizan, deberán notificarse por escrito, consignándose fecha, hora y lugar de realización, al organismo al cual pertenecen los agentes intervinientes”.

Ese apartado legal es el amparo legal que permite la realización de las frecuentes asambleas docentes en las escuelas, que últimamente se vienen efectuando en la “casa de la patronal”, como define la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) a Casa de Gobierno.

Pero ahora la administración del gobernador Gustavo Bordet decidió aplicar una modificación a ese decreto, y estableció que esas asambleas no podrán realizarse fuera del ámbito laboral de cada docente. O sea, no en las calles, sí en las escuelas.

El decreto N° 97, del 16 de febrero último, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, modificó aquel artículo 5° del decreto N° 1.318, que ahora quedó redactado de la siguiente forma: “Dispónese que las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales, en las que interviene el personal  del sector en que las mismas se realicen, obligatoriamente y sin excepción, deberán hacerse dentro de los respectivos lugares de trabajo, debiendo notificarse por escrito con una antelación mínima de 72 horas, donde se informará lugar, fecha y hora de realización y la repartición y/o dependencia y/o escuela al cual pertenezcan los agentes intervinientes”.

Aunque la norma tiene alcance para toda la Administración Pública, los más afectados resultan los docentes, que son quienes frecuentemente apelaban a aquel decreto 1.318 para la realización de sus asambleas. No sólo cambian la modalidad, sino el tiempo de notificación: en vez de 24  serán ahora 72 horas de antelación.

Agmer salió rápidamente a cuestionar la norma por cuanto, dijo, “se pretende limitar el derecho de los trabajadores a la deliberación de los asuntos gremiales mediante asambleas masivas en lugares públicos”.

“Esta medida, sin precedentes en los tiempos que corren, retrotrae a la provincia a momentos de la historia que han estado signados por prácticas coercitivas en las que la presencia en las calles del movimiento obrero organizado era vista como una amenaza para el poder político ante la carencia de voluntad para alcanzar una solución democrática a las problemáticas de la sociedad y de los trabajadores en particular”, cuestionó la conducción provincial del sindicato docente.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.