La Iglesia de Paraná nunca puso atención a un documento clave que alertó, en 2010, sobre los abusos del cura Justo José Ilarraz, quien desde el 16 de abril próximo estará sentado en el banquillo, en el comienzo del juicio oral en el marco de la causa penal abierta en 2012 y que acumula siete denuncias por abusos y corrupción de menores.

Los hechos ocurrieron, según el relato de las víctimas en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde Ilarraz fue prefecto de disciplina y direcctor espiritual entre los años 1985 y 1993. Tenía bajo su responsabilidad a un grupo de adolescentes que cursaban la escuela secundaria que funciona en el lugar -el denominado Seminario Menor-, y que permanecían como internados. De ese grupo, surgieron las denuncias por abusos.

Dos años antes de que estallara públicamente el caso del cura Ilarraz -en 2012, por la publicación de la revista «Análisis»-, en septiembre de 2010 un grupo de ocho sacerdotes le hizo conocer al arzobispo de entonces, el hoy emérito Mario Luis Bautista Maulión, la “gran preocupación” que generaban los comentarios acerca de la existencia de casos de abuso de menores por parte de sacerdotes.

Pero se centraron en uno: el caso del cura Ilarraz, y por dos motivos. Primero, porque Ilarraz continuó ejerciendo el sacerdocio a pesar de la investigación que hubo en 1995 a partir del testimonio recogido de las víctimas de sus abusos, sin que siquiera se le hubiera aplicado una sanción canónica o se haya llevado su caso a la Justicia. A Ilarraz lo mandó a investigar el ahora cardenal Estanislao Karlic en 1995, y tras una instrucción sumarísima, en 1996, le aplicó la sanción del destierro y le prohibió volver a Paraná.

Fue así que Ilarraz se mudó a Tucumán, y allá siguió siendo cura hasta 2012, cuando fue suspendido, medida que todavía se mantiene.

Aquella carta dirigida a Maulión fue firmada por grupo de sacerdotes del denominado decanato III –que incluye las parroquias Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San José Obrero, San Francisco de Borja, San Benito Abad, Santa Ana (de Aldea María Luisa), Inmaculada Concepción (de Villa Urquiza), Santa Lucía, Jesús Maestro y Señor de la Humanidad (de Oro Verde), Nuestra Señora de Pompeya y Santo Domingo Savio– , que se mostraron perplejos por el silencio de las autoridades eclesiásticas que, dijeron, podría ser interpretado por los fieles como un acto de “encubrimiento”.

Aquella carta no llegó sólo a las manos de Maulión, sino a la de quienes integraban entonces su consejo presbiteral, una especie de consejo de ministros que componen los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

En 2007, Maulión reformó los estatutos de ese consejo –la última modificación había sido aprobada en diciembre de 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic– y fijó como función esencial la de “ayudar eficazmente con sus consejos al arzobispo en el gobierno de la Arquidiócesis”.

En una reunión posterior a la presentación de aquella nota, el consejo presbiteral trató la preocupación de ese grupo de sacerdotes. Pero a no ser por los gestos y las palabras de acompañamiento, no hubo ninguna otra medida: no se actuó en función del tenor del escrito.

El 15 de septiembre de 2010 ese grupo de ocho sacerdotes, pertenecientes al decanato III de la diócesis de Paraná –la jurisdicción de la diócesis de Paraná, que comprende los departamentos Diamante, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, y los distritos Achiras, Banderas y Sauce de Luna del departamento Federal, se divide en 9 decanatos– trató por primera vez el caso Ilarraz.

Volvieron sobre el asunto en una reunión extraordinaria, el jueves 23 de ese mes, y entonces se acordó transcribir en una carta esa preocupación y presentársela a las autoridades eclesiásticas.
Allí, pusieron de manifiesto la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná.

Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.
Nadie hizo nada.

 

El texto

«Paraná, septiembre de 2010
A Monseñor Mario Maulión y su Consejo presbiteral

Los sacerdotes del Decanato III nos hemos reunido en nuestro encuentro mensual el pasado miércoles 15 del mes en curso. Y vuelto a reunir extraordinariamente el pasado jueves 23 del corriente.

Uno de los temas abordados con gran preocupación en estas reuniones de Decanato es el relativo a lo abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio. Sobre todo nos preocupa la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias, el del p. Justo Ilarraz, quien fuera formador en el Seminario menor a principios de la década del 90.

Nuestra preocupación es doble por un lado, el hecho de que el p. Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio sacerdotal, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica ni haya sido convenientemente investigado y juzgado por la autoridad civil. Es un hecho que quien padece de pedofilia puede cambiar solo con mucha dificultad. En todo caso, es una imprudencia y así lo confirma la praxis actual de la Iglesia que siga ejerciendo el ministerio y estando en contacto con fieles con los cuales puede volver a ocurrir lo mismo que aquí en Paraná.

Recordamos las profundas afirmaciones de Benedicto XVI en su viaje a EE UU, «no hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa, para quienes dañan a los jóvenes”.

Por otra parte, nos preocupa el hecho de que el silencio de las autoridades eclesiásticas sea interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad. Creemos que tarde o temprano el caso va a salir a la luz y tememos por el impacto negativo que pudiera tener para la fe de nuestros creyentes y la confianza que depositan en nosotros. Nos parece que prolongar este silencio, a la larga, puede dañar mucho más la imagen de la Iglesia en Paraná, que reconocer los sucesos y nuestra parte de responsabilidad en los mismos.

Creemos que es necesario entonces una acción que con toda claridad ponga de manifiesto nuestra profunda aversión a lo sucedido, nuestra disponibilidad a que se lleven a cabo las acciones legales pertinentes, tal como ha pedido el Santo Padre: ‘Los responsables de estos males deben ser llevados ante la Justicia’, y nuestro sincero empeño en que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más.

Sin otro particular, y deseando que el Señor ilumine a quienes tienen la delicada tarea de decidir lo mejor para la Gloria de Dios y la Salvación de las almas, nos despedimos implorando la protección de Nuestra Señora del Rosario.»

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.