María Eleonora Murga, la exjueza de Familia de Diamante que el 1º de octubre de 2013 autorizó la vinculación entre la pareja de abogados conformada por Martín Navarro y Viviana Almada y dos hermanitos alojados en un hogar de menores, vinculación que a principios de este mes fue interrumpida por orden judicial tras la presunción de la existencia de violencia, está a punto de ser confirmada como titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná.

El decreto acaba de ser firmado por el Poder Ejecutivo, confirmó una fuente del Gobierno.
Murga había asumido en septiembre de 2012 en el Juzgado de Diamante, pero el 2 de diciembre de 2015, por un acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue designada al frente de uno de los Juzgados de Familia de Paraná. Murga fue, antes, funcionaria del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Junto a Murga, también fue nombrado otro exfuncionarios del Copnaf, Daniel Cottonaro, a cargo del Juzgado de Familia Nº 4, y fue dispuesto a través del acuerdo general Nº 31 del STJ.
La titular del STJ, Claudia Mizawak, destacó entonces: “Quisimos dar una repuesta, acompañada de la especialidad, que fue uno de los valores que el Tribunal tuvo en cuenta muy particularmente al momento de tomar la decisión de la cobertura de estas vacantes, hasta que el procedimiento constitucional culmine y podamos en esa oportunidad poner en funciones a quien haya resultado seleccionado. Creemos, por la información existente, que eso también se va producir prontamente, lo que le hace muy bien al Poder Judicial porque culmina y perfecciona el modo de designación de los magistrados en sus cargos previsto por la Constitución de Entre Ríos”.
No fue prontamente. Tardó casi un año el Senado en darle acuerdo constitucional a la jueza Murga. El 30 de noviembre último, el Senado prestó acuerdo para que Murga asuma el Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná.
Dos días después, empezó el escándalo que salpicó a la jueza Murga, y que involucró a los abogados Navarro y Almada. Uno de los nenes que la jueza había entregado en guarda preadoptiva fue encontrado solo, adentro de una camioneta. El chico, de 12 años, había permanecido allí entre las 7 y las 11. Navarro, que entonces se desempeñaba como asesor legal de la Defensoría del Pueblo de Paraná, contó que lo había llevado consigo al trabajo, pero como el chico tenía sueño, lo dejó ahí, durmiendo, y siguió con su rutina.
Pero los empleados de una repartición municipal que advirtieron la situación –un nene sin compañía de un adulto, por horas— juzgaron que el hecho era inusual, al menos, y dieron parte al 911 y al teléfono 102, la guardia del Copnaf. El nene fue entrevistado por técnicos del organismo, y entonces se presumió lo peor: que era víctima de maltrato. Lo que siguió fue la intervención de la defensora Lorena Calí, que presentó una denuncia penal contra los abogados. La Justicia, entonces, dictó una medida de restricción para el matrimonio por 90 días, con prohibición de acercarse a los niños.
Entonces, los dos hermanos, que habían abandonado un hogar de menores con la esperanza de ir a dar con una familia adoptiva, tuvieron el destino más triste: fueron con una mujer que los acogió temporalmente por tres días; después, con una familia guardadora, por una semana, pero como la convivencia no resultó, fueron derivados a un hogar de menores de Concordia, adonde ahora están.
El defensor general Maximiliano Benítez dice ahora, con el diario del lunes, que nada de todo eso debió ocurrir: que la jueza Murga, que primero intervino en la guarda preadoptiva, no debió entregar a esos niños al matrimonio de abogados, que había informes que desaconsejaban la vinculación que autorizó en 2013.
“El período de vinculación empezó el 1º de octubre de 2013, y la guarda preadoptiva, se inició el 11 de diciembre de 2014. En el medio, en febrero de 2014, ya la gente del Registro de Adoptantes y el equipo técnico del Juzgado de Diamante, en conjunto con el Ministerio Pupilar, habían dicho que no era apto esto, y se sugería que cese la vinculación”, recordó Benítez.
Murga desatendió esas recomendaciones.
La jueza Murga nunca quiso responder públicamente por ese asunto. El martes llamó para acordar una entrevista y “contar algunas cosas que no se dicen”. Después canceló el encuentro con el argumento poco creíble de que habían surgido audiencias por un caso de violencia. “La doctora después lo llama”, avisó la persona que anunció la cancelación de la entrevista. Murga jamás volvió a comunicarse.
Sobre el final de la semana, se supo que el Poder Ejecutivo había concluido el trámite de designación de Murga como jueza titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná, y lo seguro es que este martes, en el acuerdo general del STJ, se confirme la designación provisoria que se hizo un año atrás. Primero el acuerdo del Senado, después el decreto del Ejecutivo, y al final el nombramiento definitivo de la Justicia.
Los hermanitos cuyo destino estuvo en manos de la magistrada ya no tienen parte en esta historia. Fueron a parar a un hogar de menores de Concordia.
Para ellos, la historia tuvo un final así.