El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento, que por mayoría descartó los cargos de falta de idoneidad y mal desempeño que pesaban sobre el magistrado, que estuvo fuera de su despacho judicial desde el 7 de diciembre último, cuando se abrió la causa, hasta este lunes, que se dictó sentencia. Desde este martes 31, Rossi volverá a cumplir sus funciones judiciales, y se le reintegrarán los salarios que se les retuvieron: cada mes, un 30% producto de la causa en abierta.
Rossi cargó con ocho pedidos de enjuiciamiento, todos a partir de la resolución que firmó el 1° de julio de 2016, cuando otorgó libertad condicional a Sebastián Wagner, que cumplía una pena a 9 años de prisión en Gualeguaychú luego de haber sido declarado culpable de dos casos de violación. Ya libre, el 1° de abril de 2017 cometió el femicidio de la estudiante uruguayense Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de abril -una semana después- en un descampado de Gualeguay. El magistrado, a través de sus defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, se defendió con un argumento de peso: la resolución que firmó estuvo a tono con la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y en particular de la Sala Penal. Uno de sus integrantes, Daniel Carubia, desde el vamos consideró que Rossi no debía ser juzgado.
En la resolución que se conoció a las 15 de este lunes, cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento -Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Germán Carlomagno, los tres vocales del STJ- y Roberto Beherán, representante del Colegio de Abogados de Entre Ríos- votaron por la absolución de Rossi; los otros tres, el senador Daniel Olano (PJ), la diputada Ester González (PJ) y el abogado Jorge Campos, por la destitución. Por un voto, Rossi fue absuelto y respuesto en su cargo de juez.
El senador provincial Lucas Larrarte (PJ), que integró el Jurado de Enjuiciamiento, dijo que «hubo elementos suficientes» como para sentar al banquillo al juez Rossi, aunque «esto no quiere decir que ya entonces, al inicio del jury, tuviéramos claro que fuera una causal de remoción». Luego, analizó el resultado del jury, la absolución del juez, y la ausencia de acusación por parte del Procurador General, Jorge García, y dijo que es producto «de una ley que tiene muchos agujeros. A muchos operadores de la Justicia le gusta que las leyes tengan estos agujeros». Y por eso planteó, en 2017, un proyecto de ley, ahora en discusión en el Senado, para vedar el procedimiento del juicio abreviado en delitos sexuales. Sebastián Wagner, femicida de Micaela García, había accedido a un juicio abreviado, «con una pena de muy pocos años en función del delito que había cometido», recordó el legislador.
Ángel Giano, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado -que analiza la reforma al instituto del juicio abreviado- entiende que el caso Micaela Rossi demostró que «el sistema falló». Y destacó que esa falla se observó en la decisión de otorgarle a Sebastián Wagner una pena de 9 años, «condena que quedó firme, y que no fue apelada, con dos violaciones probadas. Ahí empezó la falla del sistema judicial. Luego, la libertad condicional que se le otorgó a Wagner, con el aval del fiscal (Lisandro) Beherán. Esto, fruto de una doctrina de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que dice que los dictámenes técnicos no son vinculantes para el juez».
Giano no quiso abundar en consideraciones sobre la decisión del Procurador de no acusar. «Vamos a ver qué fundamentos utilizaron los que decidieron absolver a Rossi. Fue un fallo dividido. Por la mayoría simple, se determinó que hubo buen desempeño y que no había razones para destituirlo», analizó el legislador. «Ahora, estamos trabajando en limitar el juicio abreviado, para que no ocurran situaciones como la de Wagner. En realidad, hay razones para eliminar el juicio abreviado en los delitos sexuales. Pero también ay argumentos que nos dan que el juicio abreviado podría evitar la revictimización, porque la víctima, que a veces no quiere llegar a juicio y revivir un tramo».
El proyecto de ley propone modificar el Código Procesal Penal, determinando que cuando se trate de delitos contra la integridad sexual, no pueda hacerse uso del juicio abreviado.