Un total de 30 miembros de la Iglesia deberán desfilar por los Tribunales a partir del próximo 13 de noviembre, cuando se inicie el juicio por abusos a menores que se sigue al cura Justo José Ilarraz.

La disposición judicial, que está fechada el 7 de julio pero que recién se conoció este lunes 31 de julio, indica que el Tribunal especialmente conformado con magistrados de distintas jurisdicciones –Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay– resolvió que los debates en el juicio oral serán del 13 al 15, del 21 al 24, del 27 al 30 de noviembre, y del 1° al 5 de diciembre. Las audiencias tendrán lugar todos esos días, a partir de las 9, en el salón Nº 1 del edificio de Tribunales de Paraná.

La decisión se adoptó luego de dar por finalizada la instrucción suplementaria. En la misma se requirió al Arzobispado de Paraná “la urgente remisión” del legajo personal de Ilarraz.

Lo relevante de la resolución judicial que es que sobre un número total de más de 75 testigos, 30 son miembros del clero, entre ellos las tres últimas cabezas de la Iglesia Católica de Paraná: Estanislao Karlic, Mario Luis Bautista Maulión y Juan Alberto Puiggari. También, el secretario privado de Puiggari, Mario Gervasoni; el canciller de la curia, el comisario general Hernán Quijano Guesalaga, y, notorio error, también se cita como testigo a un muerto: el exrector del Seminario, Cecilio Paul, fallecido a principios de mes.

Toda la cúpula eclesiástica supo, de un modo o de otro, de los abusos del cura Ilarraz, que entre 1985 y 1993 fue prefecto de disciplina en el Seminario.

Pasos

El 5 de julio de 1995, el hoy cardenal Karlic firmó un decreto por el que encomendó al abogado sacerdote Silvio Fariña Vaccarezza, ahora párroco de la Iglesia Catedral, “la realización de una investigación cautelosa” sobre Ilarraz a partir de las sospechas de que hubiese cometido “delitos graves” mientras integró el equipo de superiores del Seminario Arquidiocesano.

Lo hizo con una recomendación: que una vez concluida la investigación, que debía ser hecha “con el mayor sigilo”, y resuelto cómo actuar sobre Ilarraz, todas las actuaciones se guardasen “en el archivo secreto” de la Curia.

Concluido ese proceso interno, Karlic firmó el 18 de diciembre de 1996 un decreto sin numerar por el que prohibió al cura “venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas”.

 

 

Un punto central de la averiguación apunta a conocer cómo fue que se llevó adelante la investigación diocesana que ordenó realizar Karlic a mediados de la década de 1990, cuando supo de los abusos en el Seminario: qué se hizo, quién lo hizo, cómo se investigó, qué fin tuvieron esas actuaciones internas de la Iglesia, y qué medidas se adoptaron ante los hechos, si dieron intervención a los padres de las víctimas menores, si le dieron contención de algún tipo, si se puso en conocimiento a Maulión de los hechos al dejar el gobierno Karlic, si se entrevistaron con las víctimas.

Maulión asumió el gobierno de la diócesis el 9 de julio de 2003 y se mantuvo en el cargo hasta que alcanzó la edad límite para el servicio activo, los 75 años. El 4 de noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI aceptó su dimisión, y designó en su reemplazo al entonces obispo de Mar del Plata, Juan Alberto Puiggari, que tomó posesión de su nueva función el 7 de marzo de 2011.

Por distintos caminos, uno y otro supieron de aquellos abusos denunciados por jóvenes que, en sus testimonios ante la Justicia, acusaron al prefecto de disciplina del Seminario Menor entre 1985 y 1993, Justo José Ilarraz, por haber abusado de ellos mientras eran adolescentes que cursaban el secundario en calidad de pupilos.

Cuando ocurrieron los hechos, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer años, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.

Maulión supo de todo aquello a partir del testimonio de las víctimas, en sucesivos encuentros que mantuvo, y en esas reuniones confesó que nada sabía por boca de miembros de la Curia. De todos modos, fue Maulión quien firmó, en febrero de 2004, a poco de asumir la conducción de la diócesis, la autorización para que Ilarraz se radicara en Monteros, Tucumán.

La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz, era el actual párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban el ya fallecido cura Andrés Emilio Senger, y el arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el ahora canciller de la Curia, Hernán Quijano Guesalaga.

En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza, también designado oficial de justicia, y encargado de llevar adelante, en 1995, la investigación diocesana que encomendó Karlic después de escuchar a las víctimas de los abusos.

De acuerdo a lo que se sabe, el caso estalló cuando una de las víctimas, que ya declaró en la Justicia, le comentó los pormenores de los abusos del cura Ilarraz a un bedel de ese momento, el actual sacerdote Pedro Barzán, ahora residente en Italia a partir de un permiso que le otorgaron en 2008. Barzán se lo comunica a su inmediato, Puiggari, y éste toma la decisión de poner en alerta al arzobispo Karlic.

También la resolución judicial cita erróneamente al exvicario general de la diócesis, el anciano Silvestre Cecilio Paul, pero ya falleció.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.