Cuatro diputados provinciales, tres de Cambiemos, uno del Frente para la Victoria, le pidieron al gobernador Gustavo Bordet que anule el protocolo de actuación en casos de abortos no punibles, un documento que está a tono con el que rige en la Nación y que a su vez responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 2012.
Los diputados Joaquín La Madrid, Martín Anguiano y María Alejandra Viola, de Cambiemos, y Gustavo Guzmán, del Frente para la Victoria, quien su vez es presidente de la Departamental Paraná del Partido Justicialista, se sumaron a un colectivo en el que confluyen el Foro de la Familia, la Asociación de Pastores Evangélicos, la Red de Familias Entrerrianas, y, entre otros, el Movimiento de Encuentro Matrimonial, y pidieron que el Gobierno dé de baja el protocolo de aborto no punible.
Entre las argumentaciones, citan textos bíblicos.
“Leemos en las Sagradas Escrituras las siguientes enseñanzas: ´Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado´”, dicen a modo de justificación de su pedido.
Los legisladores y los grupos antiaborto le piden al Gobernador “que escuche la voz de su pueblo que se ha manifestado en las más de 16.800 firmas de entrerrianos, que han querido darle voz a quienes no pueden ser escuchados, pidiendo que no les arrebate el derecho principal e inalienable que es el derecho a la vida, y que de forma pacífica y espontánea han firmado un petitorio que será presentado oportunamente en la Secretaría de Gobierno, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, según el texto de la solicitada que se publica hoy.
En una posición política individual de los legisladores –que no responden así a sus respectivos bloques—señalan “con profunda pena” que a través de la resolución del Ministerio de Salud N° 2.883/17, dictada en agosto último por la ministra Sonia Velázquez, “muchos niños por nacer encontrarán la muerte y no la vida en un hospital público de nuestro territorio. ¿Hace falta Sr Gobernador recordar que dentro del vientre materno se gesta una vida humana, que depende enteramente del cuidado de su madre en primer lugar y de la sociedad entera después, para poder nacer?”-
En un tono inusualmente escandaloso en un texto firmado por legisladores y dirigido al titular del Ejecutivo, la solicitada señala que “confiamos Sr Gobernador que usted quiere el bien de su pueblo y estamos seguros de que no quiere cargar con esas muertes en su conciencia”.
La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, y designada por Bordet para ocupar la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia a partir de diciembre próximo, dijo que el protocolo que dictó Entre Ríos “no hace más que acatar lo que falló la Corte. La provincia estaba incumpliendo ese fallo de la Corte, y por ende con el protocolo que rige a nivel nacional. Con este nuevo protocolo, nos ajustamos a derecho”.
“La Provincia no hizo nada que no esté ya establecido. La Corte estableció un protocolo determinado, para que el Ejecutivo nacional cumpla, que a su vez lo deben cumplir las provincias. Nuestra provincia estaba en falta”, señaló. “Esto no implica estar a favor del aborto. Implica ajustarse a derecho. Independientemente de la opinión que tengamos respecto del tema, no podemos hacer cualquier cosa. Hay que ajustarse al fallo. Es erróneo el planteo que hacen en la solicitada. Acá no está justificando el aborto; tampoco legalizándolo. Se está cumpliendo con un fallo de la Corte”, señaló.
Primeros pasos
Salud ya había empezado a trabajar en 2013, cuando era ministro Ariel de la Rosa, en una readecuación del protocolo de aborto no punible.
En 2012, la Corte falló en el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”, y aclaró el contenido del artículo 86º del Código Penal que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer. Y dejó en claro que no se necesita ningún recurso judicial para hacer cumplir la ley.
La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud. Entre Ríos redactó su propio protocolo, que cumple en parte con aquel mandato judicial.
Entre Ríos estuvo a punto de dar marcha atrás con esa jurisprudencia luego de que la comisión de salud del Senado diera visto bueno a un proyecto del senador (mandato cumplido) César Melchiori, que pretendió “prohibir” el aborto en la provincia. Finalmente, y tras el reclamo de organizaciones feministas, el proyecto se mandó al archivo.
La Corte fijó algunos parámetros, y Entre Ríos estableció su propio protocolo:
“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
La definición está contenida en la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, que aprobó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de una resolución firmada por el exministro Hugo Cettour en 2012, que ahora quedó sin efecto.
Distintas organizadores plantearon la necesidad de que la provincia adhiera, sin ambages, a los lineamientos que había fijado la Corte, y eso ocurrió finalmente en agosto pasado, cuando Salud dictó la resolución N° 2.883, que ahora cuatro diputados de la Provincia pretenden que se deje sin efecto, sin interesarse de lo que plantea el fallo de la Suprema Corte, de 2012.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.