El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, dio por probado el desvío de 6 millones de dólares en el Senado provincial durante el año 1999, cuando el peronista Héctor Alanis era vicegobernador, y el radical Humberto Re vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, y les achacó el delito de peculado. Fue en el marco de los alegatos que se escucharon hoy en Tribunales en el marco de la causa «Alanis, Crettón Pereyra, Re s/Peculado».

Dijo que ese dinero, cuyo destino final no pudo ser establecido por cuanto desapareció la documentación respaldatoria que justificara su uso, sirvió para financiar «el agujero negro» de la política, y que en eso hubo «connivencia» entre los legisladores del peronismo y del radicalismo en el período 1995/1999, cuando Jorge Busti era gobernador, y Alanis su vicegobernador.

«Los legisladores confesaron su participación en el peculado», el delito que les imputó a Alanis y a Re, y para quienes pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la inhablitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $ 90 mil. «Los senadores vinieron al Tribunal y actuaron como arrepentidos espontáneos. Nos han ratificado la acusación, aunque las pruebas documentales que hay es algo imposible de desmoronar», señaló el Procurador General.

Reprochó sin embargo el modo cómo la Justicia investigó este caso en la primera etapa -y que llevó a que el juicio oral recién se desarrollara dieciocho años después de que se presentara la denuncia, en 2000, por parte de la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- y aseguró que el caso del desvío de fondos en el Senado «es uno de los hechos que avergüenza al Poder Judicial por cómo había sido investigado».

También fustigó a la FIA, el organismo que condujo Oscar Rovira durante el montielismo. García sostuvo que el desvío de fondos ocurrió por cuanto hubo «connivencia» entre legisladores radicales y peronistas en el período 1995/1999, y que esa connivencia siguió en el período posterior, durante el gobierno de Sergio Montiel.

«Entonces, cuando la FIA quiso investigar los contratos en el Senado, le dieron una patada, porque crearon la FIA para investigar a Busti, no para que investigue a los radicales», analizó.

«No hacemos show mediático», dijo el Procurador, y aseguró que en la Justicia entrerriana «no hacemos los deberes al Poder de turno, que sindica a quien hay que perseguir. Nosotros no buscamos a un acusado en pijama, de noche, y no usamos la prisión preventiva para coaccionar arrepentidos. Todas las investigaciones demoran el tiempo que tienen que durar. Y serán hechas con respeto estricto de los derechos humanos», aseveró.

Pero cargó duro contra el actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, quien fue auditor del Tribunal de Cuentas en el Senado, a quien acusó de haber mentido en su declaración que formuló por escrito, por cuanto se amparó en las prerrogativas que dispone el Código Procesal Penal. «Treppo había sido traído por Alanis. No en vano hoy es intendente, porque responde a ese sector. Y no en vano (…) Treppo ya está a punto de ser elevado a juicio oral por la causa que yo he denominado del pavimento de oro», apuntó.

 

La causa

La acusación de la Fiscalía señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado, y del Programa 17. Héctor Alanis era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.

Maximiliano Alanis, a cago del Programa 18, y Crettón Pereyra, responsable del Programa 17, reconocieron su responsabilidad en el delito de peculado y accedieron a un juicio abreviado. Les impusieron una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional.

El exvicegobernador y el exsenador Re, en cambio, siguieron en juicio oral.

La maniobra de desvío, según la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.

El fiscal Alejandro Cánepa dio por probado ese desvío y achacó buena parte de la responsabilidad en la falta de controles en el control renditivo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Al respecto, señaló que se probó el retiro de fondos del senado de 5,9 millones de dólares que «se evaporaron, y nadie sabe hasta ahora cuál fue el destino». Y agregó: «Esa maniobra requirió del concurso delictivo d varias personas»

«Nada de todo eso hubiera ocurrido si el Tribunal de Cuentas hubiera sido celoso en los controles», aseveró, y reprochó que los auditores aprobaran rendiciones sin ver la documentación, y sólo basados en la confianza hacia los controlados. «La cuenta correspondiente al año 99 se aprobó en tiempo record», subrayó.

Fue entonces cuando aseveró que «Treppo miente y contradice lo que declaró en la instrucción», en particular cuando sostuvo que tuvo a la mano los decretos de designación de personal contratado, por cuanto los propios senadores declararon en el juicio que en la mayoría de los casos no había decretos de designación de personal.
Y por eso planteó la posibilidad de que la Fiscalía de Estado inicie un juicio de lesividad hacia el Estado en relación con los dictámenes que emitieron los auditores del Tribunal de Cuentas al auditar las cuentas del Senado. «La Justicia puede revisar las decisiones del Tribunal de Cuentas», apuntó.

A su turno, Juan de Torres, en representación de la Fiscalía de Estado que actúa como querellante en la causa, se limitó a pedir que la pena que se imponga a Alanis  y Re sea más leve: 3 años de cumplimiento condicional.

El representante de la Oficina Anticorrupción, Julián Gracia, no habló en todo el debate.

 

Defensa.

Julio Federik, defensor de Héctor Alanis junto a Leopoldo Lambruschini, planteó como idea que no se puede juzgar con los parámetros de hoy hechos que sucedieron casi dos décadas atrás. «Era diferente», planteó, aunque contradijo la tesis de la Fiscalía, y sostuvo que, aunque no existe la documentación respaldatoria, el gasto se efectuó, y los contratos y los subsidios fueron pagados. De ese modo, negó que haya existido «un agujero negro» por donde se perdieron esos fondos.

«Que no estén los comprobantes no significa que los dineros no fueran aplicados», analizó. Y agregó: «Además, los comprobantes desaparecieron en la gestión posterior». Dijo, por otra parte, que es imposible que Alanis haya utilizado el dinero del Senado para su enriquecimiento personal «porque no viene de la villa a la política. Tiene título de bioquímico».

Después, fustigó a la FIA, que dijo que fue «un invento», y recordó las investigaciones personalizadas que llevó adelante la agencia Kroll, del espía norteamericano Frank Holder, lo que le valió una denuncia en la Justicia al exvicegobernador Sergio Montiel, de la que fue sobreseído. Dijo Federik que producto de esas investigaciones de Kroll surgieron muchas denuncias por enriquecimiento, aunque ese delito no se le reprochó al exvicegobernador.
Respecto del juicio abreviado al que accedieron Maximiliano Alanis y José Crettón Pereyra, sostuvo que no es un elemento que deba ser valorado para inculpar a otros. «La gente acepta el juicio abreviado por distintas razones», opinó.

Lambruschini se centró en que no existe certeza probatoria de los supuestos delitos que se le imputan a Alanis.

Finalmente, la defensa pidió la absolución de culpa y cargo para su defendido.

El tiempo transcurrido también fue utilizado por la defensa del exsenador Humberto Re, a cargo de su hijo Humberto Re y del abogado Tulio Manuel Kamlofky. «El tiempo afecta la garantía de la defensa en juicio», plantearon. Además, que la participación del exsenador radical como vicepresidente del Senado y cargo de la Vicegobernación fue «circunstancial», y que «no está demostrado el delito».

Por esas razones, pidieron la absolución del exsenador radical.

Eran ya las 15. La jornada había comenzado pasadas las 9,30.

El tribunal, compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo, anunció que el adelanto de sentencia se conocerá el próximo 3 de abril, a las 12.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.