El diputado provincial y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, fue citado a declaración indagatoria para el 23 del actual en el marco de la causa por enriquecimiento y negociaciones incompatibles con la función pública que llevan adelante tres fiscales de la provincia: Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Aramberry.
Aunque este viernes, a las 10, deberá concurrir a Tribunales casi toda su familia para un trámite por el que pasa cualquier hijo de vecino: entintarse los dedos, dejar sus huellas en un registro judicial y designar abogado defensor. Entre ellos, la arquitecta Adriana Satler, quien además es funcionaria del Ministerio de Salud, designada por el ministro Ariel de la Rosa, un hombre salido del riñón de la UPCN.
Allende es un hombre que se mueve con mucha soltura en el terreno político y también en el gremio.
En 2015 resultó electo por otro período para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, su quinto mandato como legislador provincial. Así, en 20191 cumplirá 20 años ocupando una banca en la Cámara Baja. Llegó por primera vez en 1999. Mientras, en la UPCN está desde 1998 como secretario general, puesto en el que fue ratificado en 2014 y hasta 2018.
Ahora, está a punto de ahorrarse dolores de cabeza en la Justicia, que empezó a investigarlo en 2012, aunque con mucha paciencia.
El legislador podría beneficiarse con un juicio abreviado.
Este viernes 10, informó el sitio “Análisis Digital”, sus familiares directos tendrán que presentarse a Tribunales para designar abogados defensores, en la misma causa, imputados como “cómplice necesario” en los delitos de corrupción del actual legislador. En días posteriores a ello se produciría la posibilidad de un juicio abreviado -tal como lo viene trabajando el abogado del acusado, Marcos Rodríguez Allende-, con reconocimiento de culpabilidad, prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, renuncia a la banca y entrega de parte del patrimonio al Estado.
En la Justicia, buscan trabarle la posibilidad de venta de bienes del legislador, porque habrían detectado algunos movimientos. Uno de esos movimientos tiene que ver con el trámite jubilatorio que el legislador provincial habría iniciado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el 26 de diciembre, de acuerdo a “Análisis Digital”.
Durante todo este mes, los Allende estarán ocupados con trámites judiciales.
Su actual esposa, la arquitecta Adriana Satler; su primera mujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende, tendrán que concurrir a Tribunales, nombrar abogado defensor y deberán pasar por el trámite del “pintado de dedos” que se establece para todo imputado en una causa. Los cinco están imputados por la justicia de “cómplice necesario”, como coletazo de la investigación por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública que pesa sobre el diputado nogoyaense.
Mientras tanto, el jueves 23 del corriente, será el turno de Allende. Acompañado por su abogado y sobrino, Marcos Rodríguez Allende, tendrá que comparecer ante los fiscales Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Aramberry, para declarar en instancia indagatoria sobre las imputaciones que pesan sobre sus espaldas.
Recién después de ese trámite, su abogado seguramente avanzará, para cumplimentar la posibilidad de un juicio abreviado. Rodríguez Allende viene analizando desde diciembre del año pasado la necesidad de un acuerdo, con reconocimiento de culpas. Hubo reuniones con alguno de los fiscales, como así también con el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García.
Los caminos serían: una pena de prisión condicional para el cuestionado legislador, la renuncia a la banca en Diputados, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la expropiación de algunos de sus bienes millonarios, valuados en más de 40 millones de pesos. Todo ello propone Allende, pero, a cambio, exige que se levanten las imputaciones sobre su actual esposa, su ex mujer y los tres hijos con el apellido de Allende: Julio, Victoria y Carolina. Dos de ellos tienen participación accionaria en varias de las empresas que conduce el diputado oficialista.

Adriana Satler está complicada en los «negocios incompatibles» de su esposo puesto que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales de la Cámara de Diputados, que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011. El cálculo indica 1.440.000 pesos en ese período.

La Justicia estudia también la posibilidad de trabarle libertad de movimientos de sus bienes lo que, erróneamente, aún no se concretó. Al parecer, se habrían detectado algunas operaciones inmobiliarias del legislador, precisamente para desprenderse de parte de su patrimonio antes de que se lo embarguen o bien que lo exijan como parte de la negociación con el Estado, para lograr su expropiación.
Desde la Justicia se le exigiría la entrega de la fastuosa mansión de calle Castelli, en pleno Parque Urquiza -ideada y realizada por su esposa Satler-, pero Allende no estaría dispuesto a entregar tal bien, valuado en 750 mil dólares. Así también, el departamento que tiene el legislador en Puerto Madero (de 530 mil dólares), de similares características al del ex fiscal fallecido, Alberto Nissman.

Mientras, Allende ya inició sus trámites jubilatorios en el organismo previsional de Entre Ríos. El expediente tiene fecha 26 de diciembre, según figura en la base de datos de la Caja de Jubilaciones. Si bien Allende cumplió 60 años el pasado 29 de enero, tiene 38 años de servicio, con actividad laboral en Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos. Al pasar los 30 años de aportes, el organismo lo puede compensar y así calzar su jubilación, pese a que no cumplió aún los 62. Queda muy claro que el diputado renunciará a su banca -tal como lo anticipó este medio- y desde mayo podrá contar con su jubilación ordinaria.