El camino que siguió la administración del gobernador Gustavo Bordet de encauzar el conflicto docente a través de la Justicia no es nuevo.

El exgobernador Sergio Urribarri consiguió, en 2015, que la jueza Laboral Gladys Pinto acogiera favorablemente un pedido de conciliación obligatoria y frenara las huelgas docentes en la provincia.

La decisión fue adoptada a finales de febrero de 2015 por la magistrada. Pinto dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 20 días hábiles.

En la resolución, Pinto sostuvo que esa medida “no significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias”.

“Entendemos que corresponde a las Asociaciones Gremiales y Sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad”, fijó en su decisión la jueza Pinto.

“La Justicia considera la enseñanza no como un servicio público, sino como un servicio social” y es en ese marco asume que es “una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables” y menciona la “desigualdad” que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas.

“El ejercicio de un derecho no puede ir en desmedro de otro”, afirma y pide la “cuidadosa ponderación de los derechos en juego”.

La medida judicial buscó desactivar el paro docente, y lo consiguió.

El 2 de marzo de 2015, un congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reunido en Diamante aceptó, a regañadientes, acatar la conciliación obligatoria, y levantó las cinco jornadas de huelgas que había votado para el inicio del ciclo lectivo de ese año.
Entonces, la decisión de acatar la conciliación se impuso por 54 votos a 52 de la oposición Rojo y Negra.

El conflicto se había disparado el jueves 26 de febrero, cuando el congreso provincial de Agmer, reunido en Urdinarrain, había dispuesto aplicar un durísimo plan de lucha, con cinco días de paro al inicio del ciclo lectivo 2015. El encono se había producido ante la negativa del Gobierno de aceptar los planteos docentes: el gremio pidió un piso de recomposición del 35%, y el Ejecutivo ofreció mejoras promedio del 30%.

Ahora, otro juez Laboral, José Antonio Reviriego, tiene la llave para destrabar el conflicto docente. ¿Logrará desactivar los dos días de huelga ya votados para la próxima semana?

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.