Era finales de mayo de 2014 cuando en la pequeña localidad de El Pingo –1.300 habitantes, a 70 kilómetros de Paraná— se dispuso, muy deprisa, que los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 53 San Julián desocupasen el edificio que ocupaban desde siempre y se alistasen para mudarse a la nueva construcción, que inaugurarían, con pompa y circunstancia, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el gobernador Sergio Urribarri.
Así se hizo. En el acto de inauguración, al que asistió el presidente de la Junta de Gobierno de El Pingo, Diego Plassy, De Vido se deshizo en halagos hacia Urribarri, y Urribarri respondió con frases de manual. “Entre Ríos es la mejor expresión de las transformaciones que tuvo Argentina en los 11 años de gobierno de Néstor y Cristina”, sostuvo el exgobernador.
Acto seguido, cortaron las cintas del nuevo edifico, construido en el marco del Plan 700 escuelas, monitoreado por la provincia a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
“Con el gobernador compartimos el mismo sueño de Néstor y Cristina de llevar adelante una Argentina con inclusión, conectividad, con desarrollo en infraestructura industrial, pleno empleo y escuelas nuevas. Por eso estamos aquí hoy con el Pato, que es un infatigable trabajador”, dijo De Vido.
Claro, al poco tiempo, el edificio nuevo empezó, literalmente, a hacer agua.
Ese mismo año descubrieron que los desagües habían sido construidos con tan mal tino que el agua de lluvia caía por los techos e ingresaba a las aulas, que las instalaciones eléctricas colapsaban y en 2015, un escape de gas los hizo zozobrar. Reclamaron, y lo arreglaron, pero con caños de PVC, que volvieron todo mucho más endeble todavía.
El rector de la Escuela Secundaria Nº 53, Gustavo Monzón, empezó entonces a batallar con la Dirección de Arquitectura, la UEP y el Consejo de Educación para lograr que se arregle todo lo que se había hecho mal.
No había conseguido nada sino hasta el 6 de junio de 2017, cuando Arquitectura se comprometió a empezar a solucionar los graves problemas de construcción que registra el edificio escolar.
El 16 de julio, el rector publicó en su Facebook la buena nueva: “Gracias a nuestras gestiones frente a la Regional de la Dirección de Arquitectura con el Sr. Jorge Troncoso, habiéndole entregado en mano una carpeta con todos los reclamos formales e informales que desde el 2014 venimos haciendo ante los `desastres estructurales´ realizados por las empresas que la construyeron, se comenzaron los arreglos…”
Y agregó: “Parece una broma. Una edificio que solo tiene un poco más de 3 años de vida que deba arreglarse para que no se siga lloviendo, para que se terminen las filtraciones de los techos, para que los desagües funcionen, para que los tableros de electricidad dejen de contener agua, para que las cenefas no se sigan volando, en fin, para que no se nos caiga el edifico en la cabeza”.
Después, agradeció al Gobierno provincial porque “nos escucharon y de una vez por todas entendieron que estos reclamos no son un problema de ´política partidaria´ sino un problema de ´política social´».
Claro que ocurrió lo que menos se esperaba: primero, la respuesta del presidente de la Junta de Gobierno. De algún modo, Diego Plassy se sintió interpelado por la publicación y respondió, también por Facebook, en duros términos: dijo que “si existe alguna duda sobre una posible defraudación, no debe titubear en denunciarlo como corresponde en la Justicia, y evitar generar difamaciones que no conducen más que al malestar de la gente, es por eso que invito a llevarla a cabo , para acompañar la misma desde nuestra Junta de Gobierno, con la documental que respalde sus dichos. De igual forma como responsable de la institución gubernamental y ante la falta de responsabilidad de sus dichos, es mi obligación iniciar las actuaciones correspondientes. Gracias.”
Después, presentó una denuncia contra el rector ante el Consejo General de Educación (CGE), con el asesoramiento del abogado Federico Mastaglia.
Enterados del pedido de investigación sobre el rector, la filial María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se dirigió a la Junta de Gobierno de El Pingo y manifestó su “absoluto repudio y rechazo a su intento de ataque contra nuestro compañero rector de la Escuela Secundaria Nº 53 San Julián, el profesor Gustavo Monzón”.
“No le aceptaremos jamás ni a usted, ni a su asesor legal ni a nadie, que el compromiso de un docente por su escuela y su comunidad, sus opiniones, sus comentarios y su reclamo por la reparación urgente de una obra pueda ser atacado como especulación de `política partidaria´. Agmer María Grande apoya públicamente sin dudar los reclamos justos y la gestión del rector de la Escuela Secundaria de El Pingo y de toda la comunidad educativa”, dice el texto de la presentación.
El 20 de septiembre, además, el rector se presentó ante la supervisora de Educación Zona XIV, Cristela Romero, y le manifestó su “profunda angustia e impotencia” luego de la presentación que hicieran Plassy y Mastaglia ante el CGE en la que lo acusan “que exagero y que me expreso de manera insidiosa dando a entender que los desperfectos de la obra acontecieron producto de una defraudación”.
Efectivamente, la Junta de Gobierno hizo una presentación ante el Consejo de Educación el 24 de julio contra el rector de la Escuela San Julián a partir de una publicación que hiciera en Facebook, “las cuales entendemos incurren en conductas reprochadas por la Ley 9.755 –Empleo Público—y ameritan la apertura de sumario administrativo”.
El texto de la Junta de Gobierno asegura que los desperfectos de la obra –filtraciones, electrificación, goteras—“lejos significan un peligro en la vida de las personas que a diario concurren al establecimiento educativo”, y que “el hecho de exagerar la magnitud de los acontecimientos por parte del rector Monzón no colabora con forjar una educación de calidad y en buenos valores, por contrario, rayana (sic) en la mentira”.
Agmer María Grande le salió al cruce: «Ni Plassy ni nadie serán gendarmes ideológicos de la educación pública».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.