El 4 de mayo es la fecha en la que están citado a prestar declaración como testigos los tres últimos obispos de Paraná en el marco del juicio oral al cura Justo José Ilarraz, que se inicia el próximo 16 de abril en los Tribunales de Paraná.
El cronograma redactado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial fija que los tres -Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari- deberán asistir a Tribunales, y declarar como el resto de los testigos citados.
Aunque ya hay un planteo de los jerarcas de la Iglesia para ampararse en las prerrogativas establecidas por el artículo 250° del Código Procesal Penal, que les permite testimoniar por escrito. El reclamo no ha sido resuelto por el tribunal: recién será tratado una vez que comiencen las audiencias del juicio oral.
Cada uno de ellos tuvo un rol clave en la causa Ilarraz cuando todavía no había llegado a la Justicia, hecho que ocurrió en 2012: entonces se inició la instrucción de una investigación que se extendió hasta que el 17 de agosto de 2016, el último juez de la causa, Pablo Zoff, resolvió elevar a juicio el caso que involucra siete denuncias por abusos y corrupción de menores.
Un tribunal conformado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel llevará adelante el juicio, que concluirá los días 7 y 8 de mayo con los alegatos de las partes.
Por el tribunal, pasarán las últimas tres cabezas de la Iglesia Católica local.
Estanislao Esteban Karlic, que gobernó la Iglesia entre 1983 y 2003; Mario Luis Bautista Maulión, que el 9 de julio de 2003 y se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puiggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011, están citados por la Justicia.
Cuando ocurrieron los abusos que investiga la Justicia, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer año, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.
Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán, sitio donde ahora reside. Puiggari lo contradijo en la Justicia: reveló que, antes de irse a Mar del Plata, puso a Maulión al corriente de la situación de Ilarraz.
La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz, era el ex párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban el finado Andrés Emilio Senger, y el arzobispo Puíggari; y como prefecto de estudios, el ahora canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga.
En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza, también designado oficial de justicia, y encargado de llevar adelante, en 1995, la investigación diocesana que encomendó Karlic después de escuchar a las víctimas de los abusos.
El caso estalló en forma pública el 13 de septiembre de 2012, cuando la revista “Análisis” publicó en tapa la historia del cura Ilarraz y los abusos ocurridos en el Seminario, un asunto que hasta entonces se conocía sottovoce
Ilarraz, el acusado de los abusos, había ocupado puestos clave en la estructura de la Iglesia de Paraná. Nació el 9 de julio de 1958 y fue ordenado sacerdote en 1983, y a partir de entonces fue, además de prefecto del Seminario Menor, secretario privado de Karlic, promotor vocacional; asesor del Club Atlético Patronato, capellán del Colegio La Salle, y vice asesor de dos movimientos católicos, Cursillos de Cristiandad y la Acción Católica Argentina (ACA). También manejó durante casi una década la librería del Arzobispado San Francisco Javier.
Dos años antes de que Karlic ordenara que lo investigaran, en 1993 el mismo arzobispo lo había autorizado a viajar a Roma, donde permaneció hasta 1997. El decreto N° 39/93 firmado por Karlic le permitió ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996.
De modo que el sumario eclesiástico en su contra se llevó adelante sin que el principal involucrado tomara parte. No obstante, la Curia envió parte de los informes recabados de las víctimas a Roma, y allá no se tomaron medidas de trascendencia. Tampoco acá: a Ilarraz le prohibieron pisar suelo de la diócesis, y eso le abrió la puerta para que se radicara en otra diócesis, como de hecho ocurrió. En 2000, y luego de un período sabático, retomó el ejercicio sacerdotal, ahora en Tucumán, adonde estuvo en servicio hasta el 7 de septiembre último, cuando recién fue suspendido.
Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo de Paraná y exrector del Seminario, Juan Alberto Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”. Una de las respuestas da cuenta por qué actuó como actuó: “Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”.
Las declaraciones fueron hechas por escrito –no asistieron en forma personal a Tribunales—, en diciembre de 2014, y forman parte del voluminoso expediente Ilarraz.
Karlic respondió a preguntas de los querellantes, el fiscal y los defensores de Ilarraz.
“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.
También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.
El dato relevante de su testimonio está en la respuesta a la pregunta 26. Dijo Karlic: “No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.
A la entonces querellante Rosario Romero -la reemplazan Santiago y Victoria Halle y Lisandro Amavet- le contestó algo parecido, con un detalle muy relevante: “El padre Ilarraz manifestó ante mí su reconocimiento de los hechos, y pidió perdón”.
Puiggari dijo que se enteró de los abusos de Ilarraz “meses antes del comienzo de la investigación dispuesta por el Arzobispado de Paraná, en 1995”, y cita, con nombre y apellido, a tres víctimas: los únicos casos que conoció. Y vuelca todas las responsabilidades sobre las espaldas de Karlic: “No conozco cómo se llevó a cabo el procedimiento, ni las conclusiones ni las sanciones adoptadas sino hasta que tomé conocimiento de las actuaciones a mi llegada a Paraná (en 2011)”, dice su declaración.
Dijo que al tomar conocimiento de los hechos, no se comunicó la situación a los padres de las víctimas “porque ya tenían 18 años y era un delito de instancia privada”. Y luego abunda sobre lo mismo: “El delito investigado es de instancia privada y no podía hacer la denuncia en forma personal. Tomado conocimiento de los hechos, comuniqué enseguida al arzobispo de Paraná (Karlic) como es el proceder normal y ordinario dentro de la Iglesia Católica”.
¿Sabía Maulión de todo lo que sucedía con Ilarraz? Puiggari aseguró en la Justicia que en el momento que asumió como arzobispo, en 2003, “le comuniqué que en el Archivo de la Curia obraba un proceso investigativo sobre el Padre Justo Ilarraz”.
Ni Karlic, ni Maulión ni Puiggari acudieron al ordenamiento jurídico de la Iglesia para aplicar una sanción a Ilarraz. En su declaración judicial, Puiggari relata que el Código de Dercho Canónjico, en el canon 1.395, señala “que debe ser castigado con penas justas, sin excluir, cuando el caso lo requiera, la expulsión del estado clerical”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.