La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos admitió que hubo un «error» al consignar que la fiscal del juicio contra Ricardo Fabián Barreiro, el “Jardinero K”, sería María Aranzazú Barrandeguy, la hija del abogado defensor del empresario santacruceño, el exdiputado nacional y convencional constituyente Raúl Barrandeguy.
El delito que se le imputa a Barreiro es el de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. El empresario tendrá que responder ante la Justicia entrerriana por qué omitió declarar que era funcionario provincial antes de presentarse en una licitación pública en la que sospechosamente fue el único oferente.
Entre Ríos Ahora hizo notar que el calendario online de la OGA consignaba que la hija del abogado defensor del “Jardinero K” iba a llevar adelante la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal. Tras la publicación, desde el Poder Judicial aseguraron que se trató de un «error» que se produjo al cargar el dato en el sistema. Informaron que en realidad el fiscal en el debate será el fiscal coordinador Rafael Martín Cotorruelo.
“Por un error material en la carga de datos de la agenda en línea de la OGA en el portal web del Poder Judicial, figuraba el apellido Barrandeguy como fiscal de la causa. Desde el organismo que asiste a los jueces en su función jurisdiccional y es encargado de la organización de las audiencias, se informó que el fiscal que interviene en el caso es el Dr. Cotorruelo y que el dato erróneo de la agenda en línea ya fue subsanado”, comunicaron desde el Poder Judicial pasado el mediodía de este martes.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Cotorruelo también señaló que fue un error en la OGA y resaltó que la fiscal Aranzazú Barrandeguy no podría estar en dicho debate ya que se daría una incompatibilidad, por ser la hija del abogado defensor del santacruceño.
“En realidad pudo haber sido una confusión de apellidos porque el papá es el defensor (de Barreiro). Habrán visto el apellido de él y se han confundido. El fiscal voy a ser yo, y los defensores son Barrendeguy y Candelario Pérez”, dijo Cotorruelo al ser consultado al respecto.
“El fiscal por ahora soy yo, lo que no quita que el día del juicio concreto se pueda sustituir los fiscales. De todas maneras ella no iría. Podría ir la doctora (Carolina) Castagno o (Matilde) Federik, pero no la hija (de Raúl Barrandeguy) por una cuestión de incompatibilidades”, agregó.
Preguntado sobre cuál será el monto de la pena que pedirá para Barreiro, Cotorruelo dijo que aún no lo ha decidido: “no se puede prescindir del debate que es la etapa más importante. Yo hasta que no sucede el debate no siento una posición firme y definitiva de qué es lo que puedo llegar a pedir”.
Como es de público conocimiento, Barreiro desembarcó como funcionario provincial en 2012, mediante el decreto número 2.693, firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez (hoy diputado del FPV). Lo nombraron “coordinador de Relaciones Institucionales” del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.
Llamativamente, el empresario ingresa en el Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, el 15 de octubre, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. En ese trámite de registración sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.
En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, Barreiro le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. A raíz de esas revelaciones periodísticas, el abogado Guillermo Mulet denunció al empresario en la justicia. En noviembre de 2015, el Ministerio Público Fiscal dio por cerrada la Investigación penal Preparatoria y pidió elevar la causa a juicio al acusar a Barreiro de haber ocultado que era funcionario para poder presentarse a una licitación. También descartaron investigar si existió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Especial para Entre Ríos Ahora.