El jury al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, se hará el 24 de julio, a las 9, en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El magistrado, suspendido desde diciembre último y con ocho denuncias en su contra por mal desempeño, quedó en el centro de la atención pública tras el femicidio, el 1° de abril de 2017, de la estudiante uruguayense Micaela García, en Gualeguay.
El femicida de la joven fue Sebatián Wagner, puesto en libertad condicional por el juez Rossi, cuando purgaba penas por dos delitos de abuso sexual, en julio de 2016. El cuerpo de Micaela García fue encontrado en un descampado de Gualeguay el 8 de abril. Cuando se cayó en la cuenta de quién había sido el asesino, arreciaron los cuestionamientos hacia el magistrado. Hasta el presidente Mauricio Macri se sumó a las críticas. Ese mismo día, además, se presentó el primer pedido de jury al juez.
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Cerrado el proceso y concluida la etapa preliminar, el Jurado de Enjuiciamiento, que preside el vocal del STJ Germán Carlomagno, fijó audiencia para el próximo 24 de julio. Ese día se sustanciará un proceso judicial al juez Rossi: la acusación estará en manos del Procurador General Jorge García, y la defensa correrá por cuenta de los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.
Al frente de la audiencia, estará un jurado colegiado integrado por siete jueces: además de Carlomagno, Miguel Giorgio y Daniel Carubia, por el STJ; el senador Daniel Olano y la diputada Ester González, por la Legislatura; y Jorge Campos y Roberto Beherán, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos.
La Asamblea Participativa de Mujeres, que hizo una de las ocho presentaciones contra el juez Rossi, pidió como testigos de parte a Enrique Stola y Rita Segato; también estará como testigo Yamila Rubio.
El juez Rossi pidió como testigos a Lisandro Beheran, fiscal coordinador de Gualeguaychú; Alejandrina Herrero, defensora de Pobres y Menores; Pablo Ronconi, defensor de Menores; Pablo Ledesma, exdefensor de Pobres y Menores, todos de Gualeguaychú; Gisela Wagner, directora del Patronato de Liberados de Entre Ríos; Mariela Brondani, miembro del Patronato de Liberados; Hugo Splendore, integrante del Servicio Penitenciario de Entre Ríos; José Luis Mondragón, exdirector del Servicio Penitenciario; y Mario Juliano, juez Penal de Nocochea, provincia de Buenos Aires.
El 5 de febrero de 2018, García emitió dictamen, aunque no acusó a Rossi, y se amparó en el andamiaje legal vigente para sostener que no está obligado a acusar.
El magistrado tiene ocho denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de una decisión polémica: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. Si Wagner seguía en prisión recién iba a salir a las calles el 16 de julio de 2018.
El 1° de abril de 2017, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. El caso conmocionó al país, y sobre todo al movimiento de mujeres que se movilizó bajo la consigna #NiUnaMenos. En Entre Ríos, el rostro del juez fue parte de las pancartas que se exhibieron en el Poder Judicial, junto al rótulo de “cómplice”. El 17 de octubre pasado, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”. Su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.
El Jurado de Enjuiciamiento que votó abrir un proceso contra el juez Rossi no tuvo una postura unánime sino que hubo disidencias. Uno de los que se mostró en contra fue el presidente del Jurado, Daniel Omar Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien opinó que la decisión de Rossi fue coherente y fundamentada.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.